No existe un decreto que levante la cesantía con la firma de Bordet, que es el único que tiene facultad para hacerlo, una irregularidad que habla del grado de impunidad que existe actualmente en la administración pública provincial.
El 24 de febrero de este año, el gobernador Gustavo Bordet firmó la designación del ingeniero Alberto Johnston en la dirección General de Hidráulica de la provincia, mediante el decreto N°171 del ministerio de Planeamiento, que conduce Marcelo Richard.
La necesidad de realizar este nombramiento radicaría en la llegada de una importante cantidad de fondos provenientes de la nación para obras hídricas en Paraná.
El hecho resultó sumamente llamativo y causó mucho enfado entre los trabajadores viales ya que menos de dos años antes el mismo funcionario había sido cesanteado de la Dirección Provincial de Vialidad luego de un sumario administrativo que corroboró hechos de corrupción.
Lo que los viales comentan es que Johnston se enriqueció durante su paso por la administración pública de una forma prácticamente imposible con el sueldo de Vialidad. La visión empresarial de la política.
Sin embargo, la designación de Johnston apenas dos años después de que firmara la certificación de obras que causaron un millonario daño al erario provincial, fue posible gracias a un dictamen de la fiscalía de Estado.
Un documento que lleva la firma del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, habilita la designación de Johnston como funcionario.
El dictamen lleva fecha del 23 de febrero, es decir, un día antes de que el gobernador firmara el decreto de designación, algo que también resulta llamativo y deja muchas dudas.
De ese modo se dejó sin efectos el sumario administrativo que se había iniciado en la Dirección Provincial de Vialidad, que determinó que Johnston firmó la certificación de obras que causaron un millonario daño al erario provincial.
El argumento oficial que esgrimen tanto Rodríguez Signes como el gobernador Gustavo Bordet es que todos los plazos administrativos para los sumarios se suspendieron con la pandemia, pero la cesantía de Johnston data de 2019, un año antes de la crisis sanitaria por el coronavirus.
Aquella irregularidad fue investigada durante más de un año, ya que el sumario administrativo realizado por ingenieros y abogados inició el 28 de diciembre de 2018 y culminó el 5 de septiembre de 2019, pero Rodríguez Signes lo borró de un plumazo.
En la resolución 2780 de la DPV, de septiembre de 2019, se corrobora que Johnston, que en ese entonces se desempeñaba como director de construcciones, firmó la certificación de trabajos que no fueron ejecutados, “pero sí certificados y pagados a la contratista”.
Se trata de una gravísima irregularidad que provocó que la obra presentara serios defectos técnicos, ya que se constató que faltaba una capa de 20cm de suelo calcáreo sobre la calzada.
Según la instrucción realizada, el accionar de Johnston en la certificación de la obra constituía “un perjuicio material a la repartición”, que se encuadraba en las causales para aplicar la sanción de cesantía.
el argumento oficial que esgrimen tanto Rodríguez Signes como el gobernador Gustavo Bordet es que todos los plazos administrativos para los sumarios se suspendieron con la pandemia.
Sin embargo, llamativamente, hoy por hoy los trabajadores viales denuncian que no quedaron rastros del documento y de las actuaciones que determinaron la cesantía de Johnston, ya que habrían desaparecido.
Este Portal conserva el expediente ya que investiga las irregularidades en la Ruta Provincial N°23 desde las primeras denuncias por el deplorable estado del camino, realizadas por legisladores e intendentes.
Cuando este medio dio a conocer la designación del cesanteado Johnston como director de Hidráulica de la provincia, en donde tendrá un nivel remunerativo correspondiente al cargo 37 y retendrá su cargo titular de planta permanente en la Dirección Provincial de Vialidad, se generó un enorme revuelo entre los trabajadores viales.
Por ese motivo, se generaron dudas acerca de la fecha real del dictamen firmado por el fiscal de Estado, que sorprendentemente es de un día antes que el decreto del gobernador que lo designa al frente de Hidráulica.
Para los empleados viales esto es sumamente llamativo porque Johnston fue condenado por el organismo para el que trabajaba y sigue sin saberse dónde está el dinero que se pagó de más por materiales que no se utilizaron.
Además, el funcionario debería responder por los accidentes que hubo en esa ruta debido al mal estado que presentaba, e incluso por muertes que allí se produjeron.
Por otra parte, el Estado provincial, es decir, los entrerrianos, deben invertir millones y millones de pesos en reparar esta ruta a partir de la irregularidad firmada por Johnston, que una vez más será encargado de administrar fondos públicos.
Los trabajadores viales supieron del nombramiento del ingeniero en Hidráulica a través de la publicación de este Portal, que fue tildada de falsa e inventada, porque la información (que debe ser de carácter público) no estaba en ningún medio, ni siquiera en el Boletín Oficial, como debería ser por ley.
La designación causó sorpresa debido a la cesantía que regía sobre Johnston, que no fue levantada.
Solamente existe el dictamen de Rodríguez Signes, que es el fiscal, o el abogado del Estado entrerriano, de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo que conducen Laura Stratta y Ángel Giano, y el Judicial.
De todos modos, sus dictámenes son la opinión de un abogado, y en este caso opina que la irregularidad se enmarca dentro de los parámetros permitidos y que podría levantarse la cesantía.
Pero para que eso ocurra es necesario un decreto firmado por el gobernador de la provincia. El primer mandatario provincial es el único que tiene la facultad para levantar una cesantía y por el momento no existe.
En la administración pública entrerriana existe el antecedente de Gabriel Abelendo, hoy integrante del directorio del IAFAS, que en su momento fue visto a través de cámaras de seguridad robando fichas del casino, que luego un tercero cobraba por caja.
A raíz de aquellas pruebas, Abelendo fue cesanteado, pero el titular de UPCN, José Ángel Allende, le hizo el pedido al entonces gobernador Jorge Pedro Busti para que lo condonara.
Es por eso que hoy Abelendo integra el directorio del IAFAS de forma regular, porque Busti lo legalizó.
En el caso de Johnston, no existe el decreto de Bordet que levante la cesantía.
El marco legal que tiene su nombramiento como titular de Hidráulica, justo cuando van a llegar fondos de la nación, es el decreto de designación del 24 de febrero y la opinión sobre la cesantía que hizo Julio Rodríguez Signes el 23 de febrero.
Pero no existe un decreto que levante la cesantía con la firma de Bordet, que es el único que tiene facultad para hacerlo, una irregularidad que habla del grado de impunidad que existe actualmente en la administración pública provincial.
Hoy por hoy el comentario de los viales es que el dictamen de Rodríguez Signes se firmó para que Johnston pudiera ser designado, no para limpiar su imagen o porque la cesantía estuviera mal hecha.
Si no es así, que salgan Bordet y Rodríguez Signes a desmentirlo.
Vergüenza: en 2019 lo echaron por corrupción y ahora lo designan como funcionario
1 comentario
Pareciera que Bordet junto con Rodriguez Signes y sus fiscales son los seres superiores que te redimen y perdonan todos tus pecados, y tu alma queda sin pecados de corrupción , para luego con tu espíritu y alma perdonados, volver a ser nombrado como si nada, para algunos es el PARAISO TERRENAL….. la Casta Política…… y debajo esta la gilada que por migajas va los vota y les besa el anillo…..