Vecinos en guerra contra la corrupción estructural
Los vecinos están indignados y muy preocupados, se organizaron y buscan impedir que se lotee el espacio público a través de una demanda interpuesta en el Superior Tribunal de la Provincia.
Un escándalo de gran magnitud recorre las calles de la ciudad de Crespo por las consecuencias de una ordenanza recientemente promulgada por el intendente Darío Schneider y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de la capital nacional de la avicultura.
Se trata de la Ordenanza 69/18, a través de la cual se creó el Programa Municipal denominado “100 Terrenos”, el cual tiene el loable objetivo de dar respuesta a la necesidad habitacional de 100 familias crespenses con recursos medios o bajos.
Sin embargo, uno de los artículos de la norma despertó la indignación y la preocupación de un gran número de vecinos ya que entre los espacios previstos para ceder a las familias se encuentran aquellos destinados para las plazas públicas.
La norma sienta un peligroso precedente legislativo en el loteo de los espacios verdes que sirven, en el mayor de los casos, como pulmón de la ciudad.
Esta legislación colisiona con los artículos 30 y 31, del Código e Normas Básicas de Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo de la ciudad (Ordenanza 46/09) que indican que «las parcelas destinadas a espacios verdes no podrán afectarse a otro uso que no sea el de plazas, jardines, plazoletas o similares, aceptando como uso complementario el de juegos infantiles» y que «las parcelas destinadas a reservas para equipamiento comunitario, podrán dedicarse a la construcción de edificios públicos y/o estacionamientos para vehículos, no para viviendas privadas ni planes oficiales».
Se trata de una grave problemática en la ciudad que esconde sin dudas, como en la mayoría de los casos, un gran negociado para unos pocos.
Muestra de ello es el precio de los terrenos loteados que se destinarán a las familias inscriptas en el programa municipal, ya que trascendió que ascienden de 200 mil pesos a 300 mil, cuando el valor real, al menos lo que pagaron los vecinos lindantes es de varios miles de pesos más, entre 500 y 800 mil pesos.
Más allá de esto, lo más indigente del caso es que la ciudad quedará sin ningún espacio público, con todo el impacto ambiental negativo que esto acarrea.
Para evitar este futuro daño ambiental, un grupo de vecinos, no todos porque muchos manifestaron temor a represalias, se presentaron a la justicia para detener la venta de su plaza llevando esta gravísima situación a la Justicia entrerriana.
Este lunes, ante la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia, estos vecinos, representados por la Dra. Sonia Spreáfico, interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
Mediante la misma pretenden que el alto cuerpo judicial de la provincia, en pleno, declare la inconstitucionalidad de la norma contenida en la ordenanza 69/18 que permite la venta de los espacios públicos crespenses.
Una gravísima irregularidad de las autoridades municipales de Crespo, en esta oportunidad sin distinción de partidos políticos ya que la unanimidad de los concejales permitió la aprobación de la perjudicial ordenanza que posteriormente promulgó el intendente, todos estos bajo la excusa del déficit habitacional.
El escándalo involucra nuevamente a las urbanizaciones, moneda corriente de las autoridades y privados para sacar provecho con sus espurios y millonarios negociados en desmedro de las necesidades de la gente.