El fracaso de la ley de emergencia, recaudatoria y de sostenimiento del descomunal gasto político

A partir de este mes, un sector importante de jubilados deberá percibir sus haberes íntegros, sin el “aporte solidario”, impuesto por la norma que la legislatura aprobó de forma exprés y que tiene como objeto el retroceso en los haberes y los derechos laborales y previsionales

La sentencia, le guste a quien le guste, es simple y sencilla: Gustavo Bordet y su gobierno fracasaron con la tan autoponderada ley de emergencia.

Los argumentos de las sustentabilidad del sistema, la solidaridad que tanto los diputados como los senadores oficialistas pupulaban y que a los entrerrianos tanto estupor le provocaba, se cayeron.

El fracaso es exclusivamente de Bordet, fue el gobernador quien apostó a esta polémica normativa, su único objetivo fue recaudatorio, se venía cuestionando, sin embargo fue la Justicia quien así lo determinó.

Bordet buscaba conseguir fondos, sin importar que para ello se deba meter mano a los trabajadores y jubilados estatales, objetivo con el fin de mantener el gasto político descomunal que se viene montando desde hace varias décadas y que con su gestión se profundizó.

Este Portal viene exponiendo a diario como, a pesar de la emergencia y la pandemia, el mandatario, junto con sus ministros y ministras, suscriben polémicas designaciones.

Sin ir muy lejos este sábado se expuso sobre la creación de 17 cargos políticos, uno por departamento, sin ningún tipo de necesidad y a pesar de que la ley que podría llegar a sustentarlos ni siquiera fue aprobada.

La Provincia esta detonada, en default absoluto, por donde se mire hay déficit, y se arrastra una deuda en dólares impagable que la actual gestión contrajo y que, ya en agosto, no pudo pagar.

Para colmo de males, la recaudación también se vino abajo y eso que los impuestos aumentaron, los entrerrianos –con cierta razón porque no se ve una contraprestación para la generalidad- no pagan los tributos más allá de que constantemente se los intime.

El 2 de julio, tras una sesión exprés, la legislatura aprobaba la ley de emergencia, buscando, recaudar, por un lado, como se mencionó, para mantener el gasto político, y, por otro, para tratar de equilibrar el irremontable déficit de la Caja de Jubilaciones.

De ahí el fracaso, a Bordet le faltó inteligencia, quiso arreglar un agujero previsional sostenido, metiéndole la mano a 6.750 jubilados.

La solución a este déficit, como aparenta ser la solución a todas las cajas provinciales, no puede ser otra que terminar con la corrupción y los privilegios para socios, parientes, amigos y afines.

La Caja previsional entrerriana se recupera con medidas contundentes contra las jubilaciones de privilegio, terminando con aquellos beneficios previsionales que se obtienen a pesar de no contar con los años de aportes, con las jubilaciones por incapacidad donde esta incapacidad no fue constada, y, más aun, dándole fin al sistema que permitía percibir haberes a pesar de que los beneficiarios están muertos.

El embiste a los haberes contra los jubilados, no era la forma, más aun si solo se quiere recaudar.

Menos aun si a los pasivos se los obliga a aportar un 10% más y a los activos un 6% más, estos 4 puntos, colisionan de lleno con el derecho constitucional reconocido y adquirido del 82% móvil.

Por ello la Justicia, en la voz del juez civil y comercial Nº9, Dr. Ángel Moia, hizo lugar a medidas cautelares contra la aplicación el artículo 6 de la ley de emergencia de Bordet.

Desde el martes 8 de septiembre, cuando el magistrado, resolvió, por la cautelar no innovativa, suspender la retención del aporte solidario creado por esa norma respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos, pasivos de la administración pública provincial y municipal, el Gobierno no pudo recaudar estos montos.

De ahí el fracaso. A partir de este mes, Bordet no va a contar con lo que previa recaudar, en otras palabras, aquellos jubilados beneficiados con la medida cautelar del juez, percibirán sus haberes íntegros.

“Según nuestra Constitución Provincial (art. 41) el sistema previsional local tiene entre sus principios rectores el de proporcionalidad entre los aportes y el beneficio a percibir, destacando que su financiamiento comprende aportes del estado. Ello así, es claro que el diseño constitucional no predica un autofinanciamiento del régimen previsional. (…) Las leyes que se dicten en consecuencia y que las reglamenten no pueden suspender el imperio de estas disposiciones (arg. art. 6 C.P.), aún en la situación de crisis”, se puede leer del fallo del magistrado.

Agregando  “Queda claro entonces que el sistema previsional se apoya en la proporcionalidad entre el sacrificio hecho durante la etapa activa y el beneficio del que goza el pasivo, sumado al aporte ineludible del Estado provincial para equilibrar eventuales alteraciones económicas. Resulta entonces que la pauta empleada para justificar una imposición extraordinaria luce, prima facie cuestionable, ya que se establece desconociendo la esencia misma del sistema previsional vigente. Las eventuales disparidades en los beneficios percibidos no derivan de una gracia, sino de la adecuada relación entre el sacrificio realizado en tiempos de labor activa y la realidad del haber actual”.

“Resulta relevante también el cotejo cuantitativo de la imposición entre los activos y los pasivos. La retención a los jubilados resulta abiertamente superior a la establecida para los activos -considerando el neto porcentual-, sin que del debate legislativo se deriven razones explícitas que justifiquen el diverso tratamiento”, advirtió, agregando: “Sin haberse explicitado razones autónomas para tal afectación, a priori, se apreciaría un supuesto discriminatorio, alcanzado por las previsiones específicas del art 5 y ccdtes. de la Convención Interamericana de protección especial”.

Argumentos que se venían advirtiendo, al menos en este PORTAL, desde enero cuando el gobernador pergeñó este ajuste, el cual, por miedo a las fuertes reacciones, no se animó a anunciar, con la pandemia y el aislamiento, el camino quedó allanado.

También ha quedado demostrado que si se produce una fuerte embestida contra la corrupción, los fondos aparecen, o mínimamente se recuperan.

El ejemplo: Tras la denuncia de este medio exponiendo que existían fuertes sospechas de personas fallecidas percibiendo jubilaciones y pensiones, lo cual valió del remoción de Daniel Elías de la Caja, el organismo recuperó 100 millones de pesos que aún estaban depositados en cuentas.

Dinero que volvió al erario público gracias a la independencia periodística muchas veces cuestionada desde sectores del propio Gobierno provincial.

Este, y no otro, parece ser el único camino posible para salir del letargo, la corrupción es la gran pandemia que afrontan los entrerrianos.