Con las pruebas en mano, la causa Cumbre del Mercosur no va a juicio porque ningún juez quiere poner la cara y la firma para dejar libres a los involucrados

Entre las muchas irregularidades, en las facturas figura que la comisión compró, con sobreprecios, 200 acondicionadores de aire, pero se instalaron solo 60. Seis años después, la elevación a juicio se sigue dilatando.

La Justicia entrerriana cuenta con contundentes pruebas que apuntan contra los funcionarios y los empresarios privados que integraron la comisión que encargó y realizó las obras para la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.

Como coordinadora ejecutiva de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM) estaba Alicia Benítez, por entonces a cargo de la obra pública provincial desde la la subsecretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y hoy titular de la Dirección Provincial de Vialidad.

El coordinador general de esa comisión era Hugo Céspedes y también la integraba el delegado por Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Néstor Iván Szcezech. La adjudicación de las obras fue dispuesta por Benítez, en representación de la UOCM, y Miguel Marizza, en nombre de la CAC.

Marizza fue imputado en esta causa porque su empresa, Caballi SA, fue una de las adjudicarías. La lista de contratistas también incluyó a los empresarios Szcezech (Szczech & Szcezech SA), Daniel Hereñú (Organización Integral Constructora SA) y Rubén Grasso (Cemyc SRL).

En la causa que es conducida por el fiscal Juan Malvasio, y, según consta en la investigación se estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, según cuenta este miércoles Juan Cruz Varela, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos.

De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

Estas empresas constructoras, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas; la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.

El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar las obras y proveer bienes y servicios y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.

Entre las pruebas con que se cuenta aparece que el Estado provincial hay facturas en las que consta que, a través de la comisión encabezada por Benítez y los empresarios, se compraron 200 acondicionadores de aire.

Cuando la Justicia inquirió acerca del paradero de los aparatos, les imputados aseguraron que se habían instalado en la Escuela del Centenario de la capital provincial, que fue una de las sedes de la Cumbre y en donde se realizaron obras.

Sin embargo, cuando se inspeccionó el lugar, se constató que de los 200 aires acondicionados facturados, apenas había unos 60 instalados.

¿El resto? Paradero desconocido.

Hay quienes aseguran que fueron a parar a los edificios que las empresas constructoras involucradas desarrollaron en el tiempo posterior a la Cumbre. Otros afirman que se distribuyeron en las casas, quintas, quinchos de los funcionarios, los empresarios y sus familias. Algunos, por su parte, sostienen que un número considerable de aires acondicionados fueron a parar a España. Existen unos cuantos que aseveran que realmente se entregaron solo 60 aparatos, y que los otros 140 se facturaron y el dinero fue para la corona, para los bolsillos, o para los me llevo.

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Lo concreto es que en la documentación que hoy duerme en los cajones de la Justicia entrerriana están las pruebas de que la “comisión de corsos” de la Cumbre del Mercosur “pagó” 200 aires acondicionados, pero solo 60 se instalaron realmente y quedaron como patrimonio de los entrerrianos.

El resto de los aparatos o el dinero supuestamente invertido en ellos se evaporaron.

A pesar de las pruebas, la Justicia entrerriana duerme las condenas, no citó a nadie más a declarar, no manda la causa a juicio.

El motivo es claro, los involucrados ya tendrían prometido el sobreseimiento, pero ningún juez quiere que su firma sea la que quede estampada en el sobreseimiento de las personas acusadas de un fraude millonario al Estado provincial.

Por ello, las pruebas están cajoneadas, las personas imputadas siguen manejando millonarios presupuestos para la obra pública como Alicia Benítez desde Vialidad, o siguen siendo beneficiarios de millonarios contratos para realizar obras públicas, como los empresarios privados que estuvieron en ambos lados del mostrador.

De igual manera ocurre con otras 300 causas en las que hay involucrados funcionarios del gobierno provincial y que hoy están cajoneadas.

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En tanto, seis años después de la Cumbre del Mercosur, la causa por el millonario fraude al Estado sigue dormida y los responsables siguen manejando el dinero de todos los entrerrianos, otorgando o “realizando” obra pública.

Mientras la Justicia mira para otro lado, las pruebas dicen que hay 140 aires acondicionados y varios millones de pesos que no se sabe dónde están.

Habiendo pruebas suficientes, la causa no es elevada a juicio porque los imputados tendrían que ser absueltos, y nadie cree que un juez ponga la cara la firma para dejarlos libres.

5 comentarios

Noelia Martinez 25 enero, 2021 at 8:27 pm

La justicia debe actuar ma alla de las caras y apellidos, eso seria JUSTICA lo de aca es pura chachara

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HECTOR 26 enero, 2021 at 10:24 am

NUESTRA JUSTICIA ENTRERRIANA ES LA MAS CORRUPTA DE TODAS

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Maria Jose Gutierrez 27 enero, 2021 at 1:57 pm

Todo Paraná vio la choreada q hicieron menos los jueces!!! Dios mio pais generoso

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Mario Godoy 28 enero, 2021 at 5:09 am

Cobran fortunas los jueces y no hacen un sorete, hdmp

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Alejandra 28 enero, 2021 at 6:18 pm

Que la hace tan intocable a esta nefasta?

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