El “olvido” de la jueza Estévez, de las autoridades de Salud, del Masvernat y de los profesionales que podría costarles el cargo y una investigación penal.

Tras la polémica, la Justicia investiga

La gran repercusión, indignación, las desmentidas y los cruces desnudaron la grave omisión de un deber impuesto a los funcionarios que pasaron por alto algo más que un detalle en el caso que conmociona a la opinión pública por el bebé que sobrevivió al aborto y murió en la chata a las horas.

Este viernes este Portal publicaba sobre el indignante hecho suscitado en Concordia de la práctica abortiva que salió mal, sobreviviendo el bebé de 5 meses, el cual tras agonizar por 10 horas finalmente murió tirado en una chata.

Un hecho que despertó el repudio y lamento primero del personal del Hospital Masvernat, los cuales vieron cómo se extinguía la vida de un recién nacido prematuro, y luego, a medida que trascendió las puertas del nosocomio, de la generalidad de la ciudadanía.

Tal fue la bronca y el repudio provocado que existieron voces que exigieron condena penal para la jueza de familia que, según había trascendido, habilitó la práctica abortiva.

A fines de noviembre, una menor de 13 años, junto a sus padres, se había presentado al hospital para que se interrumpa el embarazo el cual atribuyeron a un abuso sexual.

Sin embargo las autoridades del hospital y los médicos se negaron a hacerlo, en virtud de que no existía una denuncia formal de abuso sexual en la justicia por parte de la menor o de sus padres.

Ante la negativa concurrieron a la justicia, puntualmente ante el fuero de familia a cargo de la jueza, María Belén Estévez, recientemente designada en la magistratura.

Previamente a la judicatura, Estévez había conducido la secretaría de ambiente de la provincia, antes fue funcionaria del municipio en la gestión 2011-2015, en ambos casos con Gustavo Bordet como titular de los respectivos ejecutivos.

Estévez, ante la situación de la menor, le informó como también a sus padres, sobre el protocolo ILE que regía en la provincia, manifestándole que el caso no era judiciable, es decir, no debían recurrir a la justicia para que se ordene el aborto, sino que el hospital debía hacerlo, estaban obligados sin necesidad de una orden Judicial.

La jueza también citó a las autoridades del hospital y en idéntico sentido que a la menor les informó de la plena vigencia del protocolo.

Así lo dio a conocer la propia Justicia provincial este viernes, luego de la repercusión que tuvo la publicación de este Portal.

En otras palabras, Estévez desmintió una autorización, aunque confirmó que intervino para la que la práctica abortiva a la menor de 13 años se realice.

Luego del repudio y la polémica también salió la ministra de salud Sonia Velázquez a desmentir la noticia, incluso acusó falsedad en la información.

Exponiendo, asimismo, el ministerio, “su preocupación por la manipulación de información, exponiendo a niñas, niños o adolescentes, porque se vuelve a dañar la integridad de esas personas, vulnerabilizándolas nuevamente”.

Concomitantemente realizaba declaraciones públicas uno de los médicos del Masvernat, el Dr. Fernando Rivas, especialista en obstetricia y ginecología, exponiendo que el hecho era más grave aún.

“No fue un aborto, esto fue un parto inmaduro lo cual es mucho más grave”, dijo el médico acusando de presiones, “cuasi amenazas” por parte de las autoridades, aunque no reveló quienes, para que la práctica se realice a pesar del periodo gestacional del feto.

Sin embargo, ni la jueza Estévez, ni la ministra Velázquez, ni las autoridades del hospital, ni siquiera los profesionales, hicieron alusión al otro grave hecho inmerso en la génesis de la práctica abortiva.

Una menor de edad refiere haber sido violada y nadie, ni la jueza Estévez, las autoridades de salud, del hospital y sus profesionales, hizo nada.

Ninguno de ellos denunció o instó a las autoridades para que se investigará, a pesar del deber impuesto a los funcionarios públicos de poner en conocimiento de las autoridades judiciales la posible comisión de un delito del cual una menor fue víctima.

Todos los funcionarios mencionados tomaron conocimiento de una posible violación sin embargo omitieron aquel deber al que están sometidos.

Una omisión gravísima, más aún para la magistrada que es parte de la Justicia que debe investigar los hechos ilícitos, que no solo les podría costar el cargo a los funcionarios involucrados sino que también los deberia hacer pasible de una investigación penal por el delito de un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un hecho gravísimo que se desnudó tras la polémica de otro hecho igualmente lamentable, que debería preocupar a las autoridades judiciales y del ministerio que por ahora han preferido contestar a la prensa, cruzarla, y no hacerse cargo de su propia desidia con un saldo de dos víctimas.

Un gravísimo hecho que, tras la polémica y el olvido de las autoridades, ahora sí es investigada de oficio por una fiscalía de Concordia, la cual, se espera, que también tome cartas en el asunto ante la omisión de los deberes de los funcionarios, los cuales, con su silencio, han permitido que un abuso sexual quede impune.