Mentiras verdaderas

El gobierno publicitó un bono de 5000 pesos en diciembre, pero es lo que le saca a los trabajadores con la ley de emergencia. Además, se les exige a los profesionales que sean óptimos, pero tenemos una ministra de Salud que no es médica.

Uno de los sectores públicos más relegados por esta gestión de gobierno provincial es el de salud. Paradójicamente, ni siquiera una pandemia a nivel global hizo que esta administración destinara los fondos necesarios para mejorar la infraestructura, los insumos, y los salarios del personal.

Los agentes sanitarios, al igual que todos los trabajadores públicos de la provincia, sufren los recortes de la ley de Emergencia que se lanzó con la excusa de la pandemia y el argumento de garantizar el normal funcionamiento del Estado.

A pesar de los recortes, de todos modos, no se vieron inversiones significativas en el sistema sanitario, como tampoco en otras áreas, y peor aún, no se ha planteado ninguna posible salida para la Emergencia y continúan las prácticas que llevaron a la provincia a la situación actual.

Es más, el gobierno provincial contrajo en 2017 una deuda por 500 millones de dólares que no se sabe en qué se invirtió o dónde se encuentran los fondos, que, además, le valieron a Entre Ríos el ser demandada ante la corte de Estados Unidos por el incumplimiento del pago de intereses.

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Hoy, por la resolución 5223 del ministerio de Salud, que lleva la firma de la ministra Sonia Velázquez, todos los trabajadores del sistema sanitario deben retomar sus labores de forma habitual, más allá de pertenecer o no a grupos de riesgo y demás.

Por otra parte, el gobierno provincial lanzó un muy publicitado bono de fin de año para el personal sanitario, pero se trata simplemente de una de las mentiras verdaderas del gobierno del negacionista crónico, Gustavo Bordet.

Es que en el mes de diciembre el gobierno provincial otorgó a un bono de fin de año que era de 5000 pesos para los activos y de 3000 para los pasivos.

Según Bordet, se trató de “un esfuerzo muy grande que hacemos desde el gobierno de la provincia, pero entendemos que es muy necesario porque hay una situación social que amerita que realicemos este esfuerzo».

Mentira. El gobierno provincial no hizo más que devolverle a los activos y pasivos lo que ya les había recortado en diciembre por la ley de Emergencia, o simplemente, por un mes, le perdonó a trabajadores y jubilados los recortes.

Un gran esfuerzo del gobierno que desde hace más de un año oculta la cantidad de funcionarios que tiene, y que en plena pandemia no frenó las designaciones de compromisos políticos y amigos, los gastos suplerfluos, la compra de vehículos cero kilómetro para organismos que están parados, los viáticos, los alquileres, y otros tantos etcétera.

Verdad. El “esfuerzo” en Entre Ríos pasa por los trabajadores y jubilados, que sufren significativos recortes en sus magros ingresos, pero no por la vasta casta política provincial.

Dentro de quienes son víctimas del ajuste se encuentran los trabajadores de salud, aquellos que están en la primera línea de batalla frente al coronavirus, poniendo en riesgo su salud y sus vidas, mientras los funcionarios desde la comodidad de sus casas y por zoom “articulan, coordinan, diagraman” y otros tantas palabras floridas para disimular que en realidad no están haciendo nada relevante que amerite los descomunales sueldos y privilegios de los que gozan.

En estos momentos, el sistema de salud y sus trabajadores necesitan el reconocimiento del gobierno y de la población, no los aplausos desde los balcones que se escuchaban en marzo y abril, sino con medidas concretas e inversiones serias que, por un lado protejan a quienes luchan con su vida contra esta pandemia, y por el otro valoren el real esfuerzo que realizan los agentes sanitarios desde la primera línea de batalla.

Salvando las distancias, hoy los trabajadores del sistema de salud podrían compararse con los soldados de Malvinas, por el heroico esfuerzo que realizan, y por el abandono que sufren de parte de las autoridades que deberían protegerlos, pero que miran desde la comodidad de sus casas cómo se producen las bajas y perdemos la guerra sin que se les mueva un pelo.

En Entre Ríos, el personal sanitario está particularmente relegado, y la pandemia es batallada desde la improvisación y la prueba y error.

La más clara evidencia está en el hecho de que la ministra de Salud, a cargo de la última palabra en la organización de la lucha contra el virus, ni siquiera es médica.

Quizás Sonia Velázquez sea una excelente profesional del trabajo social, pero ante una pandemia se requieren especialistas en el área para tomar las medidas más acertadas a tiempo y que permitan salvar vidas.

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Así, los profesionales que realmente conocen cómo se debería actuar, sean epidemiólogos, médicos, enfermeros y demás, quedan relegados y deben acatar órdenes que en muchos casos carecen de sentido, y para peor, en un sistema de salud con una infraestructura muy ineficiente.

Cuando un paciente recurre al sistema sanitario, lo que espera es tener la mejor atención posible y no hay dudas de que en Entre Ríos hay excelentes profesionales, pero si la ministra que los conduce toma decisiones erráticas, el sistema se resiente.

Mención aparte merece el gremio que nuclea a una gran parte del personal sanitario de la provincia, UPCN, que mientras los trabajadores son ninguneados y despreciados en medio de la pandemia, se mantiene en una pasividad preocupante, a la espera de un acuerdo que salve al jefe.

Es que el jefe sindical, José Ángel Allende, confeso delincuente, enriquecido ilícitamente con el dinero de los contribuyentes entrerrianos, está a la espera de un acuerdo con la Justicia entrerriana que le permita salir airoso de una muy complicada situación.

Allí radica la indiferencia del gremio para con sus trabajadores, a quienes dejó desamparados y cuya lucha, marchas, reclamos y demás, no acompaña, a la espera de que Allende cierre sus causas y se vaya a descansar tranquilo a su casa.

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Estas son algunas de las tantas mentiras verdaderas del gobierno provincial del negacionista Gustavo Bordet. El que publicita un bono de míseros 5000 pesos, que, encima, ya les venía quitando mes a mes a los trabajadores. El que avala los gastos descomunales del funcionariado mientras los trabajadores no tienen ni barbijos.

El que se endeudó por más de 500 millones de dólares que no se sabe en qué gastó e hizo que Entre Ríos, no él mismo, fuera demandada en Estados Unidos por no cumplir con los intereses. El que, junto con los funcionarios y legisladores que aprobaron esa deuda, dentro de dos años estarán sentados en sus quintas viendo cómo los entrerrianos de a pie hacen el esfuerzo para pagar la irresponsabilidad e impunidad del gobierno actual, el despilfarro de la corrupción estructural.