Según encuestas, entre el 80 y el 90% de los entrerrianos no cree en la independencia de poderes ni en el gobierno provincial

Los 300 millones de pesos más de presupuesto para la Legislatura el año próximo y los 6 millones de ampliación para la Procuración en plena pandemia, son fuertemente repudiados por la ciudadanía.

Según encuestas que circulan, entre el 82 y el 90% de los ciudadanos entrerrianos no creen que en la práctica se dé la independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En otras palabras, un 82% de los vecinos de Entre Ríos cree que el Poder Ejecutivo tiene fuertes injerencias sobre las leyes que se sancionan y los fallos judiciales.

Si bien existen aquellos jueces y miembros del Poder Judicial que han dado muestras de actuar con independencia, incluso con fallos desfavorables para miembros del gobierno, hay en general una creencia de que la Justicia de alguna manera es controlada por el Ejecutivo, según revela la encuesta.

Es tarea de los jueces y de la Justicia en general actuar para fortalecer la institución y para que la creencia de la ciudadanía cambie.

Claro está que hay hechos que alimentan el pensamiento negativo de los vecinos, como la ampliación presupuestaria de 6 millones de pesos que recibió la Procuración que conduce Jorge García, de parte del Ejecutivo, en plena pandemia, y con la ley de Emergencia en vigencia.

Es por ello que el decreto publicado con llamativa demora en el Boletín Oficial causó rechazo y repudio del resto de los miembros de la Justicia, que manifiestan que para que la independencia en las decisiones judiciales sea plena, se necesita independencia económica y una policía Judicial.

Más allá del revuelo que la ampliación presupuestaria causó a un lado y otro de calle Santa Fe en Paraná, entre el ministerio Público Fiscal y los Tribunales, también provocó repudio en la ciudadanía.

Los trabajadores y jubilados, que sufren los ajustes del gobierno provincial no solo con la ley de Emergencia sino también con el recorte de horas extra y demás, también manifiestan su descontento por el enorme gasto de la política que continúa creciendo.

Es por ello que también causó un profundo rechazo el Presupuesto 2021, que prevé un aumento de 300 millones de pesos en los fondos de que dispondrá la Legislatura, que llegará así a 2.271.847.000 pesos para el ejercicio del año próximo.

Ese incremento en el Presupuesto supone que el Estado entrerriano gasta mensualmente por un legislador lo equivalente a 240 sueldos de agentes policiales o 200 enfermeras, y pone en duda, ante los ojos de la ciudadanía la independencia de acción que tiene la Legislatura.

Un caso que generó muchas suspicacias fue el rechazo de la Cámara de Diputados al pedido de interpelación a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, por el femicidio de Fátima Acevedo, víctima de una cadena de falencias en el Estado.

Cuando la propuesta no reunió los votos necesarios, hubo serias dudas en la sociedad, que terminaron acallándose cuando se desató la pandemia y la preocupación de la ciudadanía pasó a ser el coronavirus.

Sin embargo, esta encuesta que revela que el 82% de los entrerrianos no cree en la independencia de poderes deja en claro que las dudas no se disiparon.

Es más, ese número es negativo también para el gobierno provincial, es decir, para el Poder Ejecutivo, que es el que maneja los fondos de los contribuyentes.

El porcentaje de ciudadanos que cuestiona la independencia de poderes, cuestiona también la forma en que se manejan las arcas públicas, que son las que, podría suponerse, terminan condicionando el accionar del resto de los poderes.

Los trabajadores públicos ven cómo sus ingresos se recortan cada vez más, mientras siguen aumentando los gastos para la política, la publicidad, la comunicación y también la Legislatura y la Justicia.

Eso lleva a que un 82% de los vecinos no crea en la Justicia, no crea en la Legislatura, y, mucho menos, claramente, en el gobierno.

Es tarea de los jueces y de los legisladores recuperar la credibilidad y la independencia, el silencio cómplice de la oposición, del oficialismo y de ciertos jueces ante hechos que no pueden soslayarse sigue dándole la razón a aquel 82%.