Bordet y Scarione eliminaron el régimen de jubilaciones especiales y los gremios criticaron “el ajuste a cualquier costo”

El Frente Gremial afirmó que Scarione llegó a la Caja de Jubilaciones “para hacer la tarea planificada por el gobernador”, que es “un convencido en que las trabajadores y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste”.

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos eliminó el régimen especial para docentes de educación especial y trabajadores de salud mental, a través de una resolución que se dio a conocer en la tarde de este viernes.

La novedad fue ampliamente repudiado por los gremios, que emitieron un duro comunicado que lleva la firma de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), LA Unión de Docentes de Argentina (UDA), y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La medida se plasmó en la resolución Nº 77, con fecha de este jueves 19 de noviembre, y firmada por el presidente del organismo, Edgardo Scarione, y la vocal Lidia Santiago.

Allí se dispone con carácter de interpretación general dejar sin efecto cualquier criterio diferente al artículo 39 de la 8732 (Ley de Jubilaciones), que implica la suspensión del tres por uno (tres años de servicio por uno) de los docentes de educación especial y trabajadores de salud mental.

El comunicado que emitieron los gremios expresa “rechazo absoluto” a la polémica resolución de la Caja y exigieron que se dé marcha atrás con la decisión:

“La misma deroga las Resoluciones 07 y 08 de 2001, normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ‘3 x 1’ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el art. 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008”.

“De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del artículo 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994”.

Afirmaron que las resoluciones derogadas “surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el art. 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio, la posibilidad compensatoria (3×1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada”.

“Estamos hablando de derechos ejercidos por los trabajadores y trabajadoras desde hace 26 años, y por su uso y prácticas adquieren la definición de derechos vinculantes, es decir, plenos, tal cual lo estipula el Nuevo Código Civil y Comercial. Tampoco podemos dejar de hacer mención a que las Resoluciones 07 y 08 constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos (a la jubilación) y como tales, los atraviesa e impregna el principio de progresividad, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla. En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensiona la edad jubilatoria y la Ley Nº 8732”.

Asimismo, sostienen que “quedó en claro” los motivos del desembarco de Scarione a la Caja de Jubilaciones: “Llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador: modificar la 8732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo. Pero el único responsable es Bordet, comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma”.

Enseguida, recordaron que en marzo el Ejecutivo “volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde Junio –y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender la demandas sociales, la salud, etc… la respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley –aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante. Mientras continúa negándose a sentarse en paritaria salarial”.

“Esto es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, un constructor especialista en levantar muros, un negacionista del diálogo, un convencido en que las trabajadores y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste”, sostuvieron.

Finalmente, consideraron que “no hay diálogo en Entra Ríos, las trabajadoras y trabajadores no somos los responsables de haber tomado una deuda escandalosa. El Ejecutivo Provincial deberá hacerse cargo de sus decisiones. Exigimos la inmediata derogación de la Resolución 077/20, advertimos que no es el camino apropiado profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores, porque vamos directamente a la profundización del conflicto”.