La medida forma parte de una segunda etapa del proceso patrimonial y alcanza propiedades, vehículos y participaciones societarias. El tribunal busca preservar los activos mientras se define su destino.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena del caso Vialidad, ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre propiedades, vehículos y activos societarios de Cristina Kirchner y otros condenados. La decisión forma parte de una segunda etapa del proceso de decomiso y busca preservar esos bienes mientras se define cuáles deberán ser ejecutados para afrontar el monto fijado en la sentencia: $685.000 millones.
Entre los inmuebles alcanzados por la resolución aparece el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente el arresto domiciliario. La propiedad pertenece a Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada en una causa por lavado de activos.
El tribunal aclaró que la medida no significa que los bienes vayan a ser subastados de inmediato ni que sus titulares pierdan definitivamente la propiedad. El objetivo, según explicaron los jueces, es impedir que los activos sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de decomiso.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución fue solicitada por el fiscal Diego Luciani ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades: 20 vinculadas a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis correspondientes al resto de los condenados. En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal avaló el criterio adoptado por el tribunal respecto de esos bienes.
Sin embargo, tanto Cristina Kirchner como Báez recurrieron esa decisión y la cuestión quedó a consideración de la Corte Suprema. Mientras el máximo tribunal analiza ese planteo, el TOF 2 avanzó con una nueva lista de activos sobre los que pretende asegurar la posibilidad de ejecución.
Esta segunda etapa comprende 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También fue incorporado el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.
El alcance sobre los bienes de la familia Kirchner
Para fundamentar las nuevas medidas, los jueces se remitieron a lo establecido en la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Allí se determinó que la maniobra investigada en torno a la obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
El fallo también había establecido que durante el período investigado existió “una conexión económica y comercial comprobada”. Según esa sentencia, empresas vinculadas a Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto de manera directa como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
A partir de ese criterio, el TOF 2 sostuvo que el dinero proveniente del delito “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Por eso, estableció que pueden quedar alcanzados por el decomiso los bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados entre 2003 y 2015.
La resolución también cita el artículo 23 del Código Penal para justificar el alcance de las medidas. “El artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. Bienes transmitidos gratuitamente a terceros: La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros”, señalaron los magistrados.
En ese marco aparecen también las acciones de Los Sauces y Hotesur. Esos paquetes accionarios permanecen embargados desde 2017, cuando la Justicia analizaba la sucesión de Néstor Kirchner.
En aquella instancia se determinó que las cuotas y acciones correspondientes a Cristina Kirchner, tanto por sus bienes gananciales como por el acervo hereditario, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Para el TOF 2, esa transferencia no impide que los activos sean alcanzados por la ejecución patrimonial derivada de la condena.
El departamento donde cumple el arresto domiciliario
El inmueble de San José 1111 es uno de los bienes incluidos en las nuevas medidas cautelares. La resolución no dispone que Cristina Kirchner deba abandonar automáticamente ese domicilio ni establece en esta instancia un cambio de lugar para cumplir el arresto domiciliario.
El tribunal remarcó expresamente que el embargo no constituye un decomiso automático ni implica la pérdida definitiva del dominio. La medida busca preservar el activo hasta que se determine su destino dentro del procedimiento correspondiente.
La decisión también alcanzó a inmuebles del Complejo Madero Center, en Puerto Madero. Se trata de un dúplex con cinco cocheras y de otro departamento acompañado por dos cocheras y una baulera. Según la resolución, esos inmuebles tuvieron como único inquilino a Cristóbal López.
En Santa Cruz, el listado incorpora el terreno correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén, que permanece usurpado desde hace más de dos años. También fueron alcanzados otros terrenos y propiedades ubicados en El Calafate.
A su vez, las medidas cautelares incluyen distintos inmuebles de la familia Kirchner en Río Gallegos. Entre ellos figuran el chalet de la expresidenta ubicado sobre la costanera y otras propiedades situadas en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.
Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner
Otro de los puntos de la segunda etapa de decomiso es el dinero atribuido a Florencia Kirchner que fue encontrado en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de la causa Hotesur.
Se trata de más de US$5 millones. De acuerdo con lo consignado en la resolución, para la Justicia la familia Kirchner no logró acreditar el origen lícito de esas divisas.
El TOF 2 también señaló que el Banco Galicia todavía no respondió a los requerimientos judiciales destinados a determinar cuál es el estado de ese dinero y si existen otros fondos depositados en cajas de seguridad o cuentas.