Vecinos de las zonas de Bajada Grande y las inmediaciones del Volcadero municipal han elevado una gravísima denuncia pública que alerta sobre la gestión de los residuos y el impacto ambiental en la capital entrerriana.
Según el relato de los residentes, el proceso de privatización del predio, concretado mediante una licitación en agosto de 2025, ha derivado en un esquema de contrataciones sospechosas y delitos ecológicos. Las firmas adjudicatarias, señaladas como las beneficiarias habituales de este tipo de contratos, serían T&S, que estaría a nombre de Agostina Tropini, y una segunda empresa que pertenecería a su marido, Germán Trevia. Por este servicio, el municipio desembolsaría una suma cercana a los 100 millones de pesos mensuales, cifra que, según los denunciantes, se utiliza para financiar una práctica ilegal.
La acusación principal sostiene que, en lugar de llevar adelante el proceso de clasificación, separación y reciclado que exige la normativa para evitar la contaminación, estas empresas estarían procediendo simplemente a «echar tierra sobre la basura». Esta metodología no solo incumple los pliegos de la licitación, sino que constituye un delito federal bajo la Ley de Medio Ambiente, ya que el enterramiento sin tratamiento genera la acumulación de gases peligrosos y emana olores nauseabundos que afectan a toda la ciudad de Paraná. La situación se vuelve crítica ante la descomposición de desechos que, al ser tapados herméticamente con tierra y brosa, potencian el riesgo de incendios internos y contaminación de napas.
La denuncia adquiere una dimensión aún más escandalosa debido al origen de los materiales utilizados para este relleno sanitario ilegal. Los vecinos han logrado documentar mediante fotografías y videos cómo maquinaria pesada de estas empresas estaría extrayendo tierra y brosa directamente de las barrancas del Parque Nuevo. Esta extracción de suelo en una zona de preservación no solo representa una violación a las ordenanzas locales de patrimonio natural, sino que acelera la erosión de las barrancas para ocultar de forma precaria la basura acumulada. Los residentes aseguran que, cuando cambia el viento, un humo denso con olor a podrido cubre gran parte de los barrios cercanos, evidenciando el fracaso del sistema privatizado.
Ante estos hechos, la comunidad exige una intervención urgente de la justicia federal y de los organismos de control ambiental. Se cuestiona no solo el impacto ecológico devastador, sino también la falta de transparencia en una licitación que favoreció a un mismo núcleo familiar con montos millonarios para realizar una tarea que, lejos de sanear el Volcadero, está profundizando una crisis sanitaria sin precedentes en la ciudad. Los testimonios coinciden en que el manejo actual de los recursos públicos no se traduce en mejoras, sino en el financiamiento de una práctica clandestina que pone en riesgo la salud de todos los paranaenses.
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