Velázquez no pudo explicar por qué vacunó a funcionarios y sus familiares antes de cumplimentar la inmunización del sector de salud

Con la excusa del habeas data, la provincia sigue escondiendo el listado de vacunados vip.

La ministra de Salud Sonia Velázquez se presentó en el recinto de la Cámara de Diputados donde brindó un informe acerca del plan de vacunación contra coronavirus en la provincia, aunque dejó sin responder la gran incógnita de los entrerrianos de por qué se vacunaron personas que no integran el gobierno antes que el personal de salud.

La funcionaria estuvo acompañada por todos miembros del Comité de Emergencia de Organización de Salud (COES), integrado por la secretaria de Salud, Carina Reh; el Subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini; el Subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud, Marcos Bachetti; la Subsecretaria de Administración, Gabriela Diez; el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo; el director general de Hospitales del Segundo y Tercer Nivel, Carlos Berbara; el director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar.

Para comenzar, el primer dato llamativo del plan rector de vacunación de COVID 19 que se ejecuta en la provincia es que, según palabras de la ministra, “el criterio aplicado en la provincia de Entre Ríos para definir la población objetivo de las vacunas ha sido indicado desde nación en el plan estratégico de vacunación contra el COVID 19 aprobado por resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación”.

Por ese entonces, el ministro era Ginés González García, que posteriormente perdió el cargo justamente por el escándalo del vacunatorio vip a nivel nacional, por lo cual el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia de forma inmediata.

A la ministra también se le consultó por qué la resolución que conformaba el plan rector de vacunación no se publicó en el Boletín Oficial ni se le dio publicidad de otra manera, a lo que Velázquez respondió con una respuesta que no resultó satisfactoria.

La funcionaria alegó que debido a la pandemia el ministerio de Salud se encontraba saturado y no pudieron comunicarlo, algo que resulta llamativo porque el gobierno provincial invierte un presupuesto millonario en una gran infraestructura comunicacional que cuenta con cientos de personas designadas.

Ellos deberían haber sido los encargados de comunicar un hecho prioritario como el plan de vacunación, que sin dudas es de sumo interés de la sociedad y, además, no darlo a conocer significa una irregularidad, incumplimiento de deber del funcionario público.

En cuanto al listado completo de los vacunados, la ministra aseguró que “no es factible difundir los datos personales de las personas que se han aplicado las dosis y se encuentran cargadas en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), atendiendo a que ello responde a datos personales los cuales están protegidos”.

Sin embargo, en medio de una pandemia y en un plan de vacunación no rige el secreto médico, algo que está estipulado en el artículo 156 del Código Penal argentino.

La ministra buscó justificar el ocultamiento del listado de vacunados argumentando que se trata de un acto médico, no sanitario o corporativo, algo que por el contexto que se vive claramente no es así.

Las preguntas eran elaboradas por los legisladores opositores que se encontraban en el recito y de forma virtual, mientras que los que defendieron más fervientemente a la ministra y a la postura de ocultamiento del gobierno provincial fueron los diputados Juan Navarro y Julio Solanas, afirmando que había transparencia.

El caso de este último es muy llamativo porque él mismo radicó una denuncia penal luego del escándalo del vacunatorio vip y admitió que es un tema que genera zozobra en la población.

Lo que quedó sin explicar es por qué Velázquez vacunó a su hermano y a su hermana, uno chofer del ministerio y la otra funcionaria provincial pero sin trato con pacientes.

Tampoco se dijo por qué en Feliciano se vacunó la diputada Silvia Moreno y su esposo, hija y una amiga, cuando todavía falta vacunar personal de salud, algo que también ocurrió con la diputada Ester González y la senadora Nancy Miranda, de Federal.

No se dijo tampoco qué carácter estratégico reviste la titular de Vialidad, Alicia Benítez, el titular del IAPV, Marcelo Bisogni, o los directores de la CAFESG, como María Celeste Lorenz.

En cuanto a los ministros, Carlos Bantar puso el ejemplo de la vacunación del de Economía, Hugo Ballay, argumentando que si él se enferma no hay quién maneje la economía de la provincia en lo que dure la convalecencia.

En ese punto, evitaron mencionar que el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano (que después se supo era un falso positivo), estuvieron al mismo tiempo aislados por coronavirus sin que el funcionamiento de la provincia se resintiera, a pesar de que son las tres figuras políticas más importantes.

En lo que refiere a Stratta y Bordet, no se mencionó por qué vacunaron a sus respectivas parejas, Marcelo Bertellotti, y Mariel Ávila, a pesar de que no integran el gobierno provincial, no revisten ningún carácter estratégico para la ciudadanía.

Por otra parte, el gobierno provincial se niega a revelar el listado y los nombres de los vacunados, argumentando preservar la privacidad, pero se permitió sacar fotos y publicarlas por todos los medios de las personas que se vacunan luego de haberse inscripto por internet.

Para los vecinos de a pie no hay protección de los datos personales, pero para los funcionarios, sus familiares y amigos, sí.

Lo que debía ser una interpelación a la ministra para que los entrerrianos pudieran conocer las respuestas a los interrogantes actuales terminó siendo una conferencia de prensa en la que Velázquez respondió con evasivas.

Evidentemente, el gobierno provincial no quiere dar a conocer el listado de vacunados porque los nombres que allí aparecen son vergonzantes, lo que consiste en un grave caso de tráfico de influencias, porque se vacunaron familiares y amigos de funcionarios antes que el personal de salud, tanto del sector público como del privado, en donde hay más de 10 mil trabajadores solo en Paraná.

Nadie preguntó y no se dijo nada acerca de los posibles delitos cometidos con la vacunación vip en Entre Ríos: incumplimiento del deber del funcionario público, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.

En tanto, el gobierno provincial sigue escondiendo el listado de funcionarios, amigos, allegados, parientes que se vacunaron, porque la indignación de la población crecería aún más.