Zona liberada para camiones y buses extranjeros en el Túnel

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Sin ningún control sanitario por parte de la Provincia en el límite provincial de la capital entrerriana, constante circulación y tránsito de vehículos con matrículas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que nada tienen de esencial con el riesgo de propagar el virus

Con las constantes denuncias que llegan desde distintos puntos de la Provincia, da la sensación de que al Gobierno Provincial poco le importa la salud de los entrerrianos.

Al caso extremadamente preocupante de la ciudad de Colón, donde obligaron al intendente Walser a recibir un contingente entero de turistas provenientes del exterior, con dos casos sospechosos de coronavirus, se suma la capital entrerriana.

La situación en Paraná aún es más grave, ya que por ser el conglomerado poblacional mayor de la provincia, un brote del virus podría causar miles de personas contagiadas, propagándose indefinidamente el riesgo de vida.

No sirven de nada las medidas preventivas que adopten los ciudadanos, el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, si las autoridades provinciales no ejercen estrictos controles y no se determinan en ser inflexibles en impedir la circulación, sobre todo de países extranjeros.

Desde ayer este Portal recibe constantes reclamos y denuncias que ya exceden de lo preocupante para convertirse en alarmas provenientes del Túnel, donde se han podido constatar el transito constante y fluido de camiones y buses provenientes desde países que están aún más complicados que el nuestro.

Vehículos de gran porte que no son controlados sanitariamente  ni por la policía, ni por gendarmería –tampoco sus choferes- en el paso a Paraná con matrículas de Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Solamente le exigen, dejaron trascender a este medio, en algunos casos, los papeles del vehículo, del chofer, los motivos del viaje, procedencia y destino.

Estamos hablando de transportes que nada tiene que ver con la comercialización de alimentos o materiales declarados esenciales que si tienen permitido la circulación.

Es más, en las imágenes se pueden apreciar varios colectivos color naranja que son adquiridos por empresas brasileras con destino a Chile, nada de esencial.

Piénsese en la calamidad que podría provocar en la capital entrerriana la expansión del virus en el caso de estar alojado en los elementos del vehículo o su chofer que se baje en cualquier estación de servicio o comercio.

Todo indica que la Provincia marcha totalmente a contramano, por las omisiones de controles de las autoridades, con las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández y que se encuentran cumpliendo estrictamente el resto de las provincias.

El caso del irresponsable porteño contagiado en el buquebus es paradigmático, el Gobierno de la ciudad no solo lo denunció penalmente por un delito que prevé de máximo 15 años de prisión, sino también que le iniciara demanda por daños y perjuicios por los gastos del operativo para el traslado y aislamiento de 400 personas que viajaban con él, a la cual seguramente se sumarían las demandas individuales y sanciones más severas si alguno de los 400 fallece.

Ahora bien ¿qué sanción le cabe a los funcionarios que deben velar por la salud de los entrerrianos y evitar la propagación que no se encuentran cumpliendo con los controles?

La pregunta aplica tanto a Colón como a Paraná, hay que tener en cuenta que el Código Penal establece en su artículo 203 que “Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores (propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa) fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años”, entre los deberes a su

Asimismo resulta de aplicación el Artículo 205 que dispone “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En ambos casos, se prevé, si se trata de un funcionario, se impondrá también inhabilitación para ejercer cargo público.

En esta disposición resulta de aplicación la interpretación de que se trata de medidas de controles dispuestas en una normativa nacional que no se estaría cumpliendo en la Provincia.

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