El juez Flores no hizo lugar al desalojo y se dispararon fuertes versiones de injerencia del Gobierno provincial

A pesar de las constancias, el magistrado que ya tenía una decisión tomada, la modificó resolviendo la cautelar en favor de los ocupantes del predio

El conflicto es grave, no importa la posición que se adopte respecto a sus partes, más aun cuando todos los medios de prensa nacionales están mirando a la ciudad de Santa Elena.

Desde este jueves en horas muy tempranas comenzó a circular la fuerte versión de que el juez Raúl Flores, conforme a la contundencia de la documental presentada por “Las Margaritas S.A.”, se había inclinado por el desalojo.

La versión empezó a desdibujarse, como generalmente sucede, con las dilaciones planteadas por el magistrado para comunicar su resolución.

Finalmente, este viernes se conoce que otra fue su postura respecto de la medida cautelar pedida por la fiscalía y por la querella, inclinándose por no hacer lugar al desalojo del predio.

Una causa con ribetes políticos bien marcados, por un lado, funcionarios nacionales instando a la ocupación y sosteniéndola en argumentos legales, por el otro, una sociedad anónima que, al reconocerse como la única legitima propietaria, instaba el desalojo entendiendo que existía el delito de usurpación, cuestión que fue acompañada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa.

Adoptando una posición sumamente híbrida apareció el Gobierno de Gustavo Bordet, quien, a esta altura está claro, quiso quedar bien tanto con aquellos sectores del gobierno nacional como con los productores rurales.

Aunque, sí presionó, al menos esto surgió a partir de que comenzaron a presentarse las dilaciones en la resolución.

La primera señal, a juicio de los entendedores de política y justicia, del ejercicio de la influencia hacia otro poder lo representó la exclusión planteada por el juez natural que le correspondía a la causa, el Dr. Walter Carballlo.

El magistrado, curiosamente, eligió acogerse a los beneficios de una licencia ordinaria que aún se adeudaba, comunicando dicha situación y, consecuentemente, que no estaría disponible para el desarrollo de ala causa.

En ciertos círculos judiciales y políticos, este accionar fue visto, como se dice en la jerga, “no querer quedar pegado” con el escándalo, no solo de manera personal, sino también con respecto al sector del que proviene el magistrado.

Carballo viene de una participación activa en el sector de la ministra Rosario Romero y José Carlos Halle, hasta no hace mucho, era un férreo militante de dicho espacio, su apartamiento en la trascedente causa, tendría como corolario que la titular de la cartera no sea vista por la prensa como la autora de cualquiera de las dos resoluciones posibles respecto de la cautelar.

Y es que si se fallaba a favor del desalojo, las relaciones con aquellos sectores nacionales que instaron la ocupación se romperían totalmente, y, al pertenecer los mismos al Gobierno Nacional, en consonancia también estos vínculos, que vienen maltrechos, quedarían perjudicados.

Si se fallaba en contra del desalojo, estas conexiones se fortalecerían, aunque, se romperían aquellas que el Gobierno mantiene con el campo, del cual viene ciertamente dependiendo económica y políticamente.

Fue así que, por subrogancia, “cayó” en la causa el Dr. Flores, proveniente del otro fuero, el de familia, al cual, según indican fuertes trascendidos se lo presionó.

Primero con las dilaciones, había que dilatar la cuestión en el tiempo con la esperanza de que el escandalo comience a menguar, esta, se insiste.

Ahora se habla de cierta influencia para la modificación de la resolución, ya que este jueves, según accedió este PORTAL de confiables fuentes paceñas, la postura, por las contundentes pruebas, era el desalojo.

Se insiste, ambos son trascendidos.

La noticia, esta última, del desaojo, llamativamente fue bien vista en la generalidad social que había tomado partido mayoritariamente entendiendo que los hechos e trataba de una usurpación.

Los ciudadanos, a manera de sondeo, en gran parte, no están de acuerdo con las ocupaciones a los privados, en cambio, y se vio en muchos comentarios de las redes sociales, optaban y exigían a aquellos que necesitan inmuebles para desarrollarse que tomen las tierras de aqueos dirigentes políticos acusados de delitos de corrupción.

Una especie de compensación, con la idea de “si se la llevaron del estado, es decir, de todos los ciudadanos, y no la devuelven, porque no mejor tomar sus inmuebles”.

Más allá de esta postura asumida en las redes sociales, lo cierto y concreto, y oficial, es que finalmente -y tras las versiones- el juez Flores terminó inclinándose por el no desalojo del predio Etchevehere.