Un nuevo frente judicial
Para la fiscal anticorrupción de los hechos surgidos en el informe de la división antilavado de la policía federal se manifiesta la posible comisión de delitos de su competencia.
El pasado 26 de noviembre el juez federal Leandro Ríos a través de una resolución judicial declaraba su incompetencia para investigar en la posible comisión de ciertos delitos que surgían de un informe presentado por la división de lavado de activos de la Policía Federal luego de sendos allanamientos en el Palacio Municipal, tesorería y en la sede de un estudio contable donde tenia fijado el domicilio el medio de comunicación “multimedio regional SRL”.
Un allanamiento donde se habían secuestrado más de 200 expedientes que posteriormente fue analizada por los contables de la fuerza federal.
Una fuerza que constató varias inconsistencias e irregularidades en la documentación, tanto en el plano administración como en el fiscal.
“Del informe de la División Lavado de Activos surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias, que corroboran la «disponibilidad de fondos públicos» por parte de los imputados Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Noemí Bordeira, Alan Nicolás Viola, Luciana Ernestina Lemos y Daniel Andrés Celis, como una “caja de dinero” de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes, lo que genera una vinculación al colectivo ilícito”, asegura el juez federal en el escrito.
Luego realiza un detalle de los 10 items que tiene en cuenta el informe de la división de lavado que resultan sospechosos y argumentan esta mentada “disponibilidad de fondos públicos” calificada como “caja de dinero” de la cual sustraían o desviaban los funcionarios.
Sin embargo y a pesar de las nuevas pruebas colectadas, contundentes las mismas, el jueves federal, por una cuestión de naturaleza delictiva, se declaró incompetente para avocarse a investigar los mismos.
“Del informe referido se advierte la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables prima facie en los arts. 260 (malversación de fondos), 261 del C.P. (peculado) o 174 inc. 5 del C.P (fraude al Estado municipal) por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí investigado, excediendo la competencia de este Juzgado Federal N° 1”, menciona tajante el magistrado federal para luego argumentar jurisprudencialmente su resolución de incompetencia.
Frente a esta decisión, remitió las actuaciones comprendidas en el informe de la división antilavado a la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, la cual aceptó la encomienda y a partir de este lunes se avocará a investigar al intendente y a varios de sus funcionarios por la posible comisión de los delitos de peculado y fraude a la administración.
Un nuevo frente judicial que se abre paso contra la actual gestión Municipal.