El negocio de los contratos

Esconden las resoluciones de los contratos para que no se sepa el nombre ni los montos de los mismos.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos pone en vigencia un polémico decreto que deroga otros dos, con lo que permite que la celebración de contratos de obra en la administración central y en entes descentralizados re realice sin mayor requerimiento que la aprobación de la autoridad máxima de ese organismo.

En otras palabras, los ministros, el secretario general de la gobernación y los titulares de organismos descentralizados, tienen la facultad de aprobar cuanto contrato de obra pretendan, según el decreto 4526.

En plena pandemia, con una ley de emergencia vigente, que fue declarada constitucional por la Justicia y con el recorte de los ingresos de trabajadores y jubilados para poder solventar los gastos del Estado, este tipo de decreto permite que se produzcan graves daños al erario, mediante contrataciones que en estos tiempos podrían omitirse.

De este modo, todos los contratos de obra pueden realizarse sin la necesidad de que sean publicados en el Boletín Oficial de la provincia, y sin que nadie se entere de su celebración, quiénes son los contratados, o por qué monto.

Es más, según pudo conocer este Portal, existen contratos celebrados con este decreto vigente que ni siquiera anuncian explícitamente en las carátulas de los expedientes que se trata de contratos.

Así, los contratos se esconden de modo tal que se desconozca su cantidad, los nombres de los contratados o por qué monto se celebró cada uno.

Con esa absoluta carencia de transparencia en la celebración de actos públicos, se imposible conocer y controlar que los contratos efectivamente se paguen a los supuestos contratados.

Con el fantasma de la causa de los contratos truchos que generó un millonario perjuicio al Estado provincial, estos contratos que pueden aprobarse por una siempre resolución ministerial y sin ser publicados generan serias dudas.

Esto es así porque se trata de resoluciones y contratos que no se publican en el Boletín Oficial, como marca la ley, ni se dan a conocer en ninguno de los mecanismos ciudadanos para conocer los actos de gobierno.

A esto se le agrega el agravante de que este es un año electoral, lo que genera la sospecha de la utilización de los recursos del Estado para fines políticos.

Las elecciones legislativas que se realizarán este año son muy importantes porque el gobierno maneja números muy alarmantes, que prevén que por parte del oficialismo la derrota podría ser tan significativa que apenas ingrese un diputado.

En ese contexto, el oficialismo buscará utilizar toda la aparatología disponible para atenuar lo que ya se avizora como un verdadero papelón electoral.

En ese sentido, la posibilidad de celebrar contratos en total oscuridad es un arma fundamental para conseguir votos y voluntades, por lo que este decreto es sumamente importante para los fines electorales de esta gestión.

Se trata de la autorización para que los ministros celebren contratos según ningún otro criterio que el propio y sin necesidad de que se publiquen en el Boletín Oficial, una carencia absoluta de transparencia y de información pública, que genera un grave daño al erario provincial.

Queda la sospecha de cuántos son los contratos que se han celebrado desde que este decreto está vigente, quiénes los firmaron, por qué montos y, más importante aún, quiénes los cobran.