Edgardo Kueider ostenta una de las muestras de audacia más descomunales que se recuerden en la historia política reciente, presentándose ante los micrófonos de la prensa paraguaya con la soltura de un académico incomprendido. Su insólita declaración de inocencia en el tramo final del juicio que se le sigue en Paraguay por contrabando de divisas expone una caradurez de dimensión MUNDIAL.
El juicio en Paraguay contra el exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel entró en su etapa definitoria tras el pedido de la Fiscalía de una condena de dos años y dos meses de prisión por el delito de contrabando de divisas, causa iniciada luego de que fueran interceptados ingresando al país vecino con una mochila que contenía más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar. Ante esto, el exlegislador rompió el silencio ante los medios locales para asegurar que «no se cometió ningún ilícito» y que la acusación responde únicamente a un «error de criterio de la Fiscalía», mientras el Tribunal de Sentencia de Asunción dictó un cuarto intermedio para definir y dar a conocer el veredicto final.
Para el exsenador entrerriano, haber sido atrapado cruzando una frontera internacional con una mochila cargada con más de 200 mil dólares en efectivo y sin declarar representa un simple error de apreciación de los fiscales y no un delito flagrante. Mientras ensaya este acting de perseguido en tierras guaraníes frente al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, la cruda realidad penal lo espera con los brazos abiertos en la Argentina.
La justicia federal ya confirmó que el exlegislador quedará inmediatamente detenido en cuanto se ejecute su extradición, bajo cargos sumamente graves de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita, una batería de delitos que la jueza Sandra Arroyo Salgado tiene plenamente probados. La caída en desgracia de este personaje no es un hecho fortuito, sino el inevitable desenlace de un entramado de corrupción que el peronismo entrerriano pagó carísimo tras haberlo cobijado y protegido durante años.
El costo
El peronismo entrerriano pagó, y sigue pagando hoy en día, un alto costo político que dinamitó sus estructuras territoriales. El principio del fin de su hegemonía comenzó el mismísimo día en que el PJ cedió a las presiones y le cumplió el capricho personal a Edgardo Kueider de consagrarlo como candidato a senador nacional, porque tambien necesitaba la protección de los fueros para el futuro, porque mientras se desempeñaba como Secretario General de la gobernación tenía la protección absoluta de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial.
A partir de ese quiebre, la acumulación obscena de evidencias de corrupción explícita no hizo más que mermar de forma irreversible la confianza de la sociedad, licuando un caudal electoral histórico. Este arrastre negativo fulminó el capital político del Partido Justicialista de Entre Ríos, sumergiéndolo en una crisis de representatividad tan profunda que, de cara al futuro, difícilmente el peronismo pueda volver a recuperar el control de la provincia.
El Monje Negro
En los pasillos del poder provincial todos sabían perfectamente quién era el que realmente movía los hilos y daba el visto bueno para el otorgamiento de las millonarias cajas políticas. Edgardo Kueider se erigió como el verdadero monarca en las sombras que manejaba los hilos del ejecutivo y del palacio legislativo.
Figuras clave de la política local como Ángel Giano en la Cámara de Diputados y Laura Stratta en el Senado, desde su rol en la vicegobernación, conformaron un triunvirato con el hoy procesado para la distribución de los polémicos contratos millonarios de personas que ni con un GPS llegaban a las oficinas de la ligeslatura. Este perverso esquema de financiamiento no solo licuó la confianza del electorado en el Partido Justicialista de Entre Ríos, provocando un costo electoral enorme, sino que despertó la furia de las bases militantes.
Gremios combativos como ATE Concordia lo tildaron abiertamente de traidor, para luego confluir en una expulsión formal del partido que llegó tarde, justo cuando el dirigente ya se había convertido en un converso total, mutando su piel hacia el mileísmo en el Senado de la Nación con el único y desesperado fin de canjear votos clave por impunidad judicial.
La pantalla
La farsa de su inocencia se desmorona por completo al analizar el monumental circuito de dinero negro, empresas fantasmas y bienes ocultos que la justicia argentina logró rastrear detalladamente. La firma de paja llamada Betail S.A. es la punta del iceberg de una estructura económica que, según las pericias oficiales, jamás contó con la capacidad financiera genuina para generar ganancias legales, operando como una mera pantalla para inyectar fondos de origen espurio en el mercado legal.
Los dividendos de esa maquinaria de corrupción estatal terminaron cristalizados ineludiblemente en ladrillos de lujo, específicamente en la adquisición de numerosos departamentos y cocheras en el indignante Edificio Fantasma, un imponente complejo residencial ubicado en calle Santiago del Estero 511 en pleno centro de Paraná. Esta lujosa torre de semipisos de 300 mil dólares se mantuvo deliberadamente oculta para las oficinas de Catastro provincial durante más de tres años, logrando la proeza de no pagar impuestos mientras servía como refugio patrimonial para el senador y sus testaferros.
Los cómplices
El circuito criminal de relaciones familiares y de extrema confianza que rodeaba al exsenador completa un cuadro delictivo flagrante. En esta red de favores y retribuciones aparece en primer plano su primo hermano, Javier Rubel, quien experimentó una milagrosa metamorfosis económica al pasar de realizar trabajos informales de albañilería a figurar como un próspero empresario socio en Betail S.A. y, casualmente, beneficiario de un jugoso contrato en el Senado de la provincia realizado por la ex vicegobernadora Laura Stratta y que nunca le vieron la cara,una provocación que la justicia federal ya castigó dictándole el procesamiento y la prisión preventiva por lavado de dinero.
Asimismo, apareció Kueider junto a su exsecretaria en comprometedores videos contando fajos de dólares en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación. La impunidad de esta corporación delictiva tiene una fecha de vencimiento inminente, lunes 13 de julio, ya que la resolución de los jueces paraguayos Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris marcará apenas el inicio del verdadero calvario judicial del entrerriano.
En cuanto pise el suelo de su propio país, las esposas de las fuerzas de seguridad le recordarán que el Edificio Fantasma finalmente se volvió visible, que las corporaciones de humo se disiparon y que ningún falso cambio de piel política podrá salvarlo de rendir cuentas por el saqueo perpetrado. Será la justicia la que ponga punto final a una impunidad vergonzosa, dejando al Partido Justicialista local ante el monumental desafío de reconstruirse desde los escombros de una confianza social que su exprotegido destruyo por completo.