Una denuncia penal que termina con un cobro de pesos
Si bien ningún funcionario, que debió autorizar el inicio de las obras, fue sentado al banquillo, la causa del Círculo Médico desnudó los ya habituales negociados millonarios en este tipo de construcciones.
Probation para tres de los imputados en la causa por administración fraudulenta del Círculo Médico, deberán pagar 4,2 millones de pesos, una suma considerablemente inferior a lo defraudado, y realizar tareas comunitarias.
La jueza de garantías, Marina Barbagelata, dispuso la suspensión del juicio a prueba para cuatro profesionales que estaban imputados por administración fraudulenta a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en una crisis financiera del Círculo Médico.
Entre los imputados estuvieron los médicos Raúl Francisco Rodríguez, Justo José Uranga y Carlos Otaño, Ignacio Uranga y Alejandro Karavokiris –ex integrantes de la comisión directiva– y el contador Lucio Figueroa.
De los cinco imputados, dos fueron sobreseídos, Ignacio Uranga y Alejandro Karavokiris por considerar la magistrada que ninguno de ellos participó ni por acción u omisión de la maniobra delictiva.
Sin embargo, con respecto al resto, con la anuencia de la querella obtuvieron el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, comúnmente llamada probation.
El síntesis del acuerdo firmado este martes por las partes determinó que los imputados deberán pagar 4,2 millones de pesos a modo de resarcimiento por los daños ocasionados al Circulo Médico y, deberán realizar tareas comunitarias acordadas con la Justicia, durante dos años, salgo el contador Figueroa, que, por razones de salud que justificó se obligó a pagar a 10 tarros de leche de primera marca.
La denuncia había sido presentada por Alfredo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Vesco, en representación del Círculo Médico de Paraná.
La causa se inició en 2017 por una denuncia presentada por Alfredo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Vese –la nueva comisión directiva de la entidad- representados por la actual ministra de gobierno, la Dra. Rosario Romero que posteriormente se constituyó en querellante y recayó en los fiscales Matilde Federik y Gervasio Labriola.
De acuerdo con la denuncia, la comisión directiva del el Círculo Médico, sería administrador del fideicomiso en forma gratuita, en carácter de fiduciario, y asumía la obligación de adquirir el predio donde se construiría el denominado Barrio Médico II.
Para ese momento el terreno ya había sido adquirido a la familia Uranga –parientes de Justo e Ignacio Uranga, que integraban la comisión directiva de la institución–, pero la escritura recién se confeccionó el 12 de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad a la constitución del fideicomiso. Por el terreno se pagaron 433.848,96 dólares y luego otros 600.000 pesos por un juicio de usucapión que tenían pendiente los dueños originales.
Una suma de dinero, en dólares y en pesos, considerablemente superior al monto de dinero que los imputados este martes fueron obligaods a pagar para resarcir el grave perjuicio que le ocasionaron a la entidad.
Aquella gestión terminó mal y el Círculo Médico terminó haciéndose cargo de las deudas contraídas por el fideicomiso, como parte de los “acuerdos de reparación de daños” con los fiduciarios y sin siquiera consultar a los asociados.
Concretamente, el Círculo Médico asumió las deudas del fideicomiso con comercios proveedores de materiales, profesionales y contratistas. Para ello, echaron mano a distintas cajas, por ejemplo, se tomaron fondos correspondientes a los honorarios; se pidieron préstamos a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), mutuales –una de ellas protagonista de varios negociados denunciados- e incluso a parientes de empleados de la institución, también se llegó al punto de tomar créditos con prestamistas, en términos absolutamente informales, con intereses usurarios y, otra vez, sin autorización de los asociados.
Otro loteo de la capital entrerriana que termina en la Justicia por irregularidades, que si bien no llevó a ningún funcionario del municipio (de aquel entonces cuando se comenzó a construir), que debió autorizar o dar al factibilidad para el inicio de la obra, al banquillo que desnuda algo ya habitual en las obras de viviendas: la corrupción estructural tan enquistada en la administración.