El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo reuniones consecutivas con dos figuras centrales de la política entrerriana: el exgobernador Gustavo Bordet y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Lo que llama poderosamente la atención es el absoluto silencio que rodeó al encuentro con Romero. Mientras que de la reunión con Bordet trascendieron algunos ejes, la cita con la ex jefa comunal de la capital no figuró en ninguna agenda institucional, ni fue informada por las áreas de prensa del gobierno o del municipio.
Durante el encuentro entre Frigerio y Bordet, el tema central fue la situación crítica de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Según fuentes cercanas, el ex gobernador reconoció ante su sucesor la complejidad del escenario, admitiendo que durante su gestión intentó avanzar en una reforma pero no logró los consensos o la fuerza política necesaria para concretarla.
El déficit previsional es, hoy por hoy, la principal preocupación fiscal de la provincia. Las cifras son elocuentes: la Caja de Jubilaciones presenta un déficit mensual de aproximadamente 37.000 millones de pesos. Ante este desfasaje, el gobierno nacional solo estaría cumpliendo con el envío de cuotas que rondan los 8.000 millones de pesos (en seis cuotas), lo que deja un bache financiero que asfixia las cuentas provinciales.
Relacionado al tema previsional, hay que resaltar que el pasado jueves se marcó un hito en la dinámica de gestión provincial con la realización de una reunión ampliada convocada por el gobernador Rogelio Frigerio. En este encuentro, que rompió con el esquema de mesa chica habitual, el mandatario no solo estuvo acompañado por sus hombres de máxima confianza, como el ministro de economía Fabián Boleas, el secretario general de la gobernación Mauricio Colello, el ministro de gobierno Manuel Troncoso, y el presidente de la caja de jubilaciones Gastón Bagnat, sino que sumó actores institucionales claves: la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. La presencia de las autoridades de ambas cámaras legislativas tuvo un objetivo claro y urgente: alinear filas ante la inminente reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, enviando una señal política de unidad y determinación para avanzar con una de las transformaciones más sensibles de su administración.
El martes, inmediatamente después del cónclave con Bordet, Frigerio recibió a Rosario Romero. Este encuentro fue mantenido bajo un estricto secreto. Ni la prensa política que aguardaba a la salida, ni los canales oficiales de comunicación mencionaron la presencia de Romero en la Casa de Gobierno. También asombra que analistas y cronistas políticos no se hicieran eco de este encuentro, que no llegó a figurar en los portales de noticias, algo que no sería posible sin una clara intencionalidad de alguna de las partes participantes de la reunión.
El debate sobre por qué se decidió ocultar esta reunión es intenso. Algunos sostienen que se buscó no «dividir el protagonismo» o restar importancia a la figura de Bordet. Sin embargo, los temas tratados con la intendenta fueron de igual o mayor urgencia para la gestión diaria de la provincia y sus municipios:
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Reforma de la Constitución: Un tema de fondo que el gobernador Frigerio busca impulsar con el apoyo de distintos sectores.
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Coparticipación y Fondos Nacionales: La preocupación por el recorte de envíos de dinero desde el gobierno nacional y cómo esto impacta directamente en las arcas municipales.
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Conflictos en el Transporte: Se analizó la crisis del transporte público, particularmente en Paraná, donde la adjudicación y el marco legal del servicio están bajo un fuerte cuestionamiento y conflicto judicial.
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Reforma Laboral y Obra Pública: La paralización de la obra pública por falta de financiamiento y la adecuación a las posibles reformas laborales a nivel nacional también formaron parte del intercambio.
El panorama que surge de estas reuniones privadas es el de una provincia que se encamina hacia reformas estructurales profundas. El reconocimiento del déficit previsional por parte de la oposición (Bordet) y el diálogo sobre la reforma constitucional con referentes territoriales (Romero) indican que el Poder Ejecutivo busca «blindar» políticamente los cambios que vendrán.
El misterio que rodea estas conversaciones sugiere que el costo político de las medidas en estudio, especialmente la reforma de la Caja de Jubilaciones, es alto, y que tanto el oficialismo como los sectores del PJ involucrados prefieren, por ahora, que las negociaciones avancen lejos de la luz pública. Este hermetismo alcanzó su punto máximo durante el encuentro con Rosario Romero, una reunión que, a diferencia del cónclave con Bordet, fue rodeada de un silencio absoluto y una llamativa ausencia de registros oficiales.
Ni las áreas de prensa gubernamentales ni las municipales emitieron comunicados, y la falta de acceso para los cronistas políticos que hacían guardia en la Casa de Gobierno reforzó la idea de que se trataron temas de extrema sensibilidad. Al no trascender ni siquiera una fotografía protocolar, queda claro que existe un pacto de reserva para evitar que las discusiones sobre la reforma constitucional, los conflictos del transporte y la crítica situación del déficit previsional generen reacciones prematuras en la opinión pública o dentro de las propias estructuras partidarias.
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