El auto oficial y la desidia, el descontrol y la impunidad del gobierno provincial

El vehículo del funcionario saliendo de un campo tomado deja un sinfín de interrogantes que la provincia no quiere ni puede responder.

Durante la toma del campo de propiedad de la familia Etchevehere, que la Justicia entrerriana ordenó desalojar, se pudo observar un hecho insólito: un auto oficial saliendo del escenario del conflicto con algunos de los usurpadores.

El hecho fue publicado en Twitter por Luis Miguel Etchevehere y rápidamente trascendió en los medios nacionales, por lo extraño de la situación.

El vehículo, se supo, pertenece a la flota oficial de la provincia de Entre Ríos y está asignado a Sebastián María Bergalio, director de la Casa de la Cultura.

Más allá de la significancia política del hecho, en medio de un conflicto que trascendió lo familiar para instalarse de lleno en la agenda política, con la propiedad privada como eje de una discusión mucho mayor a nivel provincial y nacional, la situación desnudó la desidia y la impunidad del gobierno entrerriano y sus funcionarios con el manejo de la cosa pública.

A partir de este hecho, surge un sinfín de interrogantes que las autoridades provinciales deben responder con respecto al uso de los bienes del Estado.

¿Cómo fue posible que un vehículo perteneciente al patrimonio de todos los entrerrianos estuviera por más de 15 días en un campo tomado? Más allá de que haya sido una usurpación, ¿cómo es que nadie se cuestionó o rindió cuentas del paradero de ese auto a lo largo de todo ese tiempo?

¿Los vehículos oficiales son para uso discrecional de las personas a los que están asignados? ¿Pueden los autos del Estado entrerriano usarse para el fin que el funcionario disponga, más allá de que tenga o no que ver con el cargo que ocupa?

¿Quién controla que los autos oficiales se usen para que el funcionario lo utilice para lo estrictamente necesario en su función? ¿Quién cubre los gastos de chofer, nafta, mantenimiento y demás cuando el vehículo no cumple un rol necesario para el Estado?

En otras palabras, ¿puede un funcionario usar en vehículo oficial como si fuera propio? ¿La provincia le paga los gastos sin controlar el uso que efectivamente se le da a un auto?

La respuesta a estas últimas dos preguntas parece ser sí: los funcionarios provinciales que gozan del uso de autos oficiales, pueden disponer de ellos a gusto y piacere, sin rendir cuentas a nadie y con todos los gastos cubiertos.

Pero más allá de lo que tiene que ver específicamente con el auto, es necesario analizar también lo que ocurre con el funcionario en cuestión.

La toma del campo de los Etchevehere comenzó el 15 de octubre, y desde ese día se emplazaron en el lugar los familiares que reclamaban la propiedad, impidiendo la entrada y salida de personas de la estancia.

Es decir que, durante más de 10 días, desde el 15 de octubre hasta la madrugada del 28, un funcionario del gobierno provincial, que cobra un sueldo para nada despreciable por ser el director de la Casa de la Cultura, se encontraba en un campo tomado.

En esos 13 días Sebastián Bergalio no concurrió a su oficina. La Casa de la Cultura está cerrada por la pandemia, podría ser el argumento de quienes busquen defenderlo en la difícil situación en la que se encuentra. Pero miles de trabajadores estatales cumplen con sus labores desde sus casas, de manera remota, para no resentir el normal funcionamiento del Estado provincial.

Como estaba en un campo tomado, cabe suponer que en más de 13 días Bergalio no revisó un expediente, no participó de ninguna reunión virtual para articular, coordinar o analizar, como hacen los funcionarios provinciales que después lo publican en las redes.

En 13 días Bergalio no escuchó a ni un trabajador o emprendedor de la cultura, de esos que desde hace más de nueve meses vienen sufriendo las consecuencias de la pandemia, con sus economías gravemente resentidas, sin posibilidades de trabajar.

¿Nadie en la provincia se preguntó dónde estaba Bergalio, por qué no iba a la oficina? ¿Nadie se cuestionó si se lo había tragado la tierra o si se había quedado sin internet para conectarse?

Quizás Bergalio pidió licencia. Algo así como un permiso para apoyar la toma de un campo, mientras el gobernador sale a decir por los medios que la propiedad privada está garantizada en la provincia.

Lo cierto es que, más allá de las ironías que presenta esta situación, las preguntas aquí planteadas difícilmente tengan una respuesta, porque no la hay, porque este hecho no hace más que poner en evidencia el descontrol y la impunidad que reina en el gobierno provincial.

Lamentablemente para los contribuyentes entrerrianos, este no es un hecho aislado, sino que es una constante que se da en todos los organismos y áreas del gobierno provincial, como en la secretaría de Comunicación, Vialidad, y tantos otros.

No todos los funcionarios que disponen de un auto oficial van a participar de la toma de un campo, es cierto, pero la gran mayoría usa los recursos del Estado para fines que nada tienen que ver con el cargo que ocupan.

Los gastos, eso sí, están cubiertos por las arcas públicas, aquellas que se llenan poco a poco con los impuestos que pagan los entrerrianos debido a la fuerte presión tributaria, y que se vacían con una velocidad deslumbrante por los desmanejos del gobierno provincial.

Y los entrerrianos, ingenuos, nos seguimos preguntando por qué no hay camas en los hospitales, o por qué un médico tiene que ir a trabajar aunque sea grupo de riesgo para que no le descuenten el sueldo.

La triste respuesta está en todas esas preguntas que el gobierno entrerriano no va a contestar pero que podría resumirse en tres palabras: desidia, descontrol, impunidad.