Ley de Alquileres: la oposición logró modificar la normativa pese al rechazo del oficialismo y de Milei

Los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y partidos menores lograron 125 votos positivos; la iniciativa se giró al Senado; el oficialismo impidió su derogación

La pulseada la ganaron Juntos por el Cambio y aquellos bloques que, desde un principio, se plantaron a favor de modificar la ley sancionada en 2020. La votación arrojó 125 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. El oficialismo, empero, salvó la ropa al bloquear la posibilidad de que se derogara la norma, que fue la intención original de Juntos por el Cambio y de los libertarios.

La alternativa de la derogación se sepultó no bien comenzó el debate; sus impulsores no alcanzaron reunir los dos tercios de los votos que se requerían, pues el proyecto no contaba con dictamen de comisión. El bloque de Unión por la Patria se encargó de bloquear esa posibilidad. Ante esta situación, los diputados de JxC activaron el plan B: modificar la ley, estrategia para la que contaban con el apoyo el interbloque Federal y otras fuerzas menores.

Esta comunión de fuerzas se cristalizó en la votación final: Juntos por el Cambio, el interbloque Provincias Unidas, un sector del interbloque Federal -Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca- y los diputados Felipe Álvarez y Claudio Vidal (SER) se pronunciaron por reformar la ley. Por el contrario, el oficialismo votó en contra junto a los libertarios, los cuatro diputados de izquierda y dos legisladores del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez y Natalia De la Sota, estos últimos partidarios de que la actualización de los contratos sea semestral con un índice determinado.

Los cambios que se incorporaron a la norma apuntan a dos puntos centrales: retrotraer la vigencia de los contratos a dos años (actualmente es de tres) y acortar a cuatro meses el plazo para la actualización de los valores de los alquileres, que hoy es de un año. Para dicha actualización podrían utilizarse el índice de precios al consumidor (IPC); el índice de salarios, el índice de precios mayoristas o una combinación de los mismos según las partes acuerden.

 

El proyecto -que fue girado al Senado- incluye además una serie de beneficios fiscales. Entre ellas una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Un debate caliente

La sesión, inusualmente corta para los usos y costumbres de la Cámara baja -duró poco más de tres horas-, arrancó con suspenso. Los opositores no tenían certeza de alcanzar el quorum luego de que el oficialismo confirmara que no bajaría el recinto. Finalmente logró abrir el debate con 129 diputados sentados en sus bancas, incluidos los libertarios.

 

De inmediato los oficialistas bajaron al recinto. Su objetivo era impedir la posibilidad de que Juntos por el Cambio y las huestes de Milei avanzaran en la derogación de la ley. Lograron el objetivo. Acto seguido defendieron su dictamen de mayoría que, a grandes rasgos, replica la ley actual. Al igual que la iniciativa opositora se le incorporó un capítulo de incentivos fiscales para promover el stock de inmuebles para alquiler.

En vano el oficialismo intentó incorporar al debate un segundo proyecto, elaborado por la diputada kirchnerista Paula Penacca, destinado a regular la actividad de los alquileres temporarios. La oposición se lo impidió.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, reprochó la actitud de sus pares opositores. “Nosotros creemos que tenemos un dictamen virtuoso que permite, por medio de un régimen de incentivos fiscales, aumentar el stock de viviendas en alquiler. Si a eso hubiésemos incorporado el proyecto para regular los alquileres temporarios tendríamos otro incentivo para volcar más inmuebles al alquiler tradicional. Todos sabemos que en muchos casos esos alquileres se realizan por fuera del mercado legal, en moneda dólar, y en algunas ciudades, como en la Capital, en dólar cash”, indicó.

 

“En síntesis, hay que tener en claro cuál es el sujeto social que buscamos defender. Es cierto que este es un problema que afecta a propietarios e inquilinos, pero no de igual manera. Y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”, enfatizó, al tiempo que advirtió que, de rechazarse su dictamen, “muchos de los aspectos positivos que son positivos para los inquilinos y la economía argentina se van a dejar de lado”.

A su turno, la diputada Camaño -una de las redactoras de la reforma- enfatizó que, en medio del actual contexto inflacionario -que distorsiona toda negociación de precios-, el único propósito que se persigue es “intentar mejorar la oferta” de inmuebles para alquiler. En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Agustín Domingo.

La radical Karina Banfi, promotora de la derogación de la ley, admitió que no se contaban con los votos suficientes pero que era imperioso quitarles a los inquilinos y propietarios el “corset” que les impone la ley con la actualización anual de los contratos.

“El propietario sabe que durante un año, con una inflación que supera los dos dígitos y una ley que lo obliga a ajustar cada 12 meses, va a perder el lucro. Entonces lo carga en el inicio del contrato. La gente nos dice que así no puede alquilar, porque está muy alto el precio de los alquileres”, enfatizó.

El diputado de Pro Pablo Tonelli enfatizó que el dictamen de reforma “busca resolver los tres principales problemas de la ley: el plazo mínimo de las locaciones, que se reduce de tres a dos años; permitir que los ajustes sean más frecuentes que un año, porque con la inflación mantener un alquiler fijo durante un año es una utopía; y además darle a las partes la posibilidad de que elijan qué índice quieren utilizar”.

Desde La Libertad Avanza, Carolina Píparo insistió en la derogación. “No vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”, sostuvo la libertaria. Acto seguido, acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de “montar un show” para reformar la iniciativa. “Si esta ley no funcionó es porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”, fustigó.

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