Las imputaciones contra Zuiani y Bruffal habían sido pedidas expresamente en la denuncia, no prosperó, hoy es uno de los motivos de la absolución a Varisco

El Tribunal cuestionó fuertemente las falencias de la investigación llevada contra el ex intendente por parte de las fiscales que se limitaron solo a una gestión municipal existiendo antecedentes en la de Osuna y Halle y también restringieron las imputaciones en la operatoria millonaria que buscó beneficiar a la mutual.

La sentencia del Tribunal integrado por los jueces Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo dejó sensaciones encontradas sobre la totalidad de la causa penal que se llevó contra el ex intendente Sergio Varisco, su secretario legal y técnico, Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Miguel Ángel Picazzo.

En cada uno de sus tramos de una especie de síntesis que esbozó el presidente del cuerpo judicial, Labriola, para arribar a la absolución de los tres acusados, fue notoria una crítica rotunda contra el accionar de fiscalía tanto en la investigación como en el debate oral y público.

Los cuestionamientos de la teoría del caso presentada por las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro, se sintieron lapidarios contra las mismas.

Para el Tribunal Varisco, palabras más, palabras menos, en esta operatoria discutida por el adelanto de un millón y medio de pesos para la Mutual, actuó dentro de los marcos legales, por lo tanto no pudo haber cometido delito alguno.

Los argumentos para llegar a tal conclusión, revelaron serias falencias desde la génesis de la investigación penal preparatoria, las cuales se agudizaron con el devenir de todo el proceso llevado a cabo.

La causa inició allá por mayo del 2017, mediante una denuncia llevada a la Justicia para que se investiguen las conductas en una muy sospechosa maniobra por parte del presidente de la Mutual Modelo en el Municipio de Paraná al comienzo de la gestión de Varisco.

La raíz de la denuncia fue l nota formal presentada por Picazzo en mesa de entradas del municipio dirigida a Varisco donde le solicitaba un millón y medio de pesos en concepto de “adelanto de retenciones”.

No era más que el pedido de la millonaria suma por los créditos que la Mutual tiene a su favor por los préstamos que le otorga a los municipales y donde el Municipio actúa como agente de retención de los polémicos códigos de descuentos.

La misma misiva que había llegado a manos del entonces diputado provincial Gustavo Guzmán, sumada a las irregularidades que surgían de la misma, cimentaron la denuncia formal.

En aquel momento el Portal exponía las peculiaridades de la maniobra millonaria, el dato más llamativo que surgía de la misiva que llegó a esta redacción era la firma de la entonces concejal María Marta Zuiani.

Desde entonces se viene insistiendo que Zuiani no podía ser ajena a la investigación penal, ya que la misma era la concubina de una de las autoridades de la entidad, el financista Adrián Bruffal.

La firma de la edil de Cambiemos en el pedido millonario de mínima levantaba sospechas.

Las mismas sospechas existieron en el escrito promocional de la IPP (investigación penal preparatoria) donde se instaba a la fiscalía a que la investigue, lógicamente, con también a Bruffal, integrante de la parte que se surgía como beneficiaria del adelanto de dinero.

Así surge de la denuncia, en la cual figuran como denunciados –valga la redundancia- Zuiani, Bruffal, Picazzo y Varisco, describiendo la participación que tuvo cada uno en el hecho sospechado de delictivo.

Todos estos formaban parte del inicio del trámite que debía culminar con la entrega del dinero a la entidad.

Ya en aquel momento también se expuso la hipótesis de como surgieron estas relaciones comerciales entre la gestión municipal conducida por Varisco y las autoridades de la Mutual, coincidentemente, tal cuestión también fue planteada en el escrito promocional arrimado a fiscalía, como en los argumentos de la querella en la audiencia de elevación a juicio.

Estaba claro que la investigación debía apuntar, como generalmente ocurre en los casos de corrupción y ejemplos hay sobrados, a lo que Alconado Mon califica “raíz de todos los males”, esto es, el financiamiento de la campaña política que llevo a Varisco a lograr la intendencia en el 2015.

Así como fue vox populi que a Varisco lo financió Daniel “Tavi” Celis con dinero proveniente de la actividad ilegal del narcotráfico, en el ámbito político, el cual parece ser enteramente desconocido por el Ministerio Publico Fiscal, siempre se supo que Bruffal también fue uno de los aportantes de la campaña del radical en el 2015

El financiamiento de Bruffal durante el 2015 podría calificarse con la popular frase “un huevo en cada canasta”, el hasta ahí conocido prestamista, no solo financió la campaña de Cambiemos en la capital entrerriana, sino también la del PJ a nivel provincial, existiendo una investigación penal en curso por presuntas contrataciones ilícitas con la actual gestión provincial.

