Otro funcionario denunciado por violencia de género, bancado por el Gobierno de Bordet

Al caso del gerente general del IAPV, se suma el de un coordinador departamental ligado estrechamente al diputado provincial y casi presidente del TdC, Diego Lara, que no fue ni siquiera suspendido de su cargo, mientras tanto el gobernador pregona la lucha de las mujeres.

Este jueves, desde este PORTAL se expuso sobre una serie de hechos repudiables sucedidos en el seno de la administración pública.

Una trabajadora del IAPV Concordia tras un extenso periodo de padecimientos psíquicos y físicos, denunció al gerente de dicho organismo, el arquitecto Luis D`Avila, por violencia de género en el ámbito laboral.

El puesto de trabajo donde el jefe máximo de la administración, el gobernador Gustavo Bordet, constantemente pregona la lucha contra la violencia de género y se jacta de la paridad, por largos meses no solo no le había garantizado protección sino que se prestó de escenario para que ocurrieran los hechos.

Y es que el Estado, como parte integrante de una sociedad, es uno de los ámbitos donde más notoria es sin dudas la violencia, el motivo pareciera ser el abuso de poder de los funcionarios y, lo más grave, la impunidad que les brindan desde la cúpula provincial.

El caso de esta trabajadora del IAPV es paradigmático también en este sentido, la mujer, luego de su propio proceso de valentía que concurre en todas las mujeres víctimas, finalmente se anima a actuar solicitando su traslado para no tener que cruzárselo al violento y desde el Gobierno la abandonan, no escuchando su clemencia y ni siquiera con la denuncia formal se toman acciones contra el funcionario.

Este lunes por la noche este PORTAL accedió a otro caso similar, dejando en claro que frente a este escenario de proclamas discursivas y desidia en los hechos, será muy difícil combatir el flagelo.

Una nueva causa judicial fue puesta en conocimiento del medio, en esta oportunidad se trata de un proceso iniciado contra el coordinador departamental de Paraná de Comedores Escolares, Rubén Antonio Vicente, por violencia de género, se entiende, contra una integrante de su propia familia.

El hombre ya fue excluido de su hogar, vale decir, la causa avanzo. Sin embargo desde el Gobierno provincial aún no se ha tomado una sola medida al respecto del supuesto violento.

La causa se tramita en el Juzgado de Paz de María Grande, a cargo de Silvia Haydee Marquez, está caratulada «FSV c/Vicente Rubén Antonio. Violencia de Género» y fue abierta el 18 de septiembre último.

Del denunciado se sabe que está muy ligado políticamente al diputado provincial y casi presidente del TdC, Diego Lara.

Lo grave: A pesar de la gravedad de la denuncia, Vicente sigue de momento en su cargo en el área de Comedores que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Fíjese la diferencia con la otra actividad el denunciado, supo este medio que Vicente es asimismo bombero voluntario, aquí, el presidente de la asociación en Viale, Federico Mastaglia, relató a la prensa que al enterarse, lo separaron del puesto.

Muy distinta es la vara de la gestión bordetista cuando entre los agraviados aparecen los funcionarios afines al gobernador.

Es de público conocimiento ya que recientemente un funcionario provincial fue apartado  de su cargo por una denuncia de supuestas amenazas por whatsapp realizada por el senador nacional Edgardo Kueider.

¿Es Kueider mas victima que una trabajadora estatal sometida por varios meses, con miedo a las represalias porque si denuncia la echan? ¿Es Kueider más victima que esta mujer vialense?

La respuesta varia, al menos si se tiene en cuenta una fuerte versión que recorre los pasillos del PJ concordiense.

En los pagos de Bordet, los cometarios indican que el funcionario denunciado fue removido porque el mismo tenor de audios enviados a este fue remitido al propio gobernador, sin embargo, este no quería “quedar como cagón” –así lo relatan en Concordia- y por eso no denunció, sino que lo mandó a hacerlo al senador.

Sea como fuera, lo cierto es que resulta extremadamente notoria la doble vara con que se mide la violencia en la gestión provincial.

Cuando son los funcionarios los denunciados, sobre todo los cercanos, la gestión protege y ni siquiera suspende al mismo, la política debería, si se quiere no contrariar los postulados públicos que pregona Bordet y los hechos, de “tolerancia cero” frente a hechos de violencia de genero.

Todas las medidas del Gobierno hasta acá son de designaciones, destinar cifras siderales de fondos públicos en nombramientos bajo la excusa de “la lucha contra la violencia” o, pero, en capacitaciones a los que los funcionarios y funcionarias no van.

La implementación de la Ley Micaela es buena muestra de ello, como medida es excepcional, entendiendo que el primer paso –como en toda batalla- es educar en perspectiva, sin embargo quienes deben generar el cambio cultural y llevarlo a la práctica y cotidianeidad de la administración publica, los funcionarios y funcionarias, no se han capacitado.

Hubo una clase inicial, se anunció con bombos y platillos, y, por supuesto fotos, muchas fotos porque la encabezó el gobernador, pero fue, como parece ser todo en este Gobierno, simplemente eso, un anuncio, ni el mandatario ni su gabinete, si las segundas líneas y ningún otro cargo político ha concurrido –ni concurrirá- a las aulas a capacitarse en perspectiva de género y nuevas masculinidades.

Una verdadera hipocresía, la de Bordet y su funcionariado.