El Fiscal de Estado sentenció: “el que pierde paga, los empleados deberán afrontar los gastos de la demanda, que van de un 10% a un 20% del monto que reclamaban”; Para muchos de los trabajadores, esto se traduce en cifras impagables.
Al final, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Estado Provincial, incluso cuando la causa ya tenía dos reveses a favor de los viales (en primera instancia y en el Superior Tribunal de Entre Ríos, en este último caso un voto a favor de los trabajadores de un conocido constitucionalista, actualmente elegido por el oficialismo como Convencional para reformar la Constitución Provincial).
Después de conocido el fallo, el Doctor Julio Rodríguez Signes sostuvo: “el máximo Tribunal de Argentina nos dio la razón, porque siguen vigentes la leyes de convertibilidad y de emergencia nacional que establecen que no existan “cláusulas de ajustes” ni “salarios automáticos”.
Estas afirmaciones del Fiscal de Estado, chocan con las afirmaciones de Santiago Gaitán y de los empleados viales, respecto de que Julio Rodríguez Signes era uno de los que impulsaba el juicio al Estado Provincial, ya que lo consideraba “un derecho que le correspondía a los trabajadores”.
Es más, el ESTADO PROVINCIAL YA HABRÍA ABONADO MÁS DE $4.000.000 EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, CONVALIDANDO LA DEUDA.
Pero volviendo a lo Rodríguez Signes, se afirma que este “fue el abogado de varios de los empleados viales en el reclamo ante la Justicia entrerriana”, demanda que tuvo respuesta favorable en primera y segunda instancia. Es más, dejaron trascender desde el sector de vialidad que “habría un conocido trabajador de iniciales J.P”, al que Rodríguez Signes habría representado.
Pero el Fiscal de Estado fue aún más lejos y aseguró algo que promete poner en pié de guerra a los trabajadores: “el que pierde paga, los empleados de Vialidad deberán afrontar los gastos de la demanda que van de un 10% a un 20% del monto que se reclamó, los cuales irían de $20.000 a $40.000 por cada uno, en un total algo mayor de 1.000 trabajadores”.
Lo que no dejó en claro el Doctor Rodríguez Signes, es si estas costas son de los abogados que representaban a los trabajadores o son del Estado.