Como todo financiamiento de campaña, y de esto da una perfecta descripción la Dra. Liliana Carnero en su voto en la sentencia de condena de Varisco por el narcotráfico, no es gratuito, para nada, todo lo contrario, el costo es dinero es enorme y político sideral, muestra es Varisco que no pudo –y será muy difícil hacerlo- remontar su imagen ante su primera citación en la justicia federal.

Circunscribiéndonos a esta contraprestación económica, financiar una campaña política asegura al empresario que lo realiza que será altamente recompensado con contrataciones y operaciones una vez que el financiado ostenta el poder.

En otras palabras, millones y millones de dinero se destinaran al aportante camuflados en contrataciones.

Esta fue la hipótesis que se barajó en la denuncia para determinar los porqués del adelanto millonario de dinero del Municipio, suscriptos por su máxima autoridad, Varisco, en beneficio de la Mutual que en aquel momento era presidida por Picazzo, aunque toda la sociedad sabe que realmente es manejada por Bruffal.

Por eso figuraba la firma de Zuiani en el escrito del pedido un poco más debajo de la de Picazzo, no fue por ese ensayo de defensa de evitarse el pago del sellado de $6 pesos, para nada.

Su firma se interpretaba y cimentaba el interés de la edil en un negocio que beneficiaría a la entidad de su concubino, y, asimismo, hacía las veces de manifestación de su poder, intentando con la misma asegurarse que pase los filtros y el trámite concluya con la entrega del dinero.

Existía otra cuestión también fundamental que surgía del mismo escrito promocional donde se instaba la investigación también de Bruffal, el mismo figuraba como empleado de carrera del área de turismo del municipio, con lo cual la incompatibilidad de contratar por si o a través de la entidad (un tercero) que conducía con el Estado municipal era patente.

Todas estas cuestiones fueron expuestas a la fiscalía, fueron advertidas y pedidas expresamente que sean objeto de investigación, sin embargo, estos pedidos, no prosperaron.

Es más ni siquiera como testigos fueron citados Bruffal y Zuiani, situación extremadamente llamativa que quedará rondando en la esfera de las especulaciones.

Desde el inicio de la investigación la causa parecía no tan bien planteada, su caída se veía manifiesta con el cambio de calificación realizado en la primera jornada del debate, con los alegatos de apertura por parte de la fiscalía.

Como no podía der de otra manera, ante estas restricciones en la investigación, ahora nos encontramos con una sentencia de absolución.

Una sentencia muy crítica al accionar de las fiscales, no solo en la IPP, sino también en el debate.

La audiencia de este viernes, al menos así se interpretó de la lectura de la síntesis de los motivos de la absolución realizada por Labriola, pareció más un embiste exclusivo hacia las fiscales que la valoración de los argumentos propinados por dos partes.

El Tribunal solo se ocupó de cuestionar cada una de las falencias que tuvo el órgano acusador, siendo parte de esta crítica justamente la ausencia de las imputaciones de Bruffal y Zuiani, algo que –se insiste- desde el minuto cero se apuntó como material investigable y que incluso fue pedido en el escrito promocional de la investigación y no se tuvo en cuenta.

No fue el único reproche del Tribunal, el cual apuntó a la ausencia de investigación a las gestiones de José Carlos Halle y de Blanca Osuna.

Justamente este fue uno de los argumentos tenidos vertidos por el Tribunal para definirse sobre la actuación a derecho de Varisco, Rolandelli y Picazzo.

En ambas gestiones se hizo lo mismo, la fiscalía lo sabía porque surgió de la documentación en el juicio, sin embargo no los investigó, surgiendo de esta omisión más un ataque contra el ex intendente que una investigación seria contra los hechos de corrupción, palabras más, palabras menos, fue lo que se interpretó del discurso de Labriola, sumándose como argumento inconmovible que la normativa municipal y provincial permitían la operación tachada de irregular por las fiscales.

También fue criticada la falta de imputación, por la polémica operación millonaria, de la secretaria de hacienda municipal Cristina Ruberto.

Una sentencia que quedará en los anales de la Justicia entrerriana más por la fuerte critica por los yerros fiscales que por la cuestión de fondo, en una causa donde desde el inicio se advirtió en qué consistía la génesis de la presunta ilicitud, pero que sin embargo, no fue investigada.

 

 

 

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