El maridaje de la justicia y la política: Entre Ríos y la pésima calidad institucional

La consultora Taquión detectó en diciembre del año pasado una fuerte caída en la imagen de la Justicia: El 83,3 % de encuestados manifestó total desconfianza en el sistema. En la provincia de Entre Ríos, seguramente la proporción sería mayor en una medición actual

Las razones seguramente se podrían encontrar en la impunidad que regala generosamente para los políticos por sus andadas, la falta de independencia, la inseguridad ciudadana, y también la demora de los trámites. Todo esto junto hace un combo insuperable para que es esa “mala fama” esté muy “bien ganada”.
Le podríamos agregar que de alguna forma, como síntesis, no logra su principal objetivo: asegurar los derechos de la mayoría de la población.

A los jueces y a las juezas los nombran los políticos: Los designa el ejecutivo, con acuerdo del Senado.
Aquí se presentó con bombos y platillos el Consejo de la Magistratura, como que era la panacea. En realidad demostró no ser ni por asomo la solución a juzgar por el resultado del funcionamiento de ese poder. Sigue siendo tan malo como antes.

Hasta se puede afirmar que forma parte del problema, porque está vigente desde 2003, tiene rango constitucional con la reforma de 2008 y a esta altura, la mayoría de quienes ocupan cargos, ingresaron por ese medio. Aparentemente su funcionamiento no escapa a los manejos del poder político.

La designación del ex Diputado Diego Lara como fruto de uno de los concursos como Presidente del Tribunal de Cuentas, entendemos que materializa aquello de que para muestra, basta un botón.

Si bien es difícil contar con pruebas contundentes para afirmar que el sistema es corrupto o no del todo transparente, si podemos decir que nadie controla a ciencia cierta quienes son designados como jurados en concreto para cada concurso (la Sala Penal del Excmo STJER se quejó de eso tiempo atrás) y el sistema de pruebas escritas es, estructuralmente, muy endeble (nadie puede asegurar tampoco el anonimato de los aspirantes, porque por ejemplo, un concursante, puede escribir algún párrafo o palabra en su examen y hacerle saber a algún jurado que ese examen es el suyo; ni menos se puede asegurar que algún concursante no se pueda enterar del contenido de su examen antes, por habérselo dado quien es elegido jurado. Estas circunstancias quedan solamente en la conciencia de jurados y aspirantes y, si suceden, no nos vamos a enterar jamás el resto de las personas).

Es una sola prueba, y en esa misma prueba generalmente, alegando una cuestión de organización, cubren la mayor cantidad de cargos posibles. O sea el azar también en el mejor de los casos, juega su parte.

Lo que se sabe es que, sin disimulo, Pablo Biaggini pasó de ocupar la Presidencia del Consejo de la Magistratura a ser Secretario de Audiencias de la Defensoría por el dedo de “Maxi” Benítez, hace ya dos años casi, ante el silencio del Colegio de Abogacía, la Asociación de Magistratura, etc. Peor calidad institucional para la provincia, imposible.

Gisela Schumacher, la pareja de Angel Giano, el sucesor de Urribarri y Allende al frente de la Cámara de Diputados, el “Zar” actual de los contratos (que sigue sin publicar montos y nombres de los beneficiarios y beneficiarias) es a quien eligió el Gobernador Bordet para suplantar una de las vacantes del Superior Tribunal de Justicia.

Ni observatorio de ética o independencia judicial, ni el Colegio de Abogacía, ni la oposición de Frigerio que parece estar “entongada”, tampoco levantaron su voz frente a la alevosía de la medida por ser altamente significativa de la falta total de independencia que en su génesis porta. ¿Somos los únicos que vemos la “jugada” burda? ¿O lamentablemente es muy poca la gente con el “traste limpio” que puede decirlo?

La ex abogada de Busti y Urribarri en causas de corrupción, como Claudia Mizawak, es una de las que votó para echarla a Cecilia Goyeneche, Fiscal Anticorrupción, el otro es un ex socio y amigo de Busti (Daniel Carubia) y el tercero, amigo de Bordet, (Martín Carbonell), que acompañaron al compañero de pesca de Bordet, el Senador Gay, y a otro diputado, de la corporación política. Pero Canavesio, el mandamás del Colegio de Abogacía se quejó por una denuncia que hizo la funcionaria para defenderse. ¿En qué provincia vive Canavesio? ¿Conoce de esas relaciones?

Jóvenes que se mueren en Comisarías, violencia policial denunciada en diciembre último por los organismos de Derechos Humanos; cárceles en las que se encuentra dinero, armas, drogas completan el panorama desolador. José Allende, sigue sacando frutos de lo robado a “cara descubierta”, como burlándose abiertamente de la gente. Hasta dicen que tiene custodia policial porque una señora lo escandalizó en público.

Laura Stratta aparentemente le entregó subsidios a muertos, y a personas que no se enteraron que tenían subsidios, habría comprado frazadas con sobreprecios, pero tampoco eso llamó la atención ni del observatorio, ni de Canavesio, ni de nadie. ¿Qué pasa?

Creemos ver en algunas de éstas razones, la explicación de la pésima imagen que tiene ese poder del Estado, ¿no te parece?

3 comentarios

Judicial 23 enero, 2022 at 11:07 am

Clarisimo. Es absolutamente certero y adecuado a la realidad el análisis del editorial. Felicitaciones (y lo digo desde adentro del Poder Judicial)

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UN EMPLEADO 23 enero, 2022 at 1:08 pm

NO TENGA NINGUNA DUDA DAVID QUE EN ENTRE RIOS TENEMOS LA PEOR Y MAS CORRUPTA JUSTICIA DEL PAÍS, Y LO DIGO SIN TEMOR A EQUIVOCARME.

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TERESA 24 enero, 2022 at 5:14 pm

La marcha en contra y, la marcha a favor, significan, por los que adhieren a una y a otra. una sucia intromisiòn en la INSTITUCIONALIDAD…

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