Así está la Justicia penal entrerriana: Con el delincuente identificado, archivan la causa

Se esperaba, desde que sucedió el grave hecho, las más altas autoridades de la policía entorpecieron la investigación, ocultaron pruebas y desviaron con la intención de no individualizar a los delincuentes, las conexiones de estos con la fuerza y el pedido de la ministra o el gobernador, lo que deja la impunidad de una IPP que nació muerta.

El 25 de enero del 2019, una banda de delincuentes, desplegando una logística y  estructura que aun impresiona, ingresaba al domicilio del director de este medio para hacerse de un “invaluable” botín.

La banda, sabia, conocía que el propietario ni su familia estaba en la ciudad; aprovechándose de esa circunstancia, a través de fuertes intimidaciones hacia una integrante de grupo familiar, ingresaba a la residencia.

Fue el primer llamamiento de atención del caso: el pleno conocimiento que tenían de los movimientos familiares de Ricardo David y sus más cercanos.

Lo otro sorprendente lo aportaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar: el hecho se registró en día hábil, a plena luz, a escasos 30 metros de la residencia fuertemente custodiada del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.

La zona, en sí, posee actualmente un importante cinturón de seguridad provisto por la policía de la provincia, ya que en la misma residen, amén del mandatario, jueces, fiscales y personalidades destacadas de la política.

Daba la sensación de que la Policía había liberado la zona.

Y es que, como podía ser posible que una banda a una distancia insignificante de la casa de Bordet, a plena luz del día, sometiera mediante intimidaciones por mas de seis horas a una familiar del director con total impunidad.

La otra cuestión que llamaba la atención resultaba del “invaluable” botín, fueron a buscar, sabiendo previamente de su existencia, un maletín color metálico, era lo que exigieron mediante intimidaciones.

Había dinero, joyas, y demás elementos de valor económico, sin embargo el centro de atención fue un maletín, aquellos quedaron intactos.

¿Qué había en el maletín? Consta en la denuncia, principalmente, documentos que vinculaban al gobernador y a su entonces secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider con groseras irregularidades en torno a la contratación de pauta oficial.

Inmediatamente, anoticiadas las autoridades del hecho grave pro sus tintes mafiosos, casi toda la cúpula policial se ponía a disposición, incluso la ministra de gobierno, Rosario Romero.

Una vez iniciada la investigación, comenzaron a percibirse actos, hechos y declaraciones provenientes de la propia fuerza de seguridad muy llamativos.

El comisario Fabio Jurajuria emprendía un raid en los medios de comunicación ligados al Gobierno dando cuenta de precisiones que no constaban en el expediente y ni siquiera habían sido denunciados.

Inquirido el mismo, mediante un llamado telefónico, justificaba su comportamiento en los medios reconociendo que lo habían presionado desde arriba, nunca aclaró sobre quien o quienes lo hicieron, la expresión “más arriba”, denotaba sus jefes lógicamente, la cúpula, la ministra o incluso el gobernador.

Ya adentrando a la investigación penal en sí, nuevamente la sorpresa sacudía a las víctimas de este grave hecho ilícito.

Pasaban los días y la Policía no exigía las cámaras de seguridad de los vecinos, tuvo que intervenir el propio perjudicado y arrimar las pruebas a la fiscal Jimena Ballesteros.

El director concurrió varias veces al despacho de la fiscal, junto con su asesora, en todas las veces se pudo escuchar la crítica de la misma dirigidas a varias divisiones de la policía entrerriana, incuso despotrico contra Jurajuria.

En todas las veces menciono la ausencia total e confianza que hacia los mismos, en esta y en otras investigaciones.

Con las imágenes precias de las cámaras de seguridad se pudo individualizar a uno de los integrantes de la banda, el que ingresó al domicilio del director.

Su rostro, altura, tez, aproximada edad, y demás reseñas físicas fueron identificados, pero, nuevamente se manchaba la investigación, el mismo no podía ser identificado.

Raro ya que existen base de datos en cada una de las fuerzas de seguridad, la Policía de Entre Ríos, gendarmería, prefectura, policía federal.

Ninguno de estos, requeridos formalmente mediante oficio, manifestaba conocerlo, el delincuente no existía.

Es más, y este aporte es significativo, es conocido por todos en el ámbito judicial que la contestación de un oficio remitido demora entre 7, 10, 15, 20 o más días, incluso los fiscales suelen enviar oficios reiteratorios por la desidia de las reparticiones en responder.

En esta causa sucedió un hecho insólito, oficiada una de estas fuerzas nacionales por parte de la Dra. Ballesteros, respondió a las pocas horas “no lo tenemos en la base de datos”.

Todo indicaba que, verdaderamente, no se quería avanzar con la investigación, había que impedir que se conozca el paradero, el nombre y apellido y zona del único delincuente individualizado por las cámaras.

Más aun cuando, algo que se aportó a la fiscalía en una de las tantas oportunidades en que se concurrió, la parte perjudicada había accedido a la hipótesis de que el delincuente formaba parte de la fuerza.

Frente a todas estas graves irregularidades en torno a la investigación, sucedió lo que se esperaba, nuevamente reinó la impunidad, en esta oportunidad, con una evidente intencionalidad por parte del Ministerio Publico Fiscal y su brazo ejecutor, la policía de Entre Ríos.

Fíjese el lector como se evidencia así la impunidad intencional, que la fiscal Ballestero archivó la causa en febrero del 2020, un poco más del año de los hechos, sin embargo a la víctima la policía le notificó este martes 09 de junio del 2020.

En la Provincia existen varias causas donde se ha denotado un aparente direccionamiento de la impunidad.