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Desde julio de 2022 está vigente una norma que impide que se amplíe la nómina, pero en los hechos no se cumple; los ministerios eluden la prohibición con la creación de las “Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias”
Pocas iniciativas nacieron con menos pulso que la reglamentación que impulsó la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis, en julio del año pasado, mediante la cual no se iba a poder contratar más empleados públicos. No hay caso, como tantos proyectos de este Gobierno, cerrar la puerta de ingreso para el empleo estatal se volvió un proyecto abstracto.
Cuando el ministro y candidato asumió, la planta de trabajadores que todos los meses cobran un sueldo como empleados de los tres niveles del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales, no ha dejado de crecer. En julio de 2022, cuando Massa dijo “sí, juro”, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, los dependientes pasaron de 3.375.757 a 3.429.784 que se registraron en mayo pasado, el último que se publicó. Es decir, desde aquel “no va más” ingresaron 54.027 personas, algo así como 148 ingresos por día a alguna de las administraciones públicas.
El tema no termina ahí. El también candidato de Unión por la Patria decidió al asumir en Economía que mes a mes se diera a conocer la cantidad de empleados por cada repartición. Ese número, que corresponde solo a la Administración Pública Nacional, era de 341.681 empleados en aquel momento, mientras que en junio pasado, antes de que empezara la campaña y de que se supiera que sería el elegido del oficialismo, esa cifra llegó a 342.678. Mientras atendía la economía, casi cuatro personas por día ingresaban al Estado, incluidos los sábados y domingos.
Es verdad que muchas reparticiones quedaron con la misma nómina, pero otras, en cambio, aumentaron. Aerolíneas Argentinas fue una de las responsables de la expansión. Por caso, como para ser concretos con los datos: de los 997 que ingresaron al Estado entre julio de 2022 y junio pasado, 494 los explica la línea aérea estatal.
Una buena medida de entender la expansión del Estado por sobre el sector privado es mirar qué pasó con uno y con otro en un determinado período. Siempre según los datos del SIPA, el trabajo en el Estado aumentó mucho más que el privado. Si se toma 2012, por cada 100 empleados públicos que había entonces, en mayo pasado llegaban a 134,8. Nunca dejó de crecer. Por el contrario, los asalariados formales que están en el sector privado, pasaron de 100 a 103,9 en mayo, después de pasar varios períodos por debajo de 99 y llegar en mayo de 2020, en plena pandemia, a 94,8.
Pero si la historia se remonta, cuando empezó el siglo, en 2000 entre empleados municipales, provinciales y nacionales, prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,193 millones de personas, mientras que con el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se desató el fanatismo por el empleo público, el número inicial era de 2,207 millones. Según datos aportados por Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), elaborados en base a publicaciones oficiales del Ministerio de Economía, esa cifra está actualmente en 3,899 millones. Dicho de otra forma, como para ser más concretos: el número del empleo público creció 78% en lo que va del siglo. La diferencia entre lo que cuenta FIEL y el SIPA es la forma en que se catalogan algunos empleos y sobre todo, cómo se computan las fuerzas de seguridad.
Pero ese número que se debe tomar como el oficial bien podría tener adelante un “al menos”. Sucede que como en el dólar, podría haber un resultado “blue” de cantidad de empleados públicos. Los funcionarios, conocedores de los pliegues de la administración central, siempre encuentran algún que otro artilugio para colectar trabajadores y pagar favores de la política. A fuerza de talento, los ministerios han encontrado una nueva manera de evadir la norma: crean “unidades ejecutoras especiales temporarias” y nombran más funcionarios.
Como se dijo, el Boletín Oficial es casi una libreta de recursos humanos del Estado nacional. Una bacanal de cargos, ascensos, contratos, creación de funciones, organigramas nuevos y extensiones de plazos. Maravillas burocráticas que paga el Tesoro en medio de una prohibición para aumentar la planta permanente que, aunque parezca una quimera, está vigente.
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