EDITORIAL PROGRAMA «DE FRENTE»
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia anuncia que se viene la noche en la Provincia.
Mediante un fallo, la Corte Suprema de la Nación condenó al Gobierno Provincial a pagar la suma de $350.000.000 a 1.800 empleados de Vialidad por un reclamo judicial que viene desde el año 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti.
Hace exactamente una década el monto total del reclamo era de $50.000.000 y ya en ese entonces los fallos de primera y segunda instancia favorecieron a los empleados de vialidad. Pero el Gobierno del momento no quise hacerse cargo de semejante erogación y apeló a la bicicleta: presentó el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Y finalmente la Corte falló que el tema tiene que ser resuelto ante la justicia provincial, pero he aquí que está ya había dispuesto -tanto en primera como en segunda instancia- a favor de los viales. Con lo cual, mediante el fallo de la Corte Suprema hoy se condena al Gobierno a hacer frente sí o sí a los $350.000.000.
Advirtiendo que se avecinaba la tormenta, el Gobernador Busti contrató un muy conocido abogado de Paraná para que viajase a Buenos Aires y viera el estado de la causa, con el objetivo de ver si todavía era posible hacer algo al respecto. Pero el informe del abogado fue lapidario: la decisión de la Corte ya estaba expresada, sólo faltaba que se cumplieran algunos pasos formales antes de que el Gobierno se viera obligado a pagar.
Ante este panorama, la única salida que se encontró fue la de acelerar la aprobación del presupuesto 2008, cuestión que se trabajó en los últimos días. Ocurre que si no está el comunicado oficial de la Corte Suprema antes de la aprobación del presupuesto, es decir, si la obligación de pago no figura en este, la deuda no podrá pagarse (ni tampoco podrá haber embargos) durante el próximo año.
Con lo cual el asunto quedaría congelado hasta Enero del 2009, fecha en la que el Gobernador será Sergio Urribarri. Finalmente, a partir de esta fecha el Gobierno deberá hacer frente al fallo o sino deberá atenerse a los embargos de los trabajadores, los cuales en promedio estarían cobrando $200.000 para cada uno de los 1.800 empleados.
En esto termina aquel lio que comenzó allá por los años ´93-´94 mediante un Decreto, que posteriormente se falló en 1997 y luego se dejó dilatar.
Hoy, todo esto no solo se estaría convirtiendo en costo enorme para el Estado en el aspecto económico, sino también en el político. Ya que parece que la temperatura en Vialidad Provincial puede llegar a límites insospechados.
En definitiva, como dijera un filósofo: «El derecho por mínimo que sea debe prevalecer sobre la conveniencia por grande que parezca».
Ricardo David.