La decisión de Farinó y Federik en beneficio de la corrupción y en perjuicio de los más humildes

Un peligroso precedente que reaviva las críticas sobre el poder absoluto de los fiscales, mientras tanto el Estado pierde millones, con pobres como únicos perjudicados,  y los jueces lo miran, pintados.

El 13/05/2019 iniciaba una investigación penal por un hecho grave en torno a la administración pública, tanto en el proceso, por las falencias, como en sus consecuencias dañosas.

El resultado o desenlace tenían, como suele suceder con la corrupción, como únicos perjudicados, los más pobres de la provincia.

Una Provincia que viene siendo noticia justamente por los niveles de pobreza e indigencia de los últimos daños.

Los últimos datos son verdaderamente dolorosos y alarmantes, casi el 52% de los gurises entrerrianos son pobres.

La crisis económica a la que nos condujo la gestión de Mauricio Macri hicieron lo suyo, sin embargo, en la provincia tampoco se tomaron medidas para apaliarla, no solamente eso, la corrupción estructural, arraigada en la administración provincial, mas allá de los discursos, no fue combatida, sino convalidada.

El hecho denunciado que motivó la investigación dejaba en evidencia que la lucha contra la corrupción es solo una proclama electoral, un discurso.

El gobierno de Gustavo Bordet había tomado la decisión de beneficiar económicamente a una de las empresas más ricas de la provincia y del país, todo estaba acordado para que el Casino Victoria S.A. de propiedad del multimillonario, conocido en la prensa nacional como “el zar del juego”, Daniel Mautone, pagara menos por el acaudalado negocio de la explotación del juego.

La decisión de la gestión Bordet se tomó sin importar que en el medio quedaran postergados aún más, miles y miles de pobres e indigentes.

A principio de marzo del 2018, como materialización de esta decisión, la empresa presentaba ante el IAFAS una nota solicitando la reducción del canon mensual que debe pagar por la explotación de las máquinas tragamonedas.

Hasta la fecha  el porcentaje del canon era del 32%, pretendían llevarlo a un 30%, algunos dirán son pocos puntos, sin embargo, expresados en dinero la cosa cambia, la reducción implica a la hecha la suma 70 millones de pesos menos para las arcas estatales.

Trazando un paralelismo: 35 ambulancias nuevas, 0 km, de alta complejidad para la provincia.

A Bordet y a los funcionarios del IAFAS no le importaron estas 35 nuevas ambulancias, tampoco los 130 mil módulos alimentarios que se podrían haber adquirido para enfrentar las seria situación social, el hambre, que se viven en los barrios de la Provincia.

El 31 de mayo del 2018 el directorio del IAFAS compuesto por su presidente Silvio Vivas, y los dos directores, Guillermo Dubra y Gabriel Abelendo suscribían la Resolución 0501 autorizando la millonaria reducción del canon al casino de Mautone.

El daño al erario público es manifiesto, surge tan solo de constatar cuánto dinero ingresa a la Provincia en tan concepto y cuanto ingresaba sin la reducción, traducido en cifras reales y concretas, 70 millones de pesos. Monto que crece mes a mes.

Asimismo en el proceso administrativo para llegar a la reducción se pudieron observar varias falencias o irregularidades, puntualmente con el fundamento dado por el organismo público para otorgar el millonario beneficio en favor del privado.

La firma, para solicitar la modificación del contrato en su beneficio, expuso como fundamento “la grave crisis económica financiera que atraviesa la empresa como consecuencia de la pesada carga tributaria”,

Para que se entienda, la empresa le pedía pagar menos porque la estaban pasando mal económicamente, el argumento exclusivo que trajeron a colación fue un tributo municipal que nunca pagaron, porque gestiones anteriores en la ciudad de Victoria nunca le cobraron, y que a partir del 2015 empezaron a exigirles.

No era para menos, en Victoria como en cualquier ciudad de la Provincia, todos los negocios, sean rentables o no, deben pagar tributos, tasas municipales, el arreglo de Mautone en la ciudad de la vicegobernadora con los intendentes anteriores  fue de exención en las tasas, llegó Domingo Maiocco y les dijo “todos pagan, Uds. también paguen”, el asunto se judicializó, y la Justicia le dio la razón al intendente.

Lo que la empresa no decía es la cantidad de millones que le ingresan por día por las maquinitas solamente, tampoco había ni siquiera mencionada las numerosas licitaciones que le habían sido adjudicadas en otras provincias para que explote el juego, menos de los negocios inmobiliarios de propiedad de la firma, tampoco de los millonarios ingresos de su titular.

Un solo ejemplo de los tantos: la gobernadora María Eugenia Vidal le adjudicó al Casino Victoria S.A. los casinos más imponentes del país, el Central Mar del Plata  y Monte Hermoso.

Las cifras que le ingresan a la firma por los mismos es sideral, y el canon que pagan es del 55%.

Mientras Mautone pedía la reducción al 30% en Entre Ríos firmaba el 55% en favor de Buenos Aires, en esta provincia, la argumentada “crisis económica” no existía, llamativa.

Estos dos argumentos, el daño patrimonial al erario público, a los más humildes de la provincia, y el falaz fundamento de una crisis que no existe, fueron llevados a fiscalía para que investigue.

En manos de la fiscal Paola Farinó estaba la lucha contra la corrupción que solo beneficia a los millonarios privados y funcionarios y solo se perjudican a los que menos tienen,  un combate que, salvo contadas excepciones, parece ser en vano.

Entre las excepciones lamentablemente no figura Farinó, tampoco su jefa, la fiscal coordinadora, Matilde Federik, al menos así surge de la una reciente resolución de las mismas.

Luego de 7 meses que duró la investigación Farinó dijo no encontrar elementos para encontrar configurado delito alguno, desestimando la causa.

Y lo hizo, siendo palpable el daño al erario público y con argumentos de sobra que determinaron que la justificación de la empresa sobre la crisis económica financiera no existía.

Pero, realmente, ¿Qué medidas adoptó la fiscal para llegar a semejante conclusión? La respuesta se reduce a solo una, al menos no surge otra de los considerandos de la disposición de la desestimación.

En 7 meses de investigación Farinó solo pidió informes al IAFAS para que le remita el expediente administrativo de reducción del canon.

La cuestión en la investigación era determinar si existió un daño y si el mismo debía ser soportado por el estado, como también la existencia de un beneficio económico, en este caso millonario, mal otorgado por los funcionarios públicos.

Sin embargo la fiscal no ofició a la empresa para que la misma presente sus libros con los movimientos de ingreso y egreso, al menos no surge de los considerandos otorgados.

La omisión es grave, más aun cuando fue solicitada en la denuncia y ni siquiera fue considerado por la fiscal.

La clave estaba en determinar si existió un propósito de favorecer  económicamente a Mautone, siendo trascendental, a su vez, precisar si la crisis económica y financiera existía, dando por cierta la existencia del daño. Farinó no lo hizo.

El desenlace es lamentable, un hecho grave por sus consecuencias otra vez inmerso en la impunidad del poder político, la corrupción gana otra vez.

El precedente que deja la resolución, por su criterio, sus considerandos, es más grave aún: un perjuicio millonario al erario público con justificaciones totalmente falsas no constituye delito.

El mensaje a los funcionarios y empresarios es claro: continúen beneficiándose, incrementen sus patrimonios a costa de la gente, en Entre Ríos está permitido.

Una decisión la de Farinó, refrendada por Federik que reavivan la polémica sobre la función que cumple los jueces entrerrianos en el fuero penal y las críticas del poder que se le ha otorgado a los fiscales en la Provincia, por obra y gracia del ex gobernador Jorge Busti cuando implemento la procuración general.

Hoy los ciudadanos estamos a la deriva en la Justicia, dependemos pura y exclusivamente de la buena voluntad que pueda tener o no un fiscal, no podemos pretender más, los jueces de garantías están pintados, todo lo decide fiscalía, conforme al criterio del fiscal que este de turno.

Y sucede en un momento muy particular, donde la Justicia y el poder político están como nunca en boca de todos por sus conexiones, vinculaciones y las operaciones para paralizar causas en beneficio mutuo y en perjuicio, en definitiva, de los ciudadanos.

Un momento en la Provincia donde ya es manifiesta la impunidad de algunos funcionarios, producto de estas muy comentadas operaciones político-judiciales.

La semana pasada los argentinos recibíamos un mensaje esperanzador respecto de estas maniobras del propio presidente Alberto Fernández que fue claro al decir que en el país que venía se iban acabar estas operaciones.

“Cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana”, decía el mandatario citando a un penalista clásico y siendo contundente con el “Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

Palabras que no fueron escuchadas en los Tribunales entrerrianos donde está claro que reina una corporación atenta, exclusivamente, a satisfacer los deseos de los poderosos.

3 comentarios

Candela Placeres 16 diciembre, 2019 at 6:33 pm

Inverosímil y sin palabras. Quiero ser fiscal porfi.

Responder
GRACIELA 16 diciembre, 2019 at 8:52 pm

ASCO ME DAN ESTOS FISCALES, REPGNANCIA ESTAN AHI PARA INVESTIGAR POR EL PUEBLO NO PARA TAPAR CHANCHUYOS

Responder
teresa 29 diciembre, 2019 at 9:56 am

¡BASTA…!!!

Responder

Dejar Comentario