La verdad sobre los lotes lindantes al Patito Sirirí

El consejo del Arq. Guillermo Federik de expropiar únicamente el denominado Sector Sur esconde una trampa..(*) Por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio

Antes de comenzar con el detalle de lo acontecido estos dos últimos años con los proyectos presentados por el bloque de concejales del oficialismo vinculados con los terrenos lindantes al Parque Infantil Carmelo Cabrera, a los concejales del bloque de Juntos por el Cambio Walter Rolandelli, Maximiliano Rodríguez Paulin y Francisco Avero, nos resulta oportuno dejar claras dos cuestiones esenciales: la primera, y lo más importante, queremos y trabajamos todos los días para que los paranaenses contemos con más y mejores espacios verdes públicos; y segundo, el Intendente Bahl cuenta con la cantidad necesaria de ediles para tratar y aprobar la declaración de utilidad y posterior expropiación de los lotes lindantes al Patito Sirirí. Esto último es así porque, tanto en las comisiones de labor legislativa como en las sesiones del Concejo Deliberante, el oficialismo cuenta con la mayoría simple requerida para aprobar un proyecto de tales características.

El 16 de julio de 2020 el bloque de concejales del Intendente Bahl presentó una ordenanza que pretendía, inconstitucionalmente, paralizar por 6 meses cualquier trámite administrativo relacionado con los terrenos en cuestión. Oportunamente, desde Juntos por el Cambio nos opusimos a tal medida porque, de ser aprobada, avasallaríamos un derecho constitucional inviolable como el de la propiedad privada. Y planteamos que había dos alternativas posibles: la primera, y la propuesta por nosotros como mejor para todos los involucrados (vecinos, Ciudad, Municipalidad y propietarios) era que la Municipalidad llegue a un acuerdo  entre partes con los propietarios, buscando siempre en la negociación arribar a un precio razonable de adquisición para que pasen al dominio municipal con destino de uso público. Y en caso que no se llegara a un acuerdo quedaría la vía de la expropiación. Para esto, primero hay que declararlos de dominio público en el Concejo Deliberante y después sancionar una ley provincial de expropiación. Los autores de aquel intento de norma, al observar que el reclamo público de vecinos y asociaciones autoconvocadas menguó, decidieron no solicitar su tratamiento en las comisiones legislativas por lo que, con el correr de los meses y plazos, dicho proyecto se archivó.

Un año después, el 27 de julio de 2021, los concejales David Cáceres, Sergio Granetto y Sergio Elizar, ediles que responden al Intendente Bahl, presentaron un proyecto de ordenanza para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble comprendido por calles Gregoria Matorras de San Martín, Manuel Alberti,Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955 y Laurencena. Dicha iniciativa corrió la misma suerte que la presentada en julio de 2021: sus autores decidieron nunca tratarlo en las comisiones legislativas.

Dos años después, y a punto que pierda estado parlamentario, el proyecto presentado en julio de 2021 para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos lindantes al Patito Sirirí, los presidentes de las comisiones de “legislación general” y de “desarrollo territorial, obras y servicios públicos”, comisiones donde ingresó para su tratamiento, convocaron a los ediles miembros para un trabajo en conjunto.  En dicha reunión, el oficialismo pretendió que los distintos bloques políticos firmemos un dictamen para expropiar ya no la totalidad del inmueble sino sólo una parte, la identificada en un informe municipal anexo al expediente como la del Sector Sur (“parte alta” de la barranca), de 10.863,23 m2 de dimensión, y a la que la Municipalidad le puso un precio de 2.009.697,55 de dólares, sin detallar de dónde saldrían los fondos para afrontar la inversión. Dicha nota, rubricada por el Arq. Guillermo Federik, Secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial de la Municipalidad, ratificó además que los propietarios legítimos de aquellas parcelas son Guillermo Pinto y José María Armándola, algo que siempre el intendente, funcionarios y concejales oficialistas supieron.

El Municipio con ese informe, al establecer un valor de referencia de más de 3,2 millones de dólares por la totalidad de los terrenos, está autocondicionándose para cualquier tipo de negociación con los propietarios. Hasta parece un accionar intencional para descartar la alternativa de llegar a un acuerdo entre partes de un precio razonable, dejando a la expropiación como la única vía factible, opción que además favorece económicamente a los propietarios que ya no tendrían que cargar con el trabajo de vender cada uno de los lotes de forma individual a distintos interesados, sino que el Estado les ahorraría ese trabajo adquiriendolos en su totalidad.

La ley provincial de expropiación Nº 6467/1979, en su artículo 5, establece que “si un inmueble fuera expropiado parcialmente y el remanente fuera inadecuado a un uso o expropiación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble”. Los propietarios podrían percibir, y demostrar, que la expropiación parcial del Sector Sur generaría un perjuicio económico para el desarrollo inmobiliario aprobado para ese inmueble ( la Ordenanza N° 7963/97 aprobó el amanzanamiento, apertura de calles y loteo).

Nos preguntamos en lo económico, ¿cómo puede el Municipio sentarse ahora de igual a igual con Pinto y Armándola y pretender alcanzar un “precio razonable” cuando, mediante dicho informe, le puso un valor tan alto de referencia? ¿Se plantearon los concejales del oficialismo el escenario que, al avanzar únicamente con la expropiación del denominado Sector Sur, podrían los propietarios accionar judicialmente para que la expropiación sea total, impactando esto sobre el futuro monto de la compra? ¿De dónde se pretende obtener el dinero para la expropiación? En estos dos años desde la presentación del primer proyecto, ¿los concejales del oficialismo consultaron al Gobierno Provincial, o al Nacional, por fondos para encarar un proyecto de estas características? ¿Por qué en ninguno de los dos últimos presupuestos municipales incluyeron partidas económicas para esto?

En lo social, ¿cómo les decimos a los vecinos de Barrio Capibá (por tomar un ejemplo de entre los cientos de barrios de la ciudad con problemáticas similares) que no hay fondos para cloacas, calles, luminarias y agua potable, pero que el Estado sí cuenta con 650 millones de pesos para adquirir dichos terrenos?¿ Cómo les decimos a madres, padres y maestras jardineras que no tenemos dinero para refaccionar los abandonados jardines de infantes municipales, que tienen que seguir esperando por el gas, el agua, el arreglo de techos y del sistema eléctrico, por los juegos de patio y materiales didácticos para los niños, pero que sí tenemos 650 millones de pesos para comprar esas parcelas?

Por estas y otras razones, en la reunión del pasado miércoles 8 de junio desde Juntos por el Cambio, manifestamos nuestra negativa a acompañar el dictamen oficialista. Lamentamos además que la representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista nos haya amenazado con mostrar fotos con nuestros nombres y apellidos si nos oponemos a firmar el dictamen oficial que, al parecer, había consensuado con sus autores. Agradecemos al representante de la Asamblea Parque Urquiza que, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, remarcó en reiteradas oportunidades que el dictamen no plantea la declaración de utilidad pública de la totalidad de los terrenos sino de una parte y que dicha decisión unilateral no había sido notificada a los vecinos autoconvocados y a las asambleas, por lo que no pudieron debatir previamente. Nuestra postura y la reacción del asambleísta obligaron al oficialismo a pedir un cuarto intermedio y a posponer su decisión una semana más, aún sabiendo que tienen los votos necesarios para que sea aprobado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Desde Juntos por el Cambio nos pareció oportuno que los vecinos de Paraná conozcan lo realmente sucedido estos dos años, nuestra posición sobre dichos terrenos y el por qué de nuestra negativa a acompañar al oficialismo en su dictamen.

(*) Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin