Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, fue aprobado el jueves por la tarde
En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Además, el oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la reforma del régimen de propiedad privada, que mantiene vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Por su parte, la Cámara alta también sancionó la Ley Joaquín y la reforma del régimen de cabotaje.
Discapacidad
Con 71 votos a favor y ninguno en contra, solo la ausencia de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, el proyecto de Discapacidad, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado el jueves.
“Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza”, destacó la jefa del bloque libertario en el Senado, minutos antes de la votación que ya se anticipaba de amplio consenso.
“Este es un paso estratégico que está realizando el Senado y que parte de un acuerdo de todos y de lo que siempre llamamos que son políticas de estado: el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad”, insistió la exministra pese a las resistencias dentro de la Casa Rosada en materia de esta iniciativa que sufrió varios traspiés legislativos y suscitó un reclamos en amplios sectores.
Tanto es así que Bullrich reconoció durante su discurso las dificultades que debieron atravesar las personas con discapacidad y sus familias en los últimos dos años.
Si bien hizo referencia a la existencia de “certificados falsos”, en línea con uno de los argumentos más utilizados por el Ejecutivo, admitió irregularidades en los procesos de otorgamiento de pensiones y en el sistema de auditorías, que obligaban a los beneficiarios a demostrar en reiteradas oportunidades su condición de discapacidad.
En relación con la ley, Bullrich señaló que uno de sus principales avances será garantizar la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo registrado. “Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos”, celebró.
Durante la jornada, de un lado y del otro coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras arremetieron contra “la crueldad” del Gobierno por haber llegado a esta instancia, advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.
A su vez, no fueron pocos los legisladores que citaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes”, fue una de las frases más repetidas durante el debate.
En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
Sin embargo, no faltaron quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en torno a esta cuestión.
Entre los más críticos, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”. Entonces, plantearon sus sospechas sobre el efectivo cumplimiento de la ley, al recordar el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y que derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, apuntó el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
Sin embargo, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que se pusieron al frente de las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Tal es el caso de la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas legislativas de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con llegada directa a Karina Milei, activaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de cambios que terminaron por garantizarles el respaldo de casi toda la bancada peronista que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.
Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al difundir por redes sociales un mensaje en el que ratificaba que su bancada ya estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después que el Papa finalizara su visita al país.
Sus declaraciones se dieron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad motivara uno de sus cruces más fuertes con el Gobierno. Es que, entre los varios vaivenes que sufrió la iniciativa, el más resonante se produjo cuando el Ejecutivo giró al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios.
Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”. Sus achaques iban dirigidos a parte de la mesa política, que según aseguró la ex-Pro, no le informaron sobre la publicación de un articulado que iba en dirección contraria a lo que se venía trabajando en el Congreso.
El proyecto de ley
Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
El proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Asimismo, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Patentes
Una vez aprobada la ley de Discapacidad, los senadores sancionaron con 47 votos a favor el proyecto al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), un acuerdo que llevaba más de 28 años pendiente de aprobación definitiva. Se trata de una iniciativa considerada fundamental para la alianza que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.
El tratamiento había sido postergado durante casi tres décadas, aunque nunca perdió estado parlamentario por ser un tratado internacional. La iniciativa fue reflotada en abril de este año, entre los compromisos asumidos por Milei tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par estadounidense Donald Trump.
Recién en agosto de este año el proyecto se retomó en la Cámara de Diputados, donde obtuvo en general y particular 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, en el que se le incluyó una modificación. Por eso regresó al Senado para una ratificación final.
La Cámara baja había incorporado una reserva al capítulo II del PCT. Tal como precisó LA NACION, ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de las patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales opositoras a la adhesión, advierte que el nuevo régimen podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.
En concreto, desde el sector plantean que esto retrasaría la llegada de genéricos al mercado, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.
Inviolabilidad de la propiedad privada
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la iniciativa regresara a la Cámara alta con las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas, la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Con 42 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de una iniciativa que atravesó una serie de vaivenes y modificaciones durante su paso por ambas cámaras.
Ley Joaquín
Cerca de las 23, el Senado también convirtió en ley, por unanimidad, con el respaldo de los 68 legisladores presentes, la denominada “Ley Joaquín”, que establece medidas de seguridad obligatorias para el equipamiento de instituciones deportivas y recreativas.
La iniciativa fue promovida tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un menor de 12 años que vivía en Ramos Mejía y que falleció en enero pasado después de que un arco de fútbol le cayera encima durante un campamento en Neuquén.
El proyecto, impulsado por los padres de Joaquín, presentes anoche en el recinto, establece normas para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados. Su objetivo es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes utilizan estas estructuras, especialmente niños y adolescentes.
Régimen de cabotaje
Sobre el final de la noche el Senado también avanzó con una propuesta de la senadora Carolina Moisés (Jujuy) y respaldada por el Ejecutivo: la reforma del régimen de cabotaje y marina mercante.
Con 42 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, el Senado aprobó el proyecto que apunta a facilitar la participación de buques extranjeros, abaratar los costos logísticos y otorgar beneficios fiscales al sector, aunque conserva restricciones para determinadas actividades estratégicas.
Al comienzo de la sesión, el peronismo logró, mediante una moción, asegurar la inclusión en el temario del próximo jueves, con o sin dictamen, del proyecto para prevenir la ludopatía, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y de una prórroga del Estatuto del Periodista. Ambas se sumarían al debate sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previsto para esa misma fecha.
