El juez Mauricio Mayer define si homologa el polémico juicio abreviado donde los exfuncionarios Pedro Fernando Gebhart, Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico, junto al reclutador Alejandro David Usatinsky, confesaron haber montado una red delictiva de créditos truchos. El pacto judicial con el fiscal Gonzalo Badano prevé una devolución de apenas 100 millones de pesos, una cifra irrisoria frente al desvío real estimado en casi 4000 millones de pesos que compromete legalmente a los exministros Laura Stratta y Juan José Bahillo, cuyas gestiones al frente de las carteras de Desarrollo Social y Producción ampararon el multimillonario vaciamiento patrimonial. Ante este escenario, la Fiscalía de Estado comandada por Julio Rodríguez Signes quedará obligada por ley a demandar civil y comercialmente a los máximos responsables políticos para recuperar el perjuicio total que la investigación penal pretende clausurar de manera apresurada.
El fuero penal entrerriano asiste a una puesta en escena perfectamente coordinada para que la soga de la corrupción se corte en el eslabón más débil y no salpique a la cúpula del poder. En una audiencia exprés ante el juez Mauricio Mayer, cuatro imputados clave decidieron confesar el delito de peculado a cambio de una pena de tres años de prisión condicional y la entrega de 100.886.792 pesos en concepto de reparación económica. El mecanismo utilizado para el fraude fue idéntico al de los «contratos truchos legislativos»: simularon 314 créditos falsos del programa Jóvenes Emprendedores utilizando identidades ajenas y personas vulnerables. Sin embargo, la maniobra penal esconde una trampa de impunidad: el monto del acuerdo es una simple suma aritmética sin actualizar, que representa apenas una fracción insignificante frente al verdadero agujero financiero que sufrió la provincia.
La realidad del desfalco es mucho más profunda que los casos que la fiscalía decidió cerrar de apuro. La auditoría del Ministerio Público Fiscal contempla únicamente los 314 casos auditados por el fiscal Gonzalo Badano. No obstante, existen cientos de carpetas adicionales con irregularidades brutales que ya se encuentran acreditadas por el Tribunal de Cuentas a través de las inspecciones de la fiscal Nanci Vinagre, a las que se suman nuevos fraudes detectados por las actuales autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. En términos reales, el piso del desvío supera ampliamente los 3000 millones de pesos y araña los 4000 millones de pesos. Que la justicia penal pretenda conformarse con una devolución de 100 millones de pesos expone la clara intención política de sepultar la investigación para que el expediente no avance hacia arriba de la pirámide estatal.
Aquí es donde radica la grave responsabilidad por deber legal de quienes condujeron los ministerios donde se perpetró el saqueo. En la administración pública rige un principio de responsabilidad piramidal: más allá de las maniobras ejecutadas por secretarios o directores de segunda y tercera línea, la máxima autoridad es civilmente responsable del control del gasto y del patrimonio de su área. Los desvíos se ejecutaron sistemáticamente entre 2018 y 2023, período donde las carteras de Desarrollo Social y de Producción estuvieron bajo el mando absoluto de Laura Stratta y Juan José Bahillo. La plata de los entrerrianos desapareció bajo sus narices, y la flagrante omisión de control convierte a los hoy diputados provinciales en deudores directos ante el Estado por el remanente de los fondos públicos que no han sido restituidos.
La maniobra judicial en la causa de los «subsidios truchos», donde Ignacio Oñativia asumió en solitario toda la responsabilidad penal para dejar limpia de culpa y cargo a Laura Stratta a cambio de una condena condicional y una irrisoria devolución de 300 mil pesos en cuotas, funciona como el antecedente directo de la impunidad que hoy rodea al caso de los créditos falsos de Jóvenes Emprendedores. En un esquema perfectamente coordinado que repite el mismo modus operandi delictivo e idéntica puesta en escena para evitar que la maniobra de corrupción salpique a la cúpula del poder. Al igual que ocurrió con el pacto de Oñativia en el pasado, el acuerdo de Gebhart y los demás imputados con el fiscal Gonzalo Badano pretende sepultar la investigación penal devolviendo apenas una fracción insignificante de 100 millones de pesos, una suma fija y sin actualizar que busca clausurar de manera apresurada un desfalco real de casi 4000 millones de pesos que compromete directamente las gestiones ministeriales de Stratta y Bahillo.
Voyage – Voyage: El mimado de Stratta, CONDENADO por corrupción, sigue dándose la gran vida
El verdadero debate institucional se traslada ahora al despacho de la Fiscalía de Estado. Si el juez Mauricio Mayer homologa este juicio abreviado sin exigir que la fiscalía penal profundice la investigación hacia la cúpula, quedará habilitada la vía civil de forma inmediata. Al existir una diferencia sideral de casi 3900 millones de pesos entre lo devuelto por los firmantes del pacto y el daño patrimonial real comprobado por las auditorías, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tiene la obligación legal ineludible de iniciar una demanda en los tribunales civiles y comerciales contra Laura Stratta y Juan José Bahillo. Si los subordinados que ellos designaron y sostuvieron se robaron la plata, son los ministros quienes deben responder con sus patrimonios personales por la millonaria diferencia que le falta a la provincia.