El crimen perfecto existe

El sistema de la municipalidad de Concepción del Uruguay que opera los miles de millones de fondos públicos… NO TIENE SEGURIDAD. NO TIENE 3 FIRMANTES. NO TIENE claves y contraseñas, Pin, password. No hay dinero. No hay responsables. No hay titulares de cuentas receptoras de fondo. La pregunta es:
Quien accionó una actualizacion no oficial?

No habría sido ni un hackeo ni un virus. El robo habría sido responsabilidad de funcionarios municipales (sea por culpa o por dolo), quienes hasta hoy cuentan con el encubrimiento político del Intendente Oliva. Cabría aplicar la Ley 10.636 de Responsabilidad del Estado.

En un programa en vivo transmitido por Radio Folk 107.7 que semanalmente realiza el partido «Uruguay Se Puede» se realizó una mesa de debate entre los precandidatos a Intendente Ing. Aníbal Steren y a Concejal, el economista Pablo Presas, quienes entrevistaron al Dr. Luis María «Gusi» Haddad sobre la «desaparición» de los 25 millones de pesos del tesoro municipal y la falta de explicaciones lógicas, hasta hoy, sobre dicho desfalco.

La charla no tiene desperdicio, y cualquiera que la escuche quedará con la innegable sensación de que el Municipio de Concepción del Uruguay tiene serias falencias con la transparencia y resguardo del dinero público, a la vez que encubre soslayadamente la verdad del hecho a la ciudadanía mientras evade las responsabilidades políticas que le caben. Todo esto, además, sospechosamente dentro de un contexto de elecciones y financiamiento de campaña que exige cuantiosos recursos que muchas veces se desconocen de donde provienen.

Con conocimiento de causa y desde la autoridad y seriedad profesional que le cabe, no solamente por su conocimiento jurídico municipal sino también por representar actualmente al único imputado en dicho hecho, el Dr. Luis María Haddad se explayó durante más de 40 minutos sobre el devenir de un desfalco que ya lleva más de 120 días sin esclarecerse (o al menos hacia la ciudadanía uruguayense) y que implicó la sustracción de recursos del erario público, es decir, de dinero que es de todos los uruguayenses que aportamos a través de tasas municipales e impuestos coparticipables.

En primer lugar, y contrariamente a lo que se estuvo induciendo a la ciudadanía a través de comunicados de prensa, no habría existido ni hackeo ni actividad virósica, ni dentro del municipio ni dentro del Banco de Entre Ríos según consta de las declaraciones testimoniales realizadas tanto por el Jefe de Informática Municipal como por el Banco de Entre Ríos y que figuran en el expediente de la causa. Por lo tanto, y también de acuerdo a lo declarado por el Banco de Entre Ríos, dichas transferencias fueron realizadas de forma regular y con la introducción de las respectivas dobles claves de coordenadas bancarias autorizadas que son utilizadas de forma habitual por la cuenta corriente municipal. Claves de coordenadas que se encuentran una en poder del Secretario de Hacienda y la otra del Tesorero Municipal.

Así, el día 3 de abril a alrededor de las 9 de la mañana se pudieron realizar 16 transferencias a diferentes destinatarios en distintos bancos (la mayoría de ellos en Provincia de Buenos Aires y se presume a personas insolventes) por un total de 25 millones de pesos.

Lo extraño también, es que, a pesar de contar con una Coordinación Municipal de Conciliación Bancaria, dichas transferencias fueran detectadas más de 24 horas después de ocurrido el delito. Es decir, no sólo fallaron todos los controles y alarmas de seguridad internas, sino también que se hizo caso omiso de las alarmas bancarias al realizar transferencias por montos inusuales a personas extrañas que no son proveedoras habituales del estado municipal. Esta situación permitió además que quienes perpetraron el desfalco tuvieran además el tiempo suficiente para lograr evitar que el dinero pudiera ser recuperado.

Por si esto fuera poco, una vez detectado el delito, y previo al allanamiento judicial, dichas computadoras fueron clonadas e intervenidas por el mismo municipio con la excusa de realizar un backup informático para preservar la información. Pero justamente, esta manipulación informática previa al allanamiento judicial que se produjo más de 72 horas después del hecho, quita confiabilidad y rigurosidad técnica sobre los peritajes e investigaciones. Para decirlo nuevamente, entre el acto delictivo y el allanamiento judicial transcurrieron 72 horas dentro de las cuales las computadoras fueron manipuladas por técnicos municipales. Cabe aclarar además que extrañamente el Municipio no cuenta con ningún técnico informático certificado.

Haciendo un paralelismo delictivo, es cómo si se hubiera alterado la escena de un crimen para borrar huellas y evidencias.

Respecto a como prosigue este tema, el Dr. Haddad expresó que hay que analizarlo desde dos puntos de vista, uno es la cuestión netamente judicial donde la fiscalía se está encargando de la investigación. Aquí el municipio se ha presentado como actor civil, ya que no pudo hacerlo como querellante, pero lo llamativo es que a pesar de presentarse a la justicia como actor civil, el municipio no ha aportado medios de prueba o informes que coadyuven a aclarar el hecho

El otro ámbito de análisis, continua Haddad, es la responsabilidad administrativa ya que en la Provincia de Entre Ríos existe la Ley 10.636 de Responsabilidad del Estado que se aplica a funcionarios de la administración pública que provocan un daño patrimonial por omisión o negligencia en sus funciones como concretamente se establece en el artículo 8 de la misma.

“Ley ER 10.636 Artículo 8°: La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hacen responsables de los daños que le causen al estado o a terceros.”

En un contexto de grave crisis económica y social que atraviesa nuestro país, y con la pobreza actual en valores alarmantes, hay que pregonar con el ejemplo en cuanto a la responsabilidad y cuidado de los recursos públicos. Lo que sucedió es grave, y sus responsables máximos no deberían llevársela de arriba como si no hubieran tenido ningún tipo de involucramiento, sea este en forma de culpa o en forma de dolo.

Finalmente, Haddad, Steren y Presas remarcaron la gravedad institucional de este hecho como también el llamativo silencio municipal al respecto, enfatizando la importancia de que este desfalco tome estado de debate público para que la ciudadanía pueda decidir sobre si le vuelve a dar un voto de confianza a las mismas personas que vienen administrando nuestro Municipio desde hace muchos años.