Causa Contratos Truchos: ¿Justicia a Medias? Ex Director Administrativo de la Legislatura reclama por los VERDADEROS ARTÍFICES

La causa de los «contratos truchos» en la Legislatura de Entre Ríos comienza a desnudar la faltante de actores que realmente posibiliten este desfalco millonario a gran escala. Apenas arrancan las audiencias de remisión a juicio, y ya se hacen escuchar las primeras voces autorizadas que cuestionan el alcance parcial de la investigación, que no estaría tocando a los que PUSIERON LA FIRMAS QUE AUTORIZARON LOS CONTRATOS, y sólo se centra en los ejecutores de los cobros.

Recientemente, las audiencias de remisión a juicio han comenzado a poner el foco en funcionarios de segundo y tercer rango, lo que ha generado indignación y sospechas. Rodolfo Pérez, ex Director General de Administración de la Legislatura de Entre Ríos, hizo conocer su parecer denunciando esta situación en redes sociales, calificándola de «CRIMINAL». En sus declaraciones, Pérez señaló directamente a los vicegobernadores, presidentes provisionales del Senado y presidentes de la Cámara de Diputados como los «VERDADEROS Y UNICOS RESPONSABLES» de autorizar estos contratos irregulares.

¿Quiénes son los verdaderos responsables?

Las palabras de Pérez resuenan con fuerza en una sociedad que exige transparencia y justicia. ¿Es posible que los máximos responsables de la administración legislativa desconocieran la existencia de estas maniobras fraudulentas? La pregunta queda flotando en el aire, alimentando la desconfianza en las instituciones.

Según la investigación, el modus operandi consistía en la creación de contratos de obra ficticios, a través de los cuales se desviaban fondos públicos a manos de unos pocos. Se estima que el monto total del desfalco asciende a cifras millonarias, un golpe durísimo para las arcas de una provincia con altos índices de pobreza. Informes recientes indican que la suma malversada podría superar los 373 millones de pesos, sin contar los intereses.

La fiscalía ha revelado detalles sobre cómo operaba esta red de corrupción. Este esquema, que se extendió durante aproximadamente una década, involucró a una amplia gama de actores, desde funcionarios legislativos hasta contadores y empresarios, pero cuidando de no involucrar a los responsables de tomar las decisiones.

La causa avanza, pero las dudas persisten

Si bien la justicia comienza a dar los primeros pasos hacia el Juicio, y ya se han otorgado probation a algunos acusados, la sensación de impunidad persiste. Como bien señala Pérez, «así no es la cosa y seguiremos deambulando en el fango de la corrupción los entrerrianos lamentablemente». Después de casos similares, la ciudadanía, conocedora de los tejes y manejes del poder, se pregunta si alguna vez se llegará al fondo de la cuestión.

Las audiencias de elevación a juicio serán maratónicas, extendiéndose por varios meses. En este contexto, se han planteado numerosas cuestiones legales, como la validez de las pruebas obtenidas en los allanamientos y la exclusión de testigos clave. Estas maniobras defensivas han generado preocupación sobre la posibilidad de que el proceso se dilate aún más, favoreciendo la impunidad de los peces gordos.

Es fundamental que la investigación judicial profundice en el rol de las autoridades legislativas de la época. No basta con castigar a los eslabones más débiles de la cadena de corrupción. La sociedad demanda que se identifique y se sancione a los autores intelectuales de este saqueo, sin importar su rango o poder.

ACASO HAY UN TEMOR POR PARTE DE LOS FISCALES DE APUNTAR HACIA LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS, LEGISLADORES Y OTRAS AUTORIDADES POR TEMOR A UN JURY, un arma que ha sido utilizada en otros momentos cuando algún fiscal tocó algún nervio sensible del poder. Con el YO TE PROTEJO Y ME PROTEJO.

El gobernador Rogelio Frigerio ha ordenado la nulidad de cerca de 800 contratos irregulares, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de recuperar los fondos desviados. Sin embargo, esta medida administrativa debe complementarse con una investigación judicial que llegue hasta las últimas consecuencias, y los MÁXIMOS RESPONSABLES.

Solo así se podrá sentar un precedente claro de que la corrupción no es un camino que quede impune en Entre Ríos. De lo contrario, la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo, y la esperanza de un futuro más transparente se diluirá entre el «fango de la corrupción».