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El caso del portuario millonario que puso de manifiesto aportes espurios en el financiamiento de la campaña política del bordetismo y que nadie quiere salir a aclarar, el silencio y la mordaza, la estrategia provincial.
El sindicalista y empresario portuario millonario, Herme Juárez nuevamente es noticia por sus manejos mafiosos.
Recuperada su libertad ambulatoria tras el dictado de la excarcelación pero aun relacionado a la causa como procesado por comandar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos económicos, ahora Juárez se encuentra abocado a la búsqueda desesperada de retomar el poder en la Cooperativa que dirigía.
Algunos episodios dan cuenta que el clima en la cooperativa es turbio, existiendo varias denuncias de irregularidades, la de un transportista a la entidad por falta de pago de los servicios y un presunto intento de coima, o la agresión que sufrió un empleado de la institución, nieto de Juárez, quien intentaba divulgar un petitorio pidiendo el regreso del dirigente.
Frente a este panorama que en todos los casos apuntan a Juárez, un grupo de asociados de la entidad, solicitó la intervención de la justicia.
Fue así que el juez de Campana, Adrián González Charvay, le impuso al dirigente la prohibición de acercamiento a todas las dependencias la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto General San Martín.
No fue la única circunstancia en que quedó involucrado el portuario millonario, conociéndose luego de la perimetral, otra grave denuncia que denota los tintes mafiosos con que se maneja el portuario.
Marcelo Urban, interventor del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Puerto General San Martín y Gaboto, Bella Vista y Timbúes, denunció este viernes que “sicarios armados del ex secretario general del gremio, Herme Oscar Juárez, amenazaron a choferes de la organización sindical”.
De acuerdo a la presentación judicial, poco después de las 14 de del viernes, dos personas subieron “con total impunidad” a un colectivo que transporta a afiliados a sus trabajos, amenazaron al conductor y le exigieron que “cese el servicio”, a la vez que le encomendaron que enviara “un mensaje mafioso a los otros choferes diciendo: ‘serán agredidos a tiros’ y ‘es la única vez que se avisará’”.
El hecho ocurrió a metros de la sede sindical, que está custodiada por la Prefectura Naval luego de las denuncias de “aprietes” realizadas por la intervención del Supa.
De acuerdo a los interventores, esto responde a que se desarticuló “un negocio millonario de Juárez vinculado con el transporte, y el pesado sindicalista respondió con amenazas telefónicas, daños a los vehículos de transporte del gremio y todo tipo de aprietes y mensajes mafiosos”, según confiaron las fuentes de la intervención.
Un hombre de este calibre como Juárez es el bancó la campaña electoral de Isa Castagnino y el PJ de Victoria.
Así lo determinó el juez federal que procesó a Juárez, al asegurar, conforme a escuchas y documentación que obra en la causa, que la entonces edil y candidata a intendenta de la ciudad recibió aportes de la cooperativa de Juárez que fueron destinados a la adquisición de gigantografías o material proselitista para la campaña del 2019.
Dinero que se determinó provenía los hechos ilícitos como defraudaciones y coacciones.
Fondos turbios que se ponían en circulación en el sistema financiero legal constituyendo una de sus formas o maniobras para hacerlo el financiamiento de campañas políticas de varios dirigentes políticos.
La causa, grave por donde se la mire y sus vinculaciones con la provincia de Entre Ríos, provocó un cimbronazo en el gobierno provincial, un verdadero tsunami sacudió a su cúpula.
No era para menos, más allá de denuncias e investigaciones que se llevan adelante contra dirigentes políticos locales, nunca lo habían sido con semejante magnitud.
Estamos hablando de un hombre ligado estrechamente con la mafia, la asociación ilícita, la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.
Tal vez la comparación solo es posible con la causa también federal que se llevó contra el ex intendente Sergio Varisco, el cual fue condenado por el TOF por considerarlo partícipe necesario de comercialización de estupefacientes.
El paralelismo es manifiesto, según el procesamiento suscripto por el juez federal Leandro Ríos y la condena suscripta por el TOF, la campaña de Varisco del 2015, aquella que le permitio hacerse de la intendencia, fue financiada con dinero del narcotráfico.
Pero esta circunstancia, si bien pesó en la condena, no fue el motivo de la misma. Lamentablemente el financiamiento de las campañas políticas con dinero del narcotráfico o de cualquier otro delito como el lavado de activos o la asociación ilícita no es delito en el país.
Más allá de esto es sumamente interesante y sirve de comparación un extracto de la sentencia de condena de Varisco por narcotráfico.
“Para poder entender la dinámica de esta organización, es necesario recurrir al contexto histórico en el cual se entretejieron las relaciones entre los aquí imputados, principalmente entre Daniel Celis, Lemos, Varisco, Hernández y Bordeira. Un análisis integral de los datos probatorios, permite afirmar que esas conexiones ocurrieron a partir de la campaña para la elección a Presidente Municipal, en el año 2015, aunque también se estableció que D. Celis ya había participado en la campaña 2011, financiando parcialmente a ambas”, sostiene la magistrada en la página 393 de la sentencia, para adicionar.
