“Soy un empleado público”

Denuncian un selecto grupo de sindicalistas que se ha enriquecido utilizando los gremios, el Iosper y el poder en beneficio propio.

Este jueves, el ex diputado José Ángel Allende encabezó con el gremio que conduce, UPCN, una protesta frente a Casa de Gobierno para reclamar una mejor propuesta paritaria de parte del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, la movilización causó un fuerte rechazo entre los trabajadores de a pie, los que no responden a la línea dura del gremio.

En la modalidad de protesta, cada uno de los presentes llevaba un cartel que decía el nombre del trabajador y el lugar en el que se desempeña.

El de Allende simplemente decía el nombre y “UPCN Entre Ríos”, pero los trabajadores reclaman que agregue más datos acerca de su persona, como un detalle del patrimonio al que accedió tras más de 30 años en la Legislatura provincial.

El ex diputado está en medio de un proceso judicial que lo acusa de enriquecimiento ilícito, en el cual él mismo admitió el delito y ofreció devolver propiedades por un monto de un millón de dólares.

El comentario entre los pasillos de Tribunales y en cualquier mesa de trabajadores es que si el ex legislador voluntariamente propone devolver esa suma mal habida, es porque debe tener muchísimo más. Unos hablan de 7 millones de dólares, otros de 10, y otros no quieren arriesgar un número.

Durante la protesta, Allende reconoció que el gobierno no da a conocer su propuesta real, y que el número exacto que llegará a los bolsillos de los trabajadores se conoce a través de los medios de comunicación, más específicamente, de este Portal.

Cristina Melgarejo, una de las representantes gremiales, criticó que “haya salido que nos dio un 33% de aumento, cuando en realidad nos dio un 15%”, luego de que todos los medios difundieran la propuesta “oficial” del gobierno como un 33%, pero este Portal desnudó que la oferta real era del 15%.

El argumento del gobierno para ofrecer ese número es que debe hacer frente a los compromisos de la deuda de 500 millones de dólares que asumió la gestión de Bordet en 2017.

Aunque no se sabe a dónde fue a parar ese dinero, para que la provincia pudiera endeudarse por semejante cifra, necesitó de la aprobación de la Legislatura entrerriana.

En 2017, sentado cómodamente en su banca de diputado provincial, Allende levantó la mano para que Entre Ríos adquiriera una deuda de 500 millones de dólares, con intereses casi usurarios.

Hoy, luego de haberse convertido en la primera provincia argentina demandada ante los Estados Unidos por el incumplimiento de la deuda, la provincia logró la reestructuración, aunque sigue sin decir en dónde están los 84 mil millones de pesos al cambio actual, o quién los tiene.

Esa deuda es la gran excusa que usa la provincia para no mejorar la propuesta salarial para los trabajadores públicos, que en concreto verán apenas un 9% de aumento en sus bolsillos, un porcentaje irrisorio si se tienen en cuenta los elevados índices de inflación.

Allende con su voto permitió que la provincia se endeudara millonariamente y en dólares, a pesar de que en este país cualquier persona con un mínimo conocimiento de finanzas, como debería tener de sobra un diputado o un gobernador, sabe que es prácticamente un suicidio financiero.

Ahora, el ex diputado se para frente a Casa de Gobierno con un cartel que lo identifica como empleado público, por lo cual quienes pasaban caminando por Plaza Mansilla comentaban que les gustaría ser empleados públicos como Allende.

Por otra parte, diversos grupos políticos denuncian a una casta de sindicalistas que se han enriquecido utilizando las estructuras gremiales, organismos como el Iosper y la Caja de Jubilaciones, y sus contactos con el poder, en detrimento de los trabajadores a los que dicen defender.

En tanto, quienes pasaban por la plaza decían “yo quiero ser empleado público como Allende”.