El gobernador decretó continuar otorgando el bono de hasta 4 mil pesos a los empleados públicos, hasta que se efectivice el aumento que otorgará la provincia, que rondaría el 15%.
Durante el primer encuentro paritario entre los representantes del gobierno y los gremios ATE y UPCN, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, hizo saber que se prorrogó el pago del monto fijo a cuenta de la recomposición salarial que se definirá en el mes de febrero.
La provincia anunció que se trata de una inversión de 650 millones por mes, que también beneficiará a jubilados, de acuerdo a los porcentajes de movilidad establecidos.
Se acordó un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de febrero que permitirá contar con el número necesario de miembros paritarios para realizar una propuesta salarial, que según trascendió, rondaría el 15%.
Más allá de ello, lo que resulta incomprensible es el espíritu de la ley de Emergencia que está vigente desde julio del año pasado en la provincia.
Con la excusa de la pandemia, se sancionó esa ley que recortaba ingresos a trabajadores y jubilados para garantizar el normal funcionamiento del Estado.
Con el otorgamiento de este bono no remunerativo durante los últimos tres meses del año, el gobierno provincial no hizo más que suspender de hecho la aplicación de esa ley, ya que lo que la Emergencia le quita a los activos y pasivos provinciales, se les otorgó a través de una suma fija provisoria.
Ahora se anunció que el bono se seguirá otorgando hasta que el gobierno y los gremios acuerden el aumento salarial, que rondaría el 15%.
Se da por descontada la aprobación de los gremios, principalmente de UPCN. A pesar de la puesta en escena ante los medios por las paritarias, este gremio está a la espera de que su titular, José Ángel Allende termine de acordar con la Justicia, mientras mantiene un preocupante silencio sobre los temas que más preocupan a sus afiliados.
Es más, este gremio pidió políticamente que un empleado de salud de su sector fuera designado jefe zonal de Vialidad, nada menos que en la vaciada delegación de Nogoyá.
Más allá de ello, no queda claro cuál es el verdadero espíritu de la ley de Emergencia.
La normativa sancionada en julio habilita en el artículo 10 la convocatoria a paritarias de parte del Ejecutivo provincial, de acuerdo con las partidas presupuestarias de que se disponga.
Con la Emergencia vigente, el gobierno provincial continuó con los gastos y beneficios para el funcionariado, como viáticos, pago de alquileres, uso y compra de vehículos oficiales, designaciones, nombramientos.
Lo único que realmente aplicó fueron los descuentos a los trabajadores, y se permitió postergar la tan necesitada paritaria con la excusa de esta ley.
Para todo lo demás, el Estado provincial fue un viva la pepa, aunque claro, sin inversiones en salud, educación, seguridad, generación de empleo, y mucho menos obra pública.
Es más, en los pasillos de Economía y Tesorería de la provincia lo que se comenta es que la plata que se recaudó con la Ley de Emergencia pareciera haberse destinado exclusivamente a los gastos dela política y a aumentar el presupuesto Legislatura y a la publicidad oficial.
Es que el presupuesto de la Legislatura provincial pasó de 1900 millones en 2020 a 2300 millones en 2021, mientras que la publicidad oficial también tendrá un significativo aumento que con una ley de Emergencia vigente no se comprende.
Ahora, la provincia anuncia la prórroga del otorgamiento del bono y espera cerrar un acuerdo con los gremios que le permita otorgar un aumento de apenas alrededor del 15%.
La ley de Emergencia y su real aplicación pierden el sentido.
2 comentarios
Yo digo, no estaria mal aplicar la ley “Barrionuevo” aca en Entre Rios verdad???
Mi sueldo se devaluo $15000 quien me va a defender el chapulin colorado…