Ante la negativa de Chagas de renunciar al directorio de la CTM, lo echarían por decreto.

Tras meses de una tensión asfixiante y ante la negativa del funcionario a presentar su renuncia voluntaria, se decidió avanzar con el pedido para que se firme el decreto presidencial de remoción para desplazar a Juan Carlos Chagas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). La permanencia del vocal, apadrinado por el hoy detenido Edgardo Kueider, se ha convertido en un «incendio interno» y un lastre ético insostenible para una gestión que busca diferenciarse de los vicios de la vieja política y la opulencia del Estado.

El Gobierno Provincial finalmente solicitó que el Gobierno Nacional firme el desplazamiento de Chagas, quien fue notificado hace tiempo de que su ciclo en el organismo binacional estaba agotado. Lejos de aceptar una salida decorosa, el funcionario, que ocupa un cargo de designación nacional a propuesta de el ex senador Edgardo Kueider hoy detenido en Paraguay, optó por atornillarse al sillón. Incluso se filtró que, en un acto de desesperación absoluta, el dirigente habría mantenido comunicaciones telefónicas con ministros de primera línea en las que, entre sollozos y ruegos, suplicaba por su permanencia, apelando a acuerdos políticos que la realidad actual ha pulverizado.

La figura de Chagas se volvió «radiactiva« no solo por su falta de idoneidad, sino por su cordón umbilical con Edgardo Kueider, el exsenador nacional procesado y bajo arresto domiciliario en Paraguay por causas de enriquecimiento ilícito y manejos oscuros de dinero. En los ámbitos políticos de Concordia y Paraná, se señalaba con indignación que la estructura que manejaba Chagas en la CTM servía como un presunto engranaje financiero para sostener a su jefe político, mientras él disfrutaba de un sueldo de 30 millones de pesos mensuales residiendo de forma permanente en la exclusividad de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Esta desconexión con la realidad territorial de Entre Ríos es quizás el punto de mayor irritación social y el eje de un repudio que atraviesa a toda la comunidad. Mientras Concordia es tristemente ratificada por el INDEC como la ciudad más pobre del país, sumida en carencias estructurales profundas, Juan Carlos Chagas protagonizó lo que muchos califican como una «rapiña de viáticos» de último momento, una maniobra que roza el insulto moral. Residido de forma permanente en la exclusividad de San Isidro, el funcionario parece haber decidido exprimir hasta el último centavo del erario público antes de que su remoción fuera inevitable.

Al verse acorralado por el inminente fin de su ciclo, el vocal comenzó a viajar desde su opulenta residencia bonaerense hacia la sede del organismo binacional con el único objetivo de activar el cobro de viáticos diarios, los cuales ascienden a la escandalosa cifra de 500 mil pesos por cada jornada de presencia. Esta «presencialidad simulada», que el funcionario anunció al personal administrativo como un supuesto gesto de compromiso, no es más que un mecanismo de recaudación personal: una sola semana de estadía le reportaba extras por 2,5 millones de pesos, sumados a su ya astronómico sueldo de 30 millones mensuales.

El contraste es obsceno. Mientras un vecino de Concordia o un jubilado de la provincia difícilmente logren ahorrar semejante cifra tras años de sacrificio y privaciones, Chagas embolsa por día lo que a muchos municipios entrerrianos les cuesta meses de ahorro para ejecutar una obra básica, como un cordón cuneta o el bacheo de una calle. Esta transferencia directa de recursos hacia la «caja personal» de un funcionario que vive a cientos de kilómetros es vista como un despojo a la infraestructura regional y se ha convertido en una mancha indeleble para la ética pública provincial.

El malestar dentro de la alianza gobernante, reclamando algunos espacios en el gobierno, integrada por el PRO, el MID, la UCR , Sindicatos y  diversos sectores del peronismo aliado que hoy acompañan la gestión provincial, ha escalado hasta convertirse en un incendio político total. Existe una repulsión transversal hacia la figura de Juan Carlos Chagas, un hombre que carga con un frondoso prontuario de expulsiones y salidas escandalosas en casi todas las funciones que ha ocupado en la administración pública provincial. Su trayectoria es recordada en los mentideros políticos como una saga de ambición y decadencia: desde su paso por la presidencia de ENERSA hasta su traumático paso por la Secretaría de Transporte, donde fue desalojado de manera fulminante.

Para los aliados de Rogelio Frigerio, la continuidad de Chagas resultaba un enigma imposible de explicar frente a sus propias bases electorales. Mientras al funcionario se le garantizaba un sueldo que insulta la realidad económica del país, figuras de peso político y trayectoria probada debían esperar pacientemente que se produjeran vacantes en el organigrama para encontrar un espacio de gestión. El contraste es brutal y genera una fricción constante en el territorio: por un lado, se le pide austeridad y sacrificio a la militancia, y por el otro, se sostenía en una caja millonaria a un hombre estrechamente ligado a la estructura de Kueider, hoy con la peor imagen política de toda Entre Ríos.

El «Mal de Chagas» se transformó así en uno de los principales costos políticos para el gobierno, provocando que la insistencia de los aliados forzara finalmente la decisión de Frigerio de solicitar a Presidencia de la Nación la cirugía política definitiva para extirpar a una figura que ya no contaba con el respeto de sus pares ni el blindaje de sus antiguos protectores.

Con la INMINENTE publicación del decreto presidencial de remoción solicitado por Entre Ríos, Frigerio logra cerrar una herida que drenaba confianza pública. El gobernador, que mantiene una relación estrecha con el presidente Milei basada en la austeridad, no podía permitir que la CTM siguiera funcionando como una «isla de privilegios» para un funcionario que orquestaba campañas de desprestigio contra sus propios colegas. Aunque el nombre del reemplazante ya está sobre el escritorio del mandatario provincial para ser elevado a Nación bajo un estricto hermetismo, el mensaje político es contundente: el tiempo de los blindajes para los que viven de «la crocante estatal» ha llegado a su fin.