El exdiputado libertario es investigado por haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de activos
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.
El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron fuentes judiciales.
Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de $500 millones.
Para el juez, el contrato de consultoría con una minera guatemalteca con la que Espert justificó el dinero fue “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse, al menos en lo que respecta a las prestaciones comprometidas por Espert”.
Y concluyó que el exdiputado “se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un ilícito penal y, aun así, realizó numerosas acciones tendientes a introducirlos en el sistema financiero y a disimularlos”.
La decisión acoge en lo sustancial el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, aunque el juez descartó dos tramos de la acusación: no dio por probado que la seña de 55.501 dólares para un lote en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Costa Esmeralda, saliera del dinero de Machado, por el tiempo transcurrido y porque Espert tenía otros ingresos lícitos, y tampoco que la parte en pesos del pago de su Lexus proviniera de esos fondos.
Según el fallo, el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en su cuenta del Morgan Stanley en Miami, girados desde el Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que el juez considera “un instrumento controlado y utilizado” por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 en Texas por narcotráfico, lavado y fraude.
Espert pasó 50.000 dólares a su cuenta del BBVA en Martínez, los retiró en efectivo y tres días después pagó 47.800 por un BMW M240i. En 2024 vendió ese auto por 62.000 dólares y con esa plata compró un Lexus RX 350 de casi 130.000 dólares, con una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino.
Según el juez, ese documento “omite deliberadamente cualquier mención al verdadero origen”. Otros 50.000 dólares ingresaron al país en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
El juez Mirabelli analizó la referencia que acompañó la transferencia: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”. N28FM es la matrícula de uno de los aviones que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019.
En su descargo, el exdiputado citó esa leyenda, pero omitió esas cinco letras. “No parece casual”, escribió Mirabelli, que se preguntó: “¿Qué sentido tendría consignar la matrícula de un avión prestado por Machado a Espert en el marco del pago por un contrato de una encomienda que, supuestamente, nada tenía que ver con aquellos vuelos?”.
El contrato con la minera con el que Espert buscó justificar el flujo de fondos, por un millón de dólares, fue hallado primero en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario, “roto en pedazos, en una bolsa de consorcio, en un tacho de basura ubicado junto al quincho”.
El juez enumeró los indicios que lo llevan a pensar que el contrato es una simulación para justificar el pago. Dijo que las obligaciones de Espert eran vagas, mientras que sus honorarios eran claros; parte del texto tiene una “similitud casi literal” con dos notas periodísticas españolas sobre refinanciación de deudas de Pymes; Machado firmó como gerente general de Minas del Pueblo sin serlo, y Espert lo sabía porque se escribía con el verdadero gerente de la mina.
Además, el millón de dólares era casi el triple de la deuda que la minera declaraba en 2018 (US$372.975); Espert nunca hizo trabajo alguno, no emitió la factura de exportación que sí había emitido semanas antes a otro cliente del exterior, y nadie reclamó nunca la devolución del dinero.
El juez valoró audios de los contadores de Espert, Fernando Escobar y Mercedes Armendares, que muestran que el exdiputado les había dicho que el contrato era con el gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa. Tras la detención de Machado, en abril de 2021, Escobar estalló: “Este tipo nos recontra mintió”, dijo en un audio; en otro lo llamó “un chanta total”.
Para el magistrado, esa conducta no es la de un consultor orgulloso de un gran contrato, “sino más bien como la de quien pretende esconder dicho contrato”.
Y citó un audio del propio Espert de esos días: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo con una empresa de él. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos”.
Por eso, el juez señaló que Espert “conocía concretamente que Machado disponía de cuantiosos bienes y dinero blancos y negros”.
Sobre Varianza, constituida el 13 de diciembre de 2019, un mes antes de la transferencia, el fallo cita un audio de Espert: “Ya sabemos que Varianza está hecho para bajar mi blanco”.
La sociedad nunca tuvo clientes fuera de la familia: emitió tres facturas, a Espert y a un condominio con sus hermanos, y le registró sueldos por $1.191.666 en 2020.
Espert sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado; que cobró un anticipo no reintegrable, y que se enteró de la situación de Machado “como se enteró el país”.
La causa se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois, cuando Espert renunció a su candidatura al tomar estado público su relación con Machado y el cobro de ese dinero.
Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.