Se busca la incompetencia de la justicia provincial y la aticipidad de los hechos
La estrategia de los buffet de Cullen y de Federik plantean exponer las irregularidades en la contratación y el destino de los fondos cómo financiamiento de campañas y/o de partidos políticos, las últimas planillas y cuadernos secuestrados el argumento central.
A última hora de la jornada de este viernes se formalizó una presentación realizada por abogados defensores relacionada con el escándalo de las irregularidades en los contratos de la Legislatura.
Una causa que inició el 20 de septiembre, luego de que Flavia Beckman, María Victoria Alvarez, Estaban Scialocomo, Entre otros fueran detenidos ante el llamativo episodio en el cajero del Bersa de calle Alsina y Echague de la capital entrerriana, por haber extraído varias sumas de dinero con tarjetas de débito ajenas.
Inmediatamente comenzó, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, puntualmente la fiscalía anticorrupción a cargo de la Dra. Cecilia Goyeneche y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arraberri una seguidilla de medidas judiciales que incluyeron allanamientos a estudios contables, pedido de información a ambas cámaras y allanamientos a domicilios particulares.
Medidas que complicaron a varios contadores, caso de Alfredo Bilbao, Gustavo Fauré, etc. implicados en la causa, y a funcionarios públicos de la Legislatura, caso de los directores del contable, Gustavo Pérez y Sergio Cardozo.
Todos ellos imputados posteriormente, junto también a los senadores nacionales Pedro Guastavino y Sigrid Kuntah, implicados por tener a su favor a una gran cantidad de los contratos sospechados.
La hipótesis inicial de la fiscalía, no fue otra que una asociación ilícita dedicada a desviar fondos a través de contratos.
Según esta hipótesis, las personas que se encuentran detenidas se encargan de reclutar personas que prestarían su nombre que posteriormente serian contratados en la Legislatura.
El beneficio, según la justicia, para el prestanombre era el pago del monotributo incluida la obra social, y en algunos casos un dinero extra de lo que realmente facturaban.
La mayoría del dinero por contratado, luego de que varios de los implicados recolectaban, eran destinados, en principio, según la teoría fiscal, al peculio personal de personas ya identificadas, caso de Pérez, Fauré y Bilbao y/o de otras que no se han podido determinar aún.
Luego, se ordenaron varios allanamientos, surgiendo distintos documentos que, según se comentó en la justicia, hicieron plantear una nueva posibilidad a la fiscalía, la cual sumada al ya ilustrado beneficio personal de algunos, indicaba que el dinero de los contratos se habría destinado a financiar partidos políticos y/ o campañas proselitistas.
Este Portal accedió a gran parte del expediente y con ello a una de las planillas encontradas en un domicilio hallando el pasado viernes, la misma parecía contundente con respecto a esta segunda hipótesis.
Aparecieron así varios nombres de legisladores que hasta ahora no habían sido nombrados como también un asiento contable que, como destino, figuraba el PJ.
Frente a estos documentos, se abrió la hipótesis de que el dinero de la Legislatura, a través de los contratos, sirvió para financiar a los partidos políticos.
Afirmación que hizo propia previamente a este descubrimiento de las planillas y cuadernos el diputado provincial y uno de los referentes de Cambiemos, Esteban Vitor.
En una entrevista a este medio, el diputado sostuvo que”la Legislatura financia de forma poco clara a los partidos políticos”, sirviendo también como argumento de la defensa.
Frente a esta posibilidad, se produjo un giro de 180° en la causa que lleva adelante la justicia provincial provocando una nueva estrategia defensiva.
Este viernes varios abogados defensores formalizaron un extenso escrito en la secretaria electoral nacional donde se le solicita a la justicia federal con competencia electoral que se avoque a la investigación de los hechos de los contratos en la Legislatura.
Entre sus argumentos se expone la incompetencia del fuero local para entender en el ámbito electoral y partidario y el financiamiento de las agrupaciones políticas.
Un asunto, el del financiamiento de los partidos políticos que encuentra una casi nula legislación en la materia, más aún en lo penal donde, salvo que se sospeche de un lavado de activos -delito federal-, el hecho no figuraría dentro del espectro propuesto como delitos.
El escrito lleva la firma de varios de los abogados, entre ellos Miguel Cullen y Julio Federik, letrados que encabezan las defensas de varios de los imputados y de legisladores que han sido citados aunque no están imputados.
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