Culebrón Etchevehere: El disparatado juez Flores y las contradicciones de la fiscal

La dirigencia del PJ entrerriano huye, la constante, dos causas penales distintas, un mismo juez, la misma fiscal y posiciones contradictorias entre ellas, es el resumen de este escándalo nacional.

Desde el fin de semana pasado la provincia de Entre Ríos es vista por todo el país por el escándalo protagonizado por los Etchevehere, un conflicto familiar de larga data que explotó con la entrega de una de sus propiedades al Proyecto Artigas.

El condimento especial, y de ahí el interés público, lo aportó la política nacional, una familia dividida en dos, con sectores bien definidos del poder, un sector del Gobierno Nacional detrás de Dolores Etchevehere y un sector de la oposición acompañando al resto de los integrantes.

Se esperaba que ante tan trascendente cuestión el Gobierno Provincial conducido por Gustavo Bordet, ya que los hechos transcurren en el territorio entrerriano, tomé partido.

No lo hizo, se eligió la tibiez, lo hibrido, y es que Bordet no se puede pelear ni con los funcionarios nacionales, ni con los ruralistas, la postura de la gestión, no sorprendió a nadie.

El PJ entrerriano en general viene mostrando que ante cualquier conflicto, huye. El abandono del barco, como se dice en la jerga, es la constante de la dirigencia justicialista.

Una muestra puntual en este conflicto familiar también la aportó el juez natural que le correspondía a la causa, el Dr. Walter Carballo.

El pasado 22 fue él, indicaron a este PORTAL, quien estaba asignado para intervenir en las denuncias penales, tanto de usurpación como de violencia de género, la primera presentada por el grupo mayoritario familiar, la segunda por Dolores, en ese mismo momento, el magistrado, prefirió no ser parte, no meterse, acogiéndose a unas vacaciones que se le adeudaba.

El juez Carballo, como la mayoría de los magistrados y funcionarios con asiento en La Paz, pertenece a un sector político del gobierno bien nítido, el de la ministra Rosario Romero y el funcionario del EPRE, José Carlos Halle.

Caraballo fue el segundo al mando en la época en que Halle fue secretario de justicia, recordándose aun sus actuaciones en el la desaparición de Fernanda Aguirre, uno de los hechos más graves de la historia de la Provincia.

En la militancia peronista de Paraná lo recuerdan muy bien, por su pertenencia y militancia activa para sus jefes políticos.

En las causas del escándalo, algunos dicen mandado, prefirió no intervenir, tomándose unas vacaciones, demostrando la constante de la dirigencia justicialista entrerriana, la huida.

Al ser el único juez paceño con competencia penal, tuvo que asignarse otro, cayendo quien estaba disponible, un juez de familia.

Algunos pensaran qué mejor que un juez de familia si de base existe un conflicto familiar de larga data, sin embargo lo que se estaba por discutir eran dos cuestiones netamente penales.

Por un lado la usurpación, Dolores cedió el predio, de ahí la ocupación, la pregunta era ¿tenía la misma derecho a disponer del bien?, en esto exclusivamente estaba sustentada la discusión, sus hermanos y madre aseguran que no, porque la misma no es más la dueña de parte del patrimonio en virtud de una cuerdo suscripto por la misma.

Por otro, la denuncia que presentó la propia Dolores, de la descripción que hace la misma surge claro el tipo de delito que asegura haberse cometido en su contra, coacciones agravadas por el contexto de género, sin embargo, no se sabe porque, pero la fiscal lo calificó en extorsión, de ahí la caratula.

Si nos guiamos por la apreciación de la fiscalía no sabemos bien ante que ilícito penal estamos, ahora, si nos atenemos a la lectura de los hechos denunciado, la respuesta surge más nítida.

La cuestión es contradictoria, tanto por el juez interviniente como de la fiscalía, en ambas causas los mismos.

El Dr. Rubén Flores mantuvo cierta coherencia a la hora de la resolución de ambas, en las dos denuncias se inclinó por Dolores Etchevehere.

Lo disparatado del magistrado provino de los fundamentos y de las medidas tomadas, en el caso de la usurpación, luego de pedir disculpas por su “formación judicial desde el derecho de las familias”, ofreció “a los hermanos poder pensar en una solución pacifica, armónica”.

Sin embargo, en la causa de extorsión para la fiscal, coacciones para la denunciante, su solución fue prohibir el acercamiento, mensajes, llamadas y cualquier otro acto de dialogo entre Dolores y sus hermanos, madre y allegados.

La pregunta surge obligada: ¿Cómo van a solucionar pacífica y armónicamente un conflicto familiar si no pueden ni siquiera habar entre ellos?

Las contradicciones del magistrado son hasta irrisorias, pasando por incoherentes.

No fue el único actuante en la causa que provoca comentarios o análisis, la Dra. Bessa se lleva su parte y no solo por la llamativa calificación de los hechos.

En la causa de usurpación pidió el desalojo liso y llano, medida precautoria autorizada por el Código Procesal Penal entrerriano ante este tipo de delitos, vale decir, se inclinó de llegó a favor del grupo familiar mayoritario y en contra de la solitaria hermana.

Sin embargo, en la denuncia de la propia Dolores, tuvo que actuar en su favor, convirtiendo así en victima a quien en la causa paralela era la victimaria.

Calidad que la hizo pasible de medidas solicitadas por la propia fiscal en su favor, como lo son la prohibición de actos perturbadores que impedirán a las partes, al menos por 30 días, acercarse a solucionar un conflicto que a todas luces, por ser ya histórico en la familia, no tiene una resolución.