“No es casualidad que el financiamiento político en los niveles municipales y provinciales carezca de una sólida legislación, en cierto punto porque cunde el desinterés en este aspecto, o en todo caso, los gobiernos eternizan esta situación para disimular la recepción de dineros espurios”, continua.
El párrafo es lapidario contra la dirigencia política, pero más aún contra las máximas autoridades de gobierno, tanto municipal como provincial.
De la misma surge que las situaciones de Varisco que se financió con dinero del narcotráfico que le aportó Daniel Celis y la de Isa Castagnino con los aportes de Herme Juárez, son idénticas.
Si bien podría interpretarse como diferencia la circunstancia de que el de Cambiemos llegó al poder, y la del PJ fracasó electoralmente a nivel local y no tuvo posibilidad de emprender personalmente la segunda etapa que le sigue obligadamente a la entrega de dinero, la contraprestación por el financiamiento, lo cierto es que el justicialismo a nivel provincial resultó victorioso.
El dato no es menor si se piensa que la imagen de Castagnino no fue la única que aparecía en las gigantografías que se presumen fueron pagadas con el dinero del portuario procesado por lavado y asociación ilícita, también los máximos referentes provinciales figuraban en el materia de campaña que se difundía desde Victoria.
La contraprestación del financiamiento proveniente de actividades ilícitas también fue abordada en sentencia del Tribunal Oral Federal contra Varisco y es lo que en definitiva si pesó para tenerlo como partícipe necesario de la comercialización de droga.
“En este marco, se advierte que un aspecto de la narcocorrupción es el ingreso de dinero ilícito para financiar las campañas políticas, por supuesto que esta contribución no es gratuita. En la emergencia, surge del plexo probatorio que el propósito de Daniel Celis era obviamente tener autoridad e influencia, para manejar, dominar, ser una especie de regente de la importante Unidad Municipal 2, que tenía jurisdicción en un extendido ámbito territorial de esta ciudad y en su consecuencia, ese enclave institucional le concedería protección para continuar con la actividad prohibida”.
Una diferencia si constatable entre Varisco y Castagnino surge de la consideración política de ambos, el paranaense sin dudas fue el máximo referente o dirigente en la ciudad por su partido.
En este sentido, nadie pudo creer su versión defensiva de que no sabía a qué se dedicaba Celis cuando lo sumó a su espacio, como tampoco cuando lo sumo a su equipo de gobierno o sus seguidores.
Tanto el juez de instrucción como el tribunal de juicio echaron por tierra esta estrategia defensiva, se sobreentendió que siendo la máxima figura del radicalismo en Paraná, no podía estar ajeno a los acuerdos que su sector realizaba, máximo cuando el resultado del mismo le reportaba un beneficio político personal, el cual se vio reflejado incluso en las urnas.
Con Castagnino no pasó lo mismo, en su ciudad, Victoria, saben, conocen y nadie discute que todo lo que sea PJ pasa por la exclusividad Laura Stratta, la máxima referente local, más aun cuando la misma fue bendecida para aspirar al segundo cargo más importante de la Provincia.
En la ciudad de las siete colinas, todos los comentarios, conocida la detención y procesamiento de Juárez y conocido los fundamentos del juez federal Adrián Gonzalez Charvay, apuntaron a responsabilizar a Stratta, ya sea por desconocer que su “hija” política recibió dinero del lavado, ya sea porque sabia y lo permitió, todos los comentarios coincidieron en su compromiso político, partidario e institucional.
Es que Stratta no solo nació en Victoria de la cual sale la primera candidata a vicegobernadora de la historia de la Provincia, sino que también es la presidenta del PJ local y es la autora de la incursión de Castagnino en la política.
Asimismo, aquellos banner, gigantografias y carteleria que el juez entiende justificaron las erogaciones de la cooperativa de Juárez, aparecían las imágenes de todos los mencionados incluso del gobernador Bordet.
Hay que recordar que Castagnino encabezó un cuerpo de la lista completa, todos estos cargos electivos, con la hipótesis del magistrado federal, se beneficiaron del dinero aportado para la campaña.
Frente a estas vinculaciones y gravísimos hechos que dan cuenta del financiamiento de la campaña del PJ Victoria con dinero proveniente del lavado, el nombre de “Herme Juárez” y su mafia, comenzó a dar urticaria al gobierno provincial.
Todo lo que llevara su nombre había que ocultar, no debía hablarse del mismo, el silencio debía primar hasta que la gente se olvide.
No es para menos, el hecho sin dudas en uno de los más graves que ha enfrentado una gestión de gobierno provincial en la historia entrerriana, se trata de dinero proveniente de graves ilícitos que tuvo como fin coadyuvar, sostener económicamente la campaña del 2019, en el caso, del peronismo en Victoria.
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