A pesar de las pruebas y denuncias por las fuertes vinculaciones del empleado provincial con las ministras Romero y Stratta y sin que existiera razón alguna para referirse a sus conexiones, el magistrado lo calificó como “vende humo” sin ninguna vinculación con funcionario.
El jueves 23 de enero nos enterábamos que un empleado del ministerio de gobierno y justicia de la provincia, era detenido en su vivienda de calle Montevideo y Libertad, acusado de aberrantes hechos contra la integridad sexual.
Se trataba de Antonio Cardoso, estatal perteneciente a la subsecretaria de derechos humanos, adscripto a la secretaria de trabajo, que, bajo promesas de trabajo en la administración pública, se acercaba a sus víctimas, para después convencerlas de concurrir a su residencia, drogarlas y violarlas.
La exposición ante la ciudadanía de su fotografía, muy sonriente y abrazando al gobernador Gustavo Bordet, fueron el disparador de una infinidad de mensajes atribuyéndole distintos hechos ilícitos.
En todos los casos se reiteraba la misma circunstancia, Cardoso se jactaba de vínculos con personas de mucho poder dentro de la estructura provincial, y lo que es peor, o agrava la situación, sus fuertes conexiones fueron reales.
A este Portal comenzaron a llegar audios de estatales, funcionarios y policías que daban cuentan de sus fuertes lazos e incluso protección de la ministra de gobierno y justicia, Rosario Romero, como también de la actual vicegobernadora, Laura Stratta, en su época de ministra de desarrollo social, como asimismo con la cúpula policial.
Respecto de la ministra Romero, la prueba es incontrastable, Cardoso no solo obtuvo la adscripción a la secretaria de trabajo porque ella en persona lo pidió, sino también que gozó, al poco tiempo de un ascenso suscripto por la misma y Bordet.
Los privilegios fueron una constante para Cardoso, autos oficiales para su disposición, vales de nafta por montos siderales, como también la posibilidad de no concurrir a su lugar de trabajo, por si algo le faltaba también era ñoqui.
El amparo, por parte de la ministra Romero, fue notorio y palpable, hasta que cayó preso, ahí y solamente ahí se intentó despegar de su empleado con un comunicado donde sostiene que no formaba parte de la subsecretaria de derechos humanos, aunque omitiendo que fue ella quien ordenó y gestionó la adscripción y el resto de los beneficios mencionados.
Este medio cuenta con un audio donde un funcionario provincial asegura que Cardoso recaló en la secretaria por pedido personal de la ministra y con el fundamento de que, por otras relaciones del empleado, él se encargaría de gestionar para la repartición autos secuestrados por las fuerzas de seguridad.
Con el ministerio que conducía Stratta también mantenía vínculos, grandes cantidades de bolsones de alimentos, chapas y demás estuvieron siempre a disposición de Cardoso, el mismo pasaba por el quinto piso del CGE los gestionaba y luego los retiraba del galpón del ejército para llevarlos a su casa, ahí los retenía acopiados, luego los intercambiaba.
Estatales relataron a este medio que el empleado vendía los elementos de la ayuda social a otros particulares o los ofrecía a mujeres a cambio de favores sexuales.
Si bien no se corroboró, esta aberrante práctica era comentada en los pasillos de la secretaría de Trabajo y la hipótesis toma mayor fuerza con el conocimiento de los hechos que la justicia le imputa.
Cardoso habría trasladado los materiales, alimentos, bolsones y demás desde el ministerio hasta su vivienda en una camioneta color verde, que provendría de un secuestro policial, aunque el empleado afirmaba que era de su propiedad.
La lista de importantes funcionarios con los cuales se relacionaba Cardoso es amplia, también está incluida la cúpula policial.
Un agente de la policía entrerriana, pidiendo reserva de nombre, con audios del propio Cardoso denuncio como era objeto de coacción y extorsiones por un negociado que el empelado del ministerio de Romero mantenía en la fuerza de seguridad.
Según la denuncia, por sus relaciones con la cúpula, se dedicaba a gestionar y conseguir traslados para los policías, estos debían abonarle la suma entre 15 mil pesos y más, por el trámite cuando le salía.
El denunciante obtuvo el traslado, pero según indicó nunca le pidió nada a Cardoso, que era conocido en la fuerza por este “emprendimiento”, sin embargo se enteró de que había iniciado el trámite y luego lo siguió, operando con las altas cumbres policiales par que suscriban el beneficio al agente.
Cuando salió el traslado, a través de mensajes y llamados, comenzó a hostigarlo y amenazarlo para que le entregue 15 mil pesos.
Este Portal expuso cada una de estas nuevas denuncias como también las relaciones de Cardoso con el poder, estaba claro que el empleado estatal, utilizó estas conexiones para aprovecharse de sus víctimas, estaba claro que el Gobierno le facilitó las herramientas para perpetrar los aberrantes hechos.
En otras palabras, si Cardoso no hubiera tenido estas relaciones, no hubiera podido convencer a sus víctimas para que concurran a su domicilio bajo promesa de encontrarles un trabajo.
Luego de estas distintas publicaciones, el juez Pablo Virgala, en oportunidad de resolver sobre la apelación de la prisión preventiva ordenada por el juez José Ruhl, habló sobre estas vinculaciones.
Vírgala calificó a Cardoso como un “vende humo” y embaucador” que “prometía sanciones, trabajo, valiéndose de nada. Como se dice en la jerga, vendía humo”.
Asimismo como fundamento de su resolución sostuvo “era un simple empleado sin poder, sin poder, con su forma de relacionarse, con la convicción de su palabra, con fotos, ha logrado lo que ha logrado”.
Agregando que Cardoso no embaucaba a sus víctimas “porque era un buen samaritano que iba por la calle ayudando a la gente, se relacionaba, incluso acompañó a gente a misas de algunos conocidos sacerdotes de la ciudad, conocidos por unas propiedades que se les atribuyen. Es un embaucador, tiene las características propias de los embaucadores”.
Sus palabras llamaron la atención, primeramente, porque se intentaba resolver la situación de libertad ambulatoria de Cardoso, si se lo beneficiaba con la domiciliaria o no, apareciendo a simple vista como innecesaria la referencia al modo en que perpetró los aberrantes hechos.
¿Qué necesidad había en el magistrado de hacer mención a la falta de vinculaciones de Cardoso con importantes funcionarios provinciales?
Más aun cuando, a pesar de las denuncias y las pruebas publicadas que dan cuenta de sus fuertes lazos con Romero, Stratta y la cúpula policial, ni siquiera fueron incorporadas por la Justicia y por lo tanto no forman parte de la investigación.
Es mas de su red social Facebook, la cual curiosonamente dejo de existir recientemente, se podían observar fotografías de Cardoso en cenas institucionales con importantes funcionarios policiales.
Da la impresión que el juez intentó ejercer una defensa de los encumbrados funcionarios de quienes Cardoso obtenía beneficios y protecciones, los cuales, de alguna manera, poniendo a disposición del mismo, recursos o elementos estatales, le facilitaron al empleado provincial cometer los hechos.
Los traslados policiales constituyen uno de los paradigmas por de más elocuentes, Cardoso no solo los prometía, sino que los conseguía, lo mismo sucede con las chapas y bolsones, no solo los prometía, sino que los otorgaba y hasta los tenía a disposición en su casa.
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2 comentarios
OBVIO. EL PODER, LOS UTILIZA Y DESPUÉS LOS DESCONOCE. QUE HACE UN JUEŹ, TRATANDO DR DESPEGARLO DEL PODER???
DISIMULEN UN POCO!!! ???