El diputado y casi presidente del órgano encargado de detectar la corrupción, recurrió a elocuentes evasiones para dejar trunco el único mecanismo ciudadano para la lucha contra la corrupción. Insólito.
Diego Lucio Nicolás Lara busca a toda costa quedarse con la presidencia del Tribunal de Cuentas y está a un paso de lograrlo.
El camino para obtener su objetivo, a todas luces, es, de mínima polémico, de máxima, irregular.
Su nombre fue, como sucede en la mayoría de los cargos de jerarquía en la Provincia, barajado en una mesa chica, lo postuló la ministra de gobierno y justicia, Rosario Romero.
Lara es un hombre del sector político de la ministra. No siempre fue así, el inicio de actualmente diputado provincial si bien empujado al principio, fue más bien basado en el mérito propio.
Se postuló a intendente de su ciudad, María Grande, y obtuvo el triunfo, luego, sus vecinos lo ratificaron en el cargo.
Su paso por la intendencia fue polémico, Lara es recordado por haber quemado libros de la biblioteca municipal como también por tomar represalias con una familiar de su ex pareja en un divorcio comentado como hostil, y, bastante más grave, por haber sido demandado por alimentos.
Tras la imposibilidad constitucional de continuar en su cargo y su marcada insaciabilidad para continuar en la función pública, el ex gobernador Jorge Pedro Busti lo convirtió en candidato a diputado provincial por fuera del PJ en el 2011, desde entonces se atornilló a la banca hasta la actualidad.
Al inicio de su periodo como legislador vio que la veta política no estaba ya en Busti, sino en Romero, se hizo cercano hasta finalmente convertirse en un hombre de su sector.
En la previa al inicio del segundo mandato de Gustavo Bordet, desde el Gobierno comenzaron a proyectar un muy mal horizonte una vez terminada la gestión por las constantes y habituales irregularidades en las contrataciones y, ya que sucede con todos los que pasan por el Ejecutivo Provincial, el temor de profusas investigaciones una vez fuera del poder se hizo latente.
Bordet necesitaba una persona afín a su gestión para que los controles y detección de irregularidades y hechos e corrupción sean aún más laxos de los actuales.
Como sucede en las cuestiones legales, donde tres componen la mesa chica que asiste a Bordet, Romero, Julio Rodríguez Signes y, hasta hace poco, José Gervasio Laporte, intervino la primera, que suele garantizar en esta materia, y postuló a Lara, convenciendo al mandatario de sus virtudes.
Hoy, tras un concurso polémico y cuestionado como “armado”, Bordet ya puso su gancho y Lara está a un paso de asumir.
Antes de que esto ocurra, es más, previo al pliego remitió por Bordet a la Legislatura para que preste conformidad a la designación de Lara, al diputado provincial le presentaron un pedido de acceso a la información pública.
La cuestión no era menor porque el hombre pasara a presidir el organismo estatal por excelencia de lucha contra la corrupción y, de Lara se desconoce todo aquello que tiene que ver con su función pública.
Dos temas trascendentales fueron los abordados en el único mecanismo que goza el ciudadano para sumarse a la lucha contra la corrupción, reconocido así por las convenciones y tribunales, su patrimonio y los contratos en la Legislatura.
Y es que 16 fueron los años de Lara en el Estado y, a la fecha –como la de ningún otro funcionario o funcionaria- se ha podido acceder a la obligatoria y anual declaración jurada de bienes y ni siquiera se sabe si las ha presentado.
Tampoco se conoce, a pesar de la gravísima causa penal que tramita en la justicia entrerriana denominada “contratos truchos”, cuánto dinero extra al sueldo se destinaron de fondos públicos para que el diputado “contrate” asesores o colaboradores en sus tres periodos que lleva como legislador.
El pedido de informes del ciudadano de Paraná se dirigió a esclarecer estos puntos, lamentablemente el diputado, a punto de presidir el organismo de contralor, se negó a responder.
Todo apunta que su patrimonio es descomunal, imagínense los lectores más de 300 mil pesos mensuales –cifra actual- durante 9 años consecutivos, más el plus ara contratos que ronda en el millón, 800 mil, 400 mil mensuales, conforme a la cercanía del diputado con el gobierno, presumiéndose que Lara está cercano al millón, entre otros privilegios que goza.
El monto total de ingresos como de bienes que conforman su patrimonio se estima descomunal, no negó esta realidad pero no quiso responder.
Para la denegatoria apeló a evasivas y, pareciendo responder a aquellos detractores que lo cuestionaron en el concurso tildándolo de que de ninguna manera contaba con trayectoria académica y experiencia para el cargo, desempolvó varios libros.
Si, muy alejado de la realidad, denotando su necesidad de mostrar sabiduría, a un ciudadano común y silvestre le mencionó al menos 5 bibliografías técnicas de derecho público distintas, claro está, copiando y pegando lo que los especialistas en derecho constitucional sostienen sobre el derecho.
Su erudición fue solo conceptual, sobre casos judiciales prácticos no expuso fundamentos. Claro, es que no existen fundamentos para coartar el derecho constitucional del ciudadano requirente como pretende Lara.
La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el 2018 declaró que los funcionarios deben dar a conocer sus declaraciones juradas, es más, lo amplió hasta los hijos y parejas.
El fallo intimó además al Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales «a fin de permitir a los ciudadanos, el debido control y el acceso a la información, teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos».
En la sentencia, que hoy es seguida a nivel Nacional y en varias provincias que internalizaron el estándar internacional e la transparencia proactiva, se consideró especialmente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción.
La no publicidad de estos documentos públicos significaba, para la Sala, «un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía para el efectivo control de la gestión del Estado».
«La transparencia en la función pública se encuentra íntimamente asociada con la prevención y la lucha contra la corrupción», se lee claramente en el fallo.
Una sentencia que no fue considerada por el diputado Lara, que está a un paso de presidir el organismo por excelencia de lucha contra la corrupción pero que, en los hechos, prefiere seguir retrocediendo en materia de transparencia y de derechos ciudadanos.
5 comentarios
verguenza agena me da este tipo Lara
ESTE ES UN CHANTA LAMEBOTAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y esta prsona va a controlar ?? cuando no da explicaciones de lo que compro en epocas donde trabajo para el estado? jaja jajajaja nos toman por estupidos
Corrupto por naturalez.no tiene otro oficio.
Lindo ejemplo para los que se tengan que presentar en el TdC a dar explicaciones!!!