Avanza contra viento y marea la creacón de la Fiscalía Anticorrupción confeccionada como un traje a medida de Bordet

A como de lugar. A viento y marea. A cualquier precio. Luego que se apruebe la ley, el Consejo de la Magistratura, sobre el que son cada vez mayores las sospechas de concursos amaneados o digitados por el poder, hará el resto. “El ganador o ganadora, de los cargos, apuestan varios ciudadanos y ciudadanas, no será nadie que esté enfrentado con el peronismo”.

Pero la desesperación apremia. Pero a las apuradas, nada puede salir bien. Esta ley no es la excepción. Le traerá mas de un dolor de cabeza a Gustavo.

Notablemente demorado y a contrapelo con los tiempos del gobierno, que son urgentes y que no podrá zafar que el tema sea de consideración electoral, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo para crear una Fiscalía Anticorrupción.

Con apenas retoques cosméticos, se hizo el despacho. Como era de esperar, ni una oposición laxa y livianita no acompañó. Pero Bordet porfiado, testarudo y urgido, igual avanza a toda máquina en busca de la inmunidad y de la impunidad. “No es el momento político, no puede obviar que la opinión pública tomó el fallo del Jury y este proyecto elevado de apuro y sin estudio, como un desesperado intento del gobierno para que en el futuro no los investiguen”, comentan los legisladores opositores, pero por ahora cuidando el off.

El proyecto de ley para crear una Fiscalía Anticorrupción y consolidar la posibilidad de que Goyeneche no los investigue a los Gobernantes y para no terminar como Urribarri es el que pretende cumplir con la Constitución de 2008 fue aprobado por mayoría en Comisión  y se tratará dentro de dos semanas.
Llevan las firmas del presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso; Vanesa Castillo; Sergio Castrillón; Mariana Farfán; Juan Reynaldo Navarro; Carina Ramos y María del Carmen Toller.

Ningún legislador de Juntos por Entre Ríos acompañó la iniciativa. Y en cualquier tema vinculado a la corrupción como es ésta ley con mayor razón, exige que el consenso sea total, y que se discutan los artículos sin apuros, para asegurar la mayor independencia posible a los Fiscales y transparencia, para que a su vez puedan rendir cuentas de sus acciones ante la sociedad, cuestión que ahora no ocurre.

Los diputados modificaron apenas el proyecto y le dan la facultad al Procurador Jorge García la designación de peritos. La redacción del texto en éste punto quedó así: “Los cargos de peritos enunciados en el Artículo 3° incisos d) y e) serán designados por Resolución del Procurador General de la Provincia de una terna vinculante propuesta por el Fiscal Anticorrupción, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario”. Además, el proyecto remitido al plenario habilita que la incorporación de profesionales técnicos se dé de forma progresiva y que no sea un limitante al funcionamiento de la Fiscalía.

La disposición transitoria contempla: “El concurso y la integración de los profesionales previstos en el Artículo 3° incisos d) y e) podrá realizarse en forma progresiva, sin que ello impida la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Al ser puesto en funcionamiento el órgano, para su operatividad, podrá apoyarse en los órganos periciales existentes hasta la designación de los profesionales previstos en el Artículo 3º incisos d) y e)”.

“Un cargo de experto en Informática, que deberá acreditar título de Licenciatura o Ingeniería en Informática, u otra carrera que acredite formación e idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales”.

La oposición también había criticado que en la valoración del concurso para nombrar al Fiscal Anticorrupción se meritúe la experiencia en la administración pública nacional, provincial o municipal.
Consideraban con razón total que de esta manera, los profesionales del derecho nombrados en el Estado por los últimos gobiernos justicialistas que fueron de corrido desde que dejó Montiel el gobierno en 1999 hasta la fecha, correrían con ventaja. Cualquiera se da cuenta que es para acomodar a los de ellos, protestaban.

Este artículo quedó, pero con un agregado para intentar acallar las quejas de Juntos por el Cambio: “En la implementación del concurso ante el Consejo de la Magistratura, deberá otorgarse mayor puntaje a aquellos concursantes que acrediten antecedentes en la administración pública nacional, provincial o municipal, así como formación en materia de derecho administrativo”.

Tampoco satisficieron a la oposición los cambios con lo que se denomina “foro de atracción”. El texto original disponía que el nuevo Fiscal Anticorrupción se quedara de inmediato con las investigaciones de todas las causas por delitos contra la administración pública en trámite. En el que obtuvo dictamen, quedó reducido a aquellas que no tuvieran fecha de elevación a juicio.