La vacunación vip, los contratos truchos, el fallido acuerdo del Iosper, los 500 millones de dólares, la interpelación a la ministra Velázquez, las denuncias en Vialidad y la designación como funcionario de un cesanteado por corrupción; los escándalos que se buscan tapar con el juicio a un ex intendente.
Esta semana y parte de la que viene se desarrollará el juicio oral contra el ex intendente de Crespo, Ariel Robles, acusado por el supuesto delito de peculado por la distribución de materiales de construcción con el presunto fin de “captar votos”.
La fecha de comienzo de las audiencias le vino como anillo al dedo al gobierno provincial, cada vez más hundido por denuncias por corrupción e irregularidades en esta gestión, que llegan desde diferentes puntos de la provincia acerca de todo tipo de organismos.
Los medios de comunicación titulan acerca el inicio de una causa que juzga algo que también podría considerarse un error administrativo, a modo de mandar al paredón a un ex intendente justicialista para desviar la atención de los temas que realmente preocupan a los ciudadanos.
El escándalo más reciente es el del vacunatorio vip provincial, por el cual funcionarios, legisladores, parientes y amigos accedieron a inmunizarse contra el coronavirus antes que trabajadores esenciales y pacientes de riesgo.
En medio de la controversia, ingresó a la Cámara de Diputados un pedio de informes e interpelación para la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que por el momento no prospera porque la sesión en la que debía tratarse se suspendió y se pasó para dentro de 15 días, a la espera de que el malestar popular se descomprima.
Además, este 31 de marzo estarán listos los resultados de las pericias contables en la megacausa de los contratos truchos de la Legislatura provincial, que pueden perjudicar seriamente a ex vicegobernadores, por lo que se busca dormir la causa a toda costa.
Otro tema que preocupa y consterna a los entrerrianos es el Iosper. Las deudas y desmanejos en el organismo hacen que los prestadores desconfíen de las autoridades y el convenio con la Federación Médica pende de un hilo.
En tanto, la obra social sigue siendo una agencia de colocación de familiares y amigos, en donde recientemente ingresaron 35 contratados y que ya suma más de 1300 personas, entre contratados, empleados, adscriptos y funcionarios que, además gozan de sueldos altísimos.
La Dirección Provincial de Vialidad, cuya administradora, Alicia Benítez, aparece entre los vacunados vip, es otro de los organismos apuntados y denunciados permanentemente por irregularidades.
La más reciente es gravísima: Alberto Johnston, cesanteado del organismo vial por hechos de corrupción, fue nombrado como funcionario del gobierno provincial, la dirección de Hidráulica, que depende del ministerio de Planeamiento que conduce Marcelo Richard.
A partir del 1° de marzo rige también el aumento de la tarifa eléctrica con la que los entrerrianos pagan, entre otros, a los funcionarios de la empresa energética, y a los 55 nuevos contratados que ingresaron, que causaron revuelo en el organismo.
También a partir de este mes se verá un aumento en el impuesto automotor, para engrosar las arcas provinciales que se vacían con el descomunal presupuesto de la Legislatura, de la publicidad, y de los privilegios de la clase política provincial.
A fines del año pasado estalló el escándalo por la deuda de 500 millones de dólares de la provincia, cuando Entre Ríos fue demandada ante una corte de los Estados Unidos por el incumplimiento del pago de intereses.
Más tarde, con intervención del gobierno nacional, la provincia llegó a un acuerdo con los acreedores, pero sigue sin informarle a los vecinos en qué se invirtieron esos 500 millones de dólares, más de 84 mil millones de pesos, que nadie sabe dónde están o quién tiene.
Estas y otras tantas irregularidades y las más de 300 causas de funcionarios públicos que hay en la provincia buscan ser tapadas con el juicio a un ex intendente, que es del justicialismo.
Una de esas causas es la que investiga al ahora senador nacional Edgardo Kueider por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
El comentario entre los entendidos de la Justicia y la Fiscalía es que la causa Robles es un fuego de artificio que el gobierno provincial mandó al aire con el fin de desviar la mirada hacia allí y evitar que la vista se pose en las numerosas y mucho más graves irregularidades que salpican a la actual gestión.
El objetivo es el de sacrificar a un ex intendente justicialista, por un supuesto error administrativo, para que sirva de cortina de humo al escándalo de las vacunas, la causa de los contratos truchos, los desmanejos del Iosper, los nombramientos irregulares y demás.
Los titulares de los medios abarcan la causa Robles, mientras irónicamente los entendidos del sistema Judicial se ríen de los fuegos de artificio que el gobierno lanza para tapar el sol.