La Provincia con emergencia económica y administrativa, pero para el empresario investigado por corrupción en la obra pública los tramites si prosperan

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Si bien desde la cúpula provincial no quieren dar a conocer la cifra, se presume que es millonario el beneficio otorgado al polémico privado en un expediente por “Reconocimiento y pago de diferencia” logrado a pesar de la suspensión de plazos.

Sin dudas la supresión de plazos administrativos dispuesta por el Gobierno provincial en marzo cuando decreto la emergencia sanitaria y que viene siendo prorrogada desde entonces, salvo durante muy breves periodo de días, es, como se dice en la jerga juvenil, “para la gilada”.

Al menos eso surge de documentos oficiales. Este jueves, el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, con su ya habitual diley, publicó la gacetilla de actos de gobierno del pasado martes 8 de septiembre.

El documento público contiene una muy llamativa curiosidad, en plena pandemia, con los plazos administrativos suspendidos, esto es, con la generalidad de los trámites paralizados, y con una ley vigente hace dos meses que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa, un trámite puntual iniciado y con beneficio exclusivo de uno de los privados megamillonarios de la provincia, si prospera.

Con la firma del gobernador Gustavo Eduardo Bordet y el ministro de planeamiento, Raúl Marcelo Richard, se le hizo lugar a un reclamo incoado por la firma  “Caballi S.A. – Aldeco S.A. Viano Constructora S.R.L. – 300 Viviendas Techo Digno Paraná – Unión Transitoria de Empresas”, por el “reconocimiento y pago de diferencia por cambio en el porcentaje de alícuota ingresos brutos” a los mismos.

El trámite fue iniciado por el titular de Caballi S.A., el empresario investigado por corrupción con la obra pública, Miguel Marizza.

La cuestión para nada es menor, el privado mencionado es objeto de una frondosa causa penal en donde se expone un beneficio en su favor de 11.722.585 pesos otorgados por el Gobierno allá por el 2014 por horas y servicios con motivo de la Cumbre del Mercosur.

11 millones y pico de pesos que, a conversión dólar, representó, según la Fiscalía, un daño al Estado de 1.395.545,833 dólares, a la fecha unos 185 mil pesos, cifra sumamente sideral que hoy más que nunca debería haber sido destinada al colapsado sistema sanitario entrerriano.

Lo gravoso de la situación, que habla a las claras de cómo el Gobierno continua en su afán de beneficiar a ciertos sectores ligados estrechamente al poder por amistades o sociedades, es que este reconocimiento y pago de dinero otorgado resuelto por Bordet y Richard se produce cuando la mayoría de los trámites administrativos, incluso los urgentes, están totalmente paralizados.

Para poner un breve ejemplo, en la actualidad existen cientos de expedientes en la Caja de Jubilaciones de la provincia por pensiones y jubilaciones totalmente estancadas y que fueron iniciadas a fines del año pasado, es decir, no hace dos meses cuando se dispuso la emergencia también en materia previsional.

Otro ejemplo de cuestiones elementales que no están siendo contestadas por la Administración son los pedidos de autorizaciones médicas, medicamentos y tratamientos que pacientes con riesgo de vida han iniciado en el IOSPER, los que o bien, tienen una respuesta negativa, o bien, nunca responden, obligando a los afiliados a recurrir a la justicia mediante amparos.

De los listados mensuales de la Mesa Única de Información del Poder Judicial surge esta penosa realidad.

Sin embargo para el magnate, para el Gobierno tiene prioridad, y esta es tal que hasta intiman al IAPV, organismo que demoró su trámite, para que en el plazo de 10 días dicte el acto administrativo para efectivizar el pago.

Respecto del monto implícito en el expediente de Marizza que tanta premura, urgencia y prioridad le imprimió la Administración Bordet, lógicamente, el Gobierno no quiso dar a conocer el mismo.

Más allá de esto se presume una cifra extremadamente alta que se afrontaran con los escasos recursos provinciales.

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