Un apellido reconocido en el PJ, asume la magistratura y queda a cargo de uno de los delitos de corrupción del ex legislador, la prescripción o la falta de mérito la estrategia defensiva ante el habitual paso del tiempo en este tipo de ilícitos.
Los movimientos judiciales no son para nada llamativos, periódicamente, ya sea por el acogimiento a la pasividad del titular, o por otra vacancia, lo habitual es que la propia Justicia cubra las mismas por acordada o resolución.
Sin embargo, si una de las causas, en que los reemplazantes tendrán asignadas figura el nombre de José Ángel Allende, genera suspicacias y comentarios del más amplio espectro.
Este martes habrá novedades en este sentido en uno de los expedientes penales del ex legislador ya que por acordada del Superior Tribunal, el otrora defensor oficial, Juan Carlin, pasará a cubrir la vacancia en el juzgado penal que hasta ahora conducía Gustavo Maldonado, asignándosele la causa más pesada que tiene Allende, la de enriquecimiento ilícito
Designación que genera malestar en los operadores jurídicos y, lógicamente, comentarios irónicos, ya que se esperaba que la vacante sea concursada para darle así posibilidades a otros letrados.
Como viene sucediendo en el Poder Judicial, ahora con la excusa de la pandemia -a pesar de que en otras provincias el COVID no ha frenado los concursos-, estos procesos de legítima postergación no son una opción.
El apellido del defensor es lo que más sustenta aquellas suspicacias, ya que se trata del sobrino de quien fuera senador, convencional constituyente, ambos por el PJ, y presidente del STJ, Miguel Carlín.
Un apellido conocido en el justicialismo que tendrá a su cargo la causa más profusa y contundente del ex legislador.
Una causa de enriquecimiento ilícito que, tras la declaración de inadmisibilidad del acuerdo de juicio abreviado, genera polémica, fue el propio Tribunal quien, con una dura crítica a la fiscalía, resaltó las irregularidades en la investigación.
Primero fue el tibio o pobre fundamento provisto por la fiscalía para acotar el tiempo investigado, la Cámara consultó por qué si la pericia fue hasta el 2019 y Allende fue diputado hasta diciembre de dicho periodo, se restringió hasta el 2016.
También fueron criticados por la Cámara, la exclusión de un bien en el acuerdo, y la imposibilidad de acceder a uno de los bienes que se proponía decomisar.
Cuestiones que deberán ser saldadas en la investigación que deberá continuar para, así, lograr o un acuerdo aún más sustancioso, o bien, un juicio oral y público.
En este último punto, la estrategia defensiva ya se avizora, ejecutándose, se estima, la dilación a través de distintos artilugios, escondiéndose debajo una prescripción del enriquecimiento, o bien, plantearse la falta de mérito, conforme al cuestionable accionar de la fiscalía.
En este sentido es destacable la pasión de la Justicia entrerriana en materia de corrupción, siendo incontables las causas que aún no han ido a juicio oral y público, constituyendo esta, una de las bases de la estrategia de la defensa del ex diputado.
Seis años de prisión es el máximo de la pena del delito de enriquecimiento, tiempo que coincide con la prescripción de la acción, de seguir dilatando en el tiempo la llegada al juicio oral y a una sentencia, recurriéndose para ello en la imposibilidad de encontrar actos interruptivas, el hecho ilícito que se le imputa a Allende quedarían impune.
2 comentarios
Mmmm, para mi que esta todo cocinado con este nuevo juez…veremos y esperemos
Los decentes adecentando la justicia.