Bellotti dejó de ser subadministrador de la DPV y Benítez anunció cambios en todas las zonales y direcciones

El gobernador firmó el decreto que ratifica a la funcionaria al frente de la DPV, a pesar de las numerosas denuncias por corrupción que salpican al organismo.

El cargo de subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos está vacante, ya que Antonino Bellotti no continuará en ese puesto según confirmaron trabajadores del organismo.

Sostienen que le pidieron que despejara la oficina que ocupaba y que volvió a área legal junto con sus secretarias, ya que es empleado de planta de la DPV. De todos modos, afirman que, si decide no seguir en Vialidad, su destino podría estar en el ministerio de Gobierno, junto a Rosario Romero.

Sin embargo, llamativamente, el gobernador Gustavo Bordet confirmó en su cargo a la directora de Vialidad, Alicia Benítez, que ya anunció que hará cambios radicales en el organismo.

El decreto de designación de Benítez llegó este lunes con la firma de Bordet, aunque no figuraba el nombre de Antonino Bellotti, con lo que se confirmó que debía dejar el cargo de subadministrador.

También se anunció que a partir de los primeros días de enero serán reemplazados todos los directores, jefes zonales y demás, cuyos reemplazantes serán designados por Benítez.

Sin dudas, la lamentable situación vial de la provincia, que causa accidentes e incluso muertes, y las numerosas denuncias por corrupción que involucran a la DPV, no son responsabilidad de la administradora Benítez a los ojos del gobernador.

A pesar de que las denuncias se acumulan, Bordet sigue sin ponerse al frente de una denuncia o investigación contra Vialidad.

El mayor escándalo que se destapó este año fue el del robo de combustible mediante el sistema denominado YPF Ruta, que posibilitó un desfalco millonario al Estado entrerriano.

El sistema fue implementado por decreto por el hoy senador nacional Edgardo Kueider en 2016, y se estima que a la fecha se produjo un fraude que supera los 100 millones.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull inició una investigación judicial, que tuvo allanamientos y otras medidas, a partir de una publicación de este Portal en la que se daba cuenta del modus operandi para cometer este delito.

Mediante un convenio con la petrolera YPF, existía una tarjeta con un tope mensual de 100 mil pesos para cargar nafta que poseían ciertos empleados y directivos.

Aunque el sistema tenía como objetivo impedir el robo de combustible, terminó facilitándolo, ya que se registraban vehículos fuera de servicio como si hubieran cargado gasolina, o autos y camionetas a los que supuestamente se les llenaba el tanque durante la mañana, el mediodía y nuevamente a la noche.

Tanto el control como la autorización del gasto está a cargo del área que conduce la coordinadora contable Guillermina Garro, que, según comentaron los empleados, pasaba por alto los controles, es más, sostienen que los ticket de combustibles los guardaba en un cajón ni bien se los daban sin ningún tipo de inspección al mismo.

Denuncias por irregularidades con este sistema llegaron desde diferentes puntos de la provincia y hay preocupación en las zonales porque no se destape el escándalo.

De todos modos, los empleados reclaman que no se corte el hilo por lo más fino, sino que se investigue a fondo la connivencia entre los funcionarios y los privados, como estaciones de servicio.

El estado de las rutas entrerrianas también es motivo de sospecha. Una gran parte de los caminos provinciales se encuentran totalmente destruidos.

Rutas como la 1, 6, 18, 20, 23 26, 38, 39, entre tantas otras, se encuentran prácticamente destruidas, y se denuncian e investigan irregularidades en las obras, ya que algunas incluso presentaban estados deplorables a meses de haber sido inauguradas.

Tristemente, cada vez que un entrerriano sale a la ruta, pone en riesgo su vida debido al abandono que presentan algunos trazados.

En la provincia causó particular conmoción el caso de la docente Pamela Smail, que murió tras despistar su auto cuando intentaba esquivar un bache en la Ruta 20, que ella misma había denunciado por su lamentable estado.

Ante la pérdida de una vida que causó gran repercusión en la provincia, la respuesta del gobierno provincial fue paupérrima: mandaron un derruido camión modelo 78 a tapar el pozo fatal con broza, una solución sumamente transitoria.

Peor aún, en otras rutas provinciales Vialidad usó el mismo camión antiguo que se rompe a cada rato para tapar otros baches con tierra, sí, tierra, situación que fue denunciada por vecinos ante este Portal.

Esta efímera e irrisoria solución se comprende con un anuncio que hizo la propia Benítez a los jefes zonales. La administradora les expresó que en apenas cuatro meses, la DPV ya se había gastado casi todo el presupuesto previsto para 2019, que totalizaba $3.548.102.000.

Vialidad también está inmersa en una investigación por el manejo de las balanzas, luego de que este Portal se hiciera eco de una denuncia que señalaba que ciertas rutas “se liberan” para que camiones excedidos de peso puedan transitar sin pagar multas.

Esto surgiría a partir de un acuerdo entre empresarios transportistas y funcionarios viales, que contarían con millones de razones para evitar la disposición de balanzas que los controlen, lo que daña notablemente los caminos entrerrianos.

Incluso legisladores provinciales se hacen eco de la preocupación de los vecinos con pedidos de informes por el estado de las rutas, como Lucas Larrarte y Pablo Canali, y reclamos a Benítez, como uno durísimo que hizo la senadora Nancy Miranda.

Más allá de eso, Bordet no considera que la encargada de la administración de Vialidad sea responsable por las numerosas irregularidades y la ratificó al frente del organismo.

Sin embargo, el gobernador sí creyó necesario un cambio en el resto de los cargos de directores, jefes zonales y funcionarios, y comenzó por el segundo de Benítez, que entró junto con ella, Antonino Bellotti.

Mientras tanto, las rutas provinciales siguen siendo una potencial trampa mortal para los entrerrianos que las transitan, pero eso parece no tener peso en la conciencia de Bordet o de sus funcionarios.

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