Anestesistas CORTARON los servicios a TODO NIVEL en Entre Ríos. El Gobierno pretende que se declare SERVICIO ESENCIAL

En la provincia, el conflicto con los anestesistas tiene un antecedente significativo que se remonta a los años 2016 y 2017, durante la gestión de Ariel de la Rosa como Ministro de Salud y Gustavo Bordet como gobernador. En aquella oportunidad, al igual que en el actual enfrentamiento, se consideró la posibilidad de llevar el caso a la justicia para garantizar la continuidad de los servicios de anestesiología, considerados fundamentales en el sistema de salud.

Este tipo de conflicto también se vivió en Córdoba en una época similar, cuando el actual gobernador Juan Schiaretti y su ministro de Salud, José Francisco Fortuna, enfrentaron una situación casi idéntica. En aquella ocasión, el gobierno cordobés optó por una estrategia judicial: presentó un recurso de amparo, solicitando que la justicia declarara la atención de la salud como un servicio esencial en la provincia. La maniobra surtió efecto y los médicos se vieron obligados a mantener la prestación de sus servicios en virtud de la declaración judicial de esencialidad.

Volviendo a la situación de Entre Ríos, durante el conflicto de 2016-2017, Ariel de la Rosa utilizó la amenaza de recurrir a la justicia como un recurso de presión para llegar a una solución. Según se recuerda, con esa advertencia consiguió que las partes implicadas, tanto el gobierno como los anestesistas, alcanzaran un acuerdo que permitió poner fin al conflicto sin necesidad de una intervención judicial formal ni de una declaración de esencialidad.

En el contexto actual, la situación parece avanzar hacia una estrategia similar a la empleada por Schiaretti y Fortuna en Córdoba. El gobierno provincial evalúa ahora la posibilidad de presentar un amparo judicial que declare esencial el servicio de anestesiología, lo cual obligaría a los anestesistas a rendir cuentas ante la justicia en caso de interrumpir la atención a los pacientes. Esta medida buscaría evitar un posible desabastecimiento de personal en un área tan delicada como es la anestesiología, asegurando así la continuidad de los servicios de salud en los hospitales provinciales y protegiendo el derecho de los ciudadanos al acceso a la atención médica.

Este tipo de declaración de esencialidad no es un paso menor, ya que implica que los profesionales en conflicto tendrían la obligación legal de garantizar la cobertura médica a la población, incluso en situaciones de conflicto laboral. La implementación de esta medida en Entre Ríos podría sentar un precedente y marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y los gremios de la salud.