Sospechas de vaciamiento y cierre de un organismo provincial para tapar gravísimas irregularidades de funcionarios públicos

La denuncia llega de manos de los propios trabajadores de la repartición quienes apuntan a los funcionarios que la dirigen por hechos de corrupción en la ejecución de viviendas.

Desde la Unidad Ejecutora de Programas Especiales, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, los trabajadores denuncian una grave situación que involucra a altos funcionarios del área y del gobierno provincial.

Según sostienen, desde muy arriba, habría llegado la orden de cerrar la dependencia, aunque el motivo es lo que realmente preocupa, ya que aquellos empleados sostienen que la misma se otorga  luego de que se suscitaran algunas irregularidades, que incluso llegaron a la justicia.

La denuncia de los trabajadores llegó a la redacción de este Portal a través de una carta certificada del Correo Argentino, en la misma, una extensa misiva relataba cada uno de los hechos que los mismos calificaron como irregulares, incluyendo decretos, certificados de obras y demás documentos.

La preocupación de los denunciantes también consiste en la inminente perdida de sus fuentes laborales en virtud de que el vaciamiento y cierre de la dependencia, importará, en muchos de los casos,  la no renovación de contratos.

Con el cierre, indican en la denuncia, se evitará, y de ahí las razones,  que  no avanzaran las investigaciones o que no salieran a la luz.

Concretamente, denuncian ciertos hechos de corrupción que se habrían producido en la ejecución de viviendas en algunos municipios, con supuestas falsificaciones de pagos, irregularidades en los decretos y demás.

Entre ellos, destacan la gravedad de una situación suscitada en Concepción del Uruguay en 2014. De acuerdo con lo que señalan, los funcionarios al mando habrían firmado documentación señalando que las viviendas se habían finalizado, cuando no era así.

De acuerdo con los datos que fueron acercados a este Portal, al entonces intendente Carlos Schepens y el secretario de Planeamiento Mario Acuña, habrían firmado decretos, pagos, avances de obra y demás que no se habrían concretado.

Según denuncian, se habrían falsificado pagos de facturas, planillas de avances de obra y gastos, entre otros documentos.

Entre las irregularidades que constan en los expedientes que llegaron a este Portal, se habrían realizado transferencias de fondos antes de que estuvieran firmados los decretos de autorización correspondientes, lo que consistiría en una ilegalidad.

Estas  anomalías se habrían dado en una transferencia de fondos de la municipalidad al consorcio concretada el día 12 de octubre de 2013, pero el decreto que autorizaba ese movimiento, el 23.626, fue firmado con posterioridad, el 3 de diciembre del mismo año.

Lo mismo habría ocurrido el con una transferencia hacia el consorcio del 19 de junio de 2015 y el decreto firmado el 24 de octubre de 2015, que además, era sábado, es decir, un día no hábil para la administración pública.

También denuncian que el entonces presidente municipal, Carlos Scheppens, habría firmado los convenios para la construcción de viviendas antes de que se sancionara la ordenanza que lo autorizaba.

Lo mismo habría ocurrido con el acta de inicio de obras, que se habrían firmado previo a la rúbrica de los contratos respectivos.

Por otra parte, denuncian la superposición de cargos de Acuña, que era secretario de Obra Pública del municipio y presidente del consorcio de viviendas de manera contemporánea.

Es más, sostienen que asumió la presidencia del consorcio y se tomaba atribuciones de tal, como el gasto de los fondos y la firma de convenios, antes de su designación oficial para tal función.

Estas irregularidades constan en los archivos y expedientes enviados a este Portal de parte de trabajadores de la Unidad Ejecutora, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias y persecución laboral.

Según afirman, temen que sus contratos no sean renovados o que sean dados de baja con la propuesta de cerrar el área, algo que sostiene que se haría para tapar las numerosas irregularidades que se investigan.

Destacaron que este caso ya se denunció penalmente ante la Justicia, pero afirman que los avances son escasos y que la intención de cerrar la repartición es para tapar los hechos y que no salgan a la luz.