El juez Mauricio Mayer consumó uno de los fallos más cuestionados al homologar sin pruritos el juicio abreviado por la causa de los créditos truchos, sellando un pacto a medida que deja completamente a salvo a Laura Stratta y a Juan José Bahillo. Con esta resolución, el magistrado tiró por la borda cualquier profundización de la investigación , optando por convalidar un esquema de impunidad que protege sistemáticamente a las cúpulas políticas de la gestión anterior y condena únicamente a eslabones menores.
Dulces condenas
El magistrado Mauricio Marcelo Mayer homologó formalmente el juicio abreviado y declaró a Pedro Fernando Gebhart como autor material y responsable del delito de peculado, condenándolo a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Bajo los mismos términos y cargos de autoría material por peculado, el juez impuso idéntica condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua a Cristian Silvestre Klein y a Claudio Rosas Vico.
Asimismo, la resolución alcanzó a Alejandro David Usatinsky, a quien el magistrado declaró partícipe necesario del mismo delito, condenándolo también a la pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Para cumplir durante el plazo de la condena, el juez fijó a los cuatro imputados un conjunto de reglas de conducta obligatorias que incluyen: a) fijar y mantener los domicilios declarados en la audiencia, prohibiendo su modificación sin previa autorización judicial; b) abstenerse estrictamente de realizar, por sí mismos, por terceros o por cualquier medio, actos molestos, violentos o perturbadores hacia los testigos de la causa; c) cumplir con trabajos comunitarios a favor de una institución de bien público designada por la Oficina de Medios Alternativos, por un total de 96 horas anuales durante cada año de condena; y d) abonar en un plazo máximo de sesenta días hábiles la suma total de $100.886.792 en concepto de reparación económica destinada al Estado de la Provincia de Entre Ríos.
Desproporción escandalosa
Parece que al juez no le dio importancia en absoluto la obscena desproporción entre los montos verdaderamente saqueados al erario público y los términos miserables del acuerdo económico. Mientras las auditorías independientes confirman que el desfalco perpetrado entre 2018 y 2023 supera ampliamente los tres mil millones de pesos, Mayer firmó la homologación aceptando una devolución estática y considerada ridícula de apenas cien millones de pesos por más de trescientos créditos truchos, convalidando un fraude monumental a cambio de migajas para las arcas del Estado.
Oídos sordos
Lejos de asumir la gravedad institucional del expediente, el magistrado decidió mirar hacia otro lado frente a las severas advertencias públicas del gobernador Rogelio Frigerio, quien había salido con los tapones de punta a rechazar los acuerdos menores y a exigir la recuperación total de los fondos sustraídos a los contribuyentes. El Ejecutivo interpeló directamente la inercia de los estrados judiciales para frenar la licuación de responsabilidades, pero el juez optó por desoír el reclamo institucional, ignorando la exigencia de ir a fondo contra el vaciamiento sistemático.
Condena social
Tampoco pesó en la balanza del magistrado el lapidario peso de la condena pública ni el enorme costo político e institucional que paga el Poder Judicial al convalidar semejante farsa jurídica. En el imaginario social la sentencia colectiva ya era un hecho absoluto que señalaba directamente a los ministros responsables de administrar los fondos, pero Mayer prefirió ignorar el clamor ciudadano para sellar un pacto que corta el hilo por lo más delgado, protegiendo a los arquitectos del saqueo y permitiendo que los principales beneficiarios sigan disfrutando de sus cargos legislativos.
Justicia?
La homologación firmada por Mauricio Mayer al convalidar un acuerdo que ignora el desfalco real, desdeña la postura del gobierno provincial y pasa por alto el repudio generalizado de la sociedad, el magistrado demostró que los estrados judiciales prefieren garantizar la impunidad de los peces gordos antes que hacer justicia, consolidando un tribunal funcional a los intereses de la política partidaria y completamente alejado de la verdad